La polémica comenzó el 19 de noviembre, cuando la senadora Esmeralda Hernández denunció que el Gobierno había publicado un borrador de decreto que podía flexibilizar las condiciones para realizar corridas de toros antes de la prohibición definitiva. Hernández, autora de la Ley No Más Olé, sostuvo que la propuesta podía reactivar prácticas taurinas durante la temporada de diciembre y enero.
El documento no era un proyecto de ley ni un decreto ya expedido, sino un borrador publicado para recibir comentarios ciudadanos. Lo habían elaborado los ministerios de las Culturas y de Ambiente, y proponía modificar diez artículos del Decreto 0703 de 2026, que regula las actividades taurinas durante el periodo transitorio.
Entre los cambios reportados estaba permitir nuevamente el uso de puyas, banderillas y estoque durante la lidia, elementos que el Decreto 0703 restringía. También se planteaban ajustes sobre la asistencia de menores, la participación de adolescentes en cuadrillas, la intervención veterinaria y los requisitos para acreditar la tradición taurina de un municipio.
Hernández cuestionó que se permitiera el ingreso de niños y adolescentes a eventos taurinos y afirmó que las modificaciones podían devolver a las plazas prácticas que las reglas vigentes habían limitado. La senadora también advirtió que la propuesta podía facilitar la realización de corridas en ciudades con temporada taurina, aunque el texto no cambiaba la fecha legal de la prohibición definitiva.
El debate gira en torno a dos normas distintas: la Ley 2385 de 2024, conocida como No Más Olé, y el Decreto 0703 de 2026. La ley aprobada por el Congreso fija que, transcurridos tres años desde su entrada en vigor, se prohíben en todo el país las corridas, el rejoneo, las novilladas, las becerradas y las tientas.
La fecha prevista para la entrada plena de esa prohibición es el 22 de julio de 2027, después de un periodo de transición de tres años. Durante ese lapso la ley permite que continúen algunas actividades taurinas bajo condiciones de bienestar animal y con programas de reconversión laboral y cultural para quienes dependen de ellas.
El Decreto 0703, expedido el 7 de julio de 2026, reglamentó esas condiciones transitorias e incorporó restricciones sobre el trato de los animales, la atención veterinaria y la presencia de menores. El Ministerio de Cultura informó que la norma exigía demostrar una tradición regular, periódica e ininterrumpida para autorizar eventos y prohibía financiar actividades taurinas con recursos públicos.
Por eso, la expresión “revivir las corridas” describe la alarma planteada por Hernández y otros sectores, pero requiere una precisión jurídica: el borrador no podía eliminar por sí mismo la Ley 2385 ni cambiar la fecha de prohibición fijada por el Congreso. Sí habría alterado las condiciones aplicables a los eventos taurinos que todavía pueden realizarse durante la transición.
El 20 de noviembre, menos de un día después de su publicación, el Gobierno retiró el borrador de la plataforma de consulta pública. Presidencia explicó que el texto se había divulgado antes de completar las revisiones y coordinaciones institucionales, y aseguró que no continuaría su trámite.
La Casa de Nariño añadió que el borrador no correspondía a una decisión del Gobierno ni a una instrucción impartida por el presidente Abelardo de la Espriella. Esa aclaración limitó el alcance político de la denuncia, aunque no borró el hecho de que el documento había sido redactado por los ministerios y puesto en consulta pública antes de ser retirado.
Hernández celebró el retiro como un resultado de la presión ciudadana y defendió que la Ley No Más Olé debe implementarse sin retrocesos en la protección animal. La controversia, sin embargo, no se reduce a la posición de la senadora: también involucra la potestad del Ejecutivo para reglamentar las actividades que la ley mantiene permitidas durante el periodo de transición.
En la memoria justificativa citada por Cambio, los ministerios habrían argumentado que el Decreto 0703 pudo imponer restricciones que en la práctica dificultaban realizar corridas durante el plazo que la ley todavía permite. Desde esa perspectiva, el borrador buscaba corregir un posible exceso reglamentario; sus críticos, en cambio, consideran que suavizar las reglas debilitaría las garantías de bienestar animal y la protección de menores.
La diferencia es relevante porque el Gobierno sí puede modificar o derogar un decreto reglamentario mediante otro acto administrativo, siempre que respete la ley que está desarrollando. En este caso, cualquier cambio tendría que mantenerse dentro de la Ley 2385 y de los límites constitucionales; el Ejecutivo no puede extender por decreto el periodo de transición ni dejar sin efecto la prohibición que empieza en julio de 2027.
La Corte Constitucional declaró exequible la Ley 2385 en la Sentencia C-374 de 2025, tras examinar objeciones relacionadas, entre otros asuntos, con la cultura, el trabajo y la libertad de expresión. Esa decisión refuerza la diferencia entre ajustar la reglamentación temporal y revertir la prohibición legal: una derogación de la ley requeriría una nueva decisión del Congreso y podría ser sometida otra vez a control constitucional.
El borrador retirado no cambió las reglas vigentes ni revirtió la fecha de julio de 2027, pero reveló una disputa sobre cómo deben ser los últimos meses de transición y qué margen tiene el Gobierno para regularlos. La pregunta que queda es si futuras modificaciones buscarán facilitar la continuidad temporal de los espectáculos o preservar las restricciones más estrictas mientras avanza la reconversión prevista en la ley.





