Bolivia vive una nueva etapa de la crisis política y social que atraviesa desde principios de mayo, luego de que la Asamblea Legislativa avalara el decreto de estado de excepción emitido por el presidente Rodrigo Paz para restablecer el tránsito en las principales carreteras del país.
La medida fue aprobada por más de dos tercios de los legisladores, cumpliendo el procedimiento establecido por la Constitución boliviana. Con ello, el Gobierno obtuvo respaldo para ampliar las acciones destinadas a retirar los bloqueos que mantenían interrumpidas importantes rutas nacionales.
Las protestas, impulsadas por sectores campesinos, organizaciones sociales y seguidores del expresidente Evo Morales, se han prolongado durante más de siete semanas. Los manifestantes exigen la renuncia del mandatario y cuestionaban las políticas económicas adoptadas por el Ejecutivo.
Los bloqueos han afectado gravemente el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en varias ciudades, además de provocar largas filas de vehículos de carga y dificultades para el transporte de pasajeros entre distintas regiones del país.
Tras la entrada en vigor del estado de excepción, policías y militares comenzaron operativos para retirar piedras, tierra y otros obstáculos instalados sobre las carreteras. En varios puntos del país las labores se desarrollaron sin enfrentamientos debido a la ausencia de manifestantes.
El Gobierno informó que algunos sectores comenzaron a levantar las medidas de presión después de alcanzar acuerdos parciales con la Central Obrera Boliviana (COB), aunque otros grupos mantuvieron las movilizaciones y rechazaron los compromisos alcanzados.
Las autoridades sostuvieron que el objetivo principal del estado de excepción es garantizar la libre circulación, recuperar el abastecimiento de productos esenciales y proteger la actividad económica, severamente afectada por casi dos meses de interrupciones en las vías.
Aunque el número de bloqueos disminuyó respecto a los días anteriores, varias carreteras permanecían cerradas, especialmente en zonas del departamento de Cochabamba, considerado uno de los principales focos de la protesta.
La crisis boliviana continúa reflejando las tensiones políticas y económicas que enfrenta el país. Mientras el Gobierno apuesta por recuperar la normalidad mediante el estado de excepción, diversos sectores sociales mantienen sus demandas y advierten que las movilizaciones podrían reactivarse si no existen respuestas concretas a sus reclamos.
