La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) advirtió que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes estaría incumpliendo una orden judicial relacionada con el retiro de piezas y contenidos del Museo Nacional de Colombia. La controversia surgió después de que la cartera cuestionara la competencia de esa jurisdicción para exigirle información sobre las modificaciones realizadas en las salas de exposición y se negara a entregar el informe preliminar en los términos establecidos por los magistrados.
El pronunciamiento más reciente, conocido el 6 de noviembre de 2026, fue emitido por el magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, de la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. En su respuesta a los argumentos del Ministerio, el funcionario judicial reiteró que la entrega de la información no constituye una colaboración voluntaria, sino una obligación derivada de una orden judicial.
El origen de la controversia se remonta al 15 de octubre, cuando fueron retirados diferentes objetos, fotografías, reproducciones, textos y elementos expositivos de varias salas del Museo Nacional, en Bogotá. La intervención estuvo relacionada con una decisión del Gobierno de modificar los contenidos de la institución, que incluían referencias al conflicto armado, los movimientos feministas y LGBTIQ+, las víctimas de la violencia política y el Acuerdo de Paz firmado en 2016.
La medida generó cuestionamientos de organizaciones sociales, sectores culturales y representantes de las víctimas, que advirtieron sobre las consecuencias de retirar elementos vinculados con la memoria histórica del país. En medio de esa discusión, la JEP decidió intervenir para establecer si las modificaciones podían comprometer los derechos a la verdad, la memoria, la reparación simbólica y las garantías de no repetición de las personas afectadas por la desaparición forzada.
La actuación quedó consignada en el Auto SAR AT 864 de 2026, expedido el 21 de octubre por el magistrado Sánchez Sánchez. La decisión se adoptó dentro del seguimiento a la medida cautelar nacional sobre desaparición forzada, que busca proteger los derechos de las víctimas y contribuir a las labores de búsqueda, identificación y entrega digna de las personas desaparecidas.
En esa providencia, la JEP ordenó al Ministerio de las Culturas y al Museo Nacional entregar información sobre las intervenciones realizadas entre el 1 y el 21 de octubre. El requerimiento contempló dos entregas con plazos diferentes: un informe ejecutivo preliminar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación del auto y un documento integral dentro de los diez días hábiles siguientes.
El primer informe debía establecer cuántas piezas, objetos, reproducciones, paneles y textos habían sido retirados, sustituidos, ocultados o reubicados. También debía identificar las salas intervenidas, las fechas de las modificaciones, los funcionarios y dependencias que autorizaron o ejecutaron las actuaciones, así como el lugar donde se encontraban los elementos y las condiciones de su custodia.
La segunda entrega debía contener un inventario individualizado de cada elemento intervenido, con sus códigos de registro, procedencia, autoría, características, ubicación anterior y actual y estado de conservación. La JEP también solicitó fotografías de los montajes antes y después de las modificaciones, además de los registros de traslado, manipulación, embalaje, préstamo o depósito.
El requerimiento incluyó documentos administrativos y técnicos que permitieran reconstruir el proceso de decisión. Entre ellos se encuentran resoluciones, memorandos, actas, comunicaciones internas, instrucciones y conceptos jurídicos, históricos, científicos y curatoriales que justificaran los cambios realizados en las exposiciones.
La jurisdicción también pidió identificar cuáles de los elementos retirados contenían nombres, fotografías, testimonios, objetos personales o relatos de personas desaparecidas, sus familiares y organizaciones de víctimas. Además, solicitó información sobre la participación de esas comunidades en la elaboración, donación o préstamo de las piezas y sobre las consultas que se hubieran realizado antes de modificar su exhibición.
La JEP explicó que el objetivo no era asumir la dirección del Museo Nacional ni establecer una narrativa histórica obligatoria para la institución. Su intervención buscaba determinar si las decisiones administrativas tenían justificaciones técnicas y curatoriales verificables o si podían poner en riesgo información y elementos relevantes para los derechos de las víctimas de desaparición forzada.
La controversia se intensificó cuando el Ministerio respondió al requerimiento cuestionando la competencia de la jurisdicción. La cartera sostuvo que no estaba vinculada al trámite en el que se decretaron las medidas cautelares y que, por esa razón, las órdenes derivadas de ese procedimiento no podían exigírsele directamente.
En su respuesta, el Ministerio también manifestó que no había vulnerado ni desconocido los derechos de las víctimas. Argumentó que las obligaciones derivadas de las medidas cautelares debían dirigirse a las personas y entidades formalmente vinculadas al proceso y que la información sobre las actuaciones del 15 de octubre ya había sido suministrada a otras autoridades judiciales y administrativas.
Con ese argumento, la cartera sostuvo que la JEP podía consultar directamente los documentos ante las instituciones que ya los habían recibido. En otras palabras, el Ministerio no consideró procedente entregar el informe en los términos exigidos por la jurisdicción, pues cuestionó que existiera una obligación directa de responder a ese requerimiento.
La respuesta provocó un nuevo pronunciamiento del magistrado Sánchez Sánchez. El funcionario rechazó la interpretación del Ministerio y sostuvo que la entidad sí está vinculada a la medida cautelar nacional sobre desaparición forzada. Para respaldar esa posición, hizo referencia al Auto SAR AT 366 de 2024, que, según la JEP, desvirtúa el argumento de que la cartera no está sometida a las obligaciones derivadas de esa actuación judicial.
El magistrado fue enfático al señalar que el Ministerio estaba incumpliendo la orden de presentar el informe ejecutivo preliminar. En el documento sostuvo: «No se trata de una invitación ni de una solicitud de colaboración de cumplimiento facultativo». También advirtió que las objeciones jurídicas planteadas por la entidad no reemplazan la información solicitada ni le permiten sustraerse unilateralmente del cumplimiento de una decisión judicial.
La JEP reiteró entonces el requerimiento y dejó abierta la posibilidad de iniciar un trámite de medidas correccionales si persiste el incumplimiento. La advertencia tiene como fundamento el artículo 143 de la Ley 906 de 2004, aplicable a las actuaciones de esa jurisdicción por remisión del artículo 72 de la Ley 1922 de 2018.
Entre las medidas contempladas en esa disposición se encuentra el arresto inconmutable hasta por cinco días para quien desobedezca órdenes judiciales impartidas en ejercicio de las atribuciones legales. También se contemplan otras medidas correccionales, como las multas, de acuerdo con las circunstancias y el procedimiento aplicable.
La advertencia involucra a la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Holguín, en su condición de responsable de la cartera encargada de cumplir el requerimiento. Sin embargo, la JEP precisó que una eventual sanción no se impondría automáticamente por el solo hecho de que el Ministerio haya cuestionado la orden.
Para adoptar una medida de esa naturaleza, la jurisdicción tendría que individualizar la conducta de la persona responsable y garantizarle la oportunidad de explicar las razones de su oposición y solicitar la reconsideración correspondiente. Por tanto, hasta el momento del pronunciamiento conocido el 6 de noviembre, no existía una orden de arresto contra la ministra, sino una advertencia sobre las consecuencias que podría tener la persistencia en el incumplimiento.
El requerimiento de la JEP se produjo, además, después de que otro proceso judicial ordenara restituir las piezas retiradas del Museo Nacional. El Juzgado 24 de Familia de Bogotá, al resolver una acción de tutela, dispuso el 28 de octubre que el Ministerio y la institución devolvieran los elementos a sus respectivos espacios de exhibición en un plazo de 48 horas, con las condiciones técnicas necesarias para su conservación.
La restitución se realizó entre el 29 y el 30 de octubre, según informó el Ministerio y reportaron medios de comunicación. La decisión del juzgado respondió a una controversia sobre los derechos a la memoria histórica, la libertad de expresión artística, la cultura y la reparación simbólica. El Gobierno anunció que impugnaría esa determinación, por lo que el debate judicial sobre las modificaciones del Museo Nacional no terminó con la devolución de los objetos.
Sin embargo, los dos procedimientos tienen alcances diferentes. Mientras el Juzgado 24 de Familia ordenó restituir las piezas retiradas, la JEP busca establecer si las intervenciones comprometieron derechos protegidos por la medida cautelar sobre desaparición forzada. La jurisdicción transicional no está resolviendo exclusivamente dónde deben exhibirse los objetos, sino qué ocurrió con ellos, quién autorizó los cambios y cuáles fueron sus fundamentos.
Otro aspecto relevante es que el Ministerio había presentado cifras distintas sobre el alcance de las modificaciones. En una respuesta conocida durante el trámite de tutela, la cartera afirmó que se habían retirado 22 piezas de clasificación patrimonial, aunque el inventario divulgado por el propio Ministerio relacionó 63 elementos desmontados, entre ellos facsímiles, objetos de apoyo y piezas en comodato. Esta diferencia explica la importancia del inventario detallado que reclama la JEP y de la identificación individual de cada elemento.
La actuación también pone sobre la mesa las obligaciones de las entidades estatales frente a los requerimientos de la justicia transicional. La posición del Ministerio se concentra en cuestionar su vinculación al trámite y señalar que ya entregó información a otras autoridades, mientras que la JEP sostiene que su competencia para solicitar los documentos deriva de la medida cautelar vigente y que la entidad no puede decidir unilateralmente si cumple o no una orden judicial.
Por ahora, el principal interrogante es si el Ministerio entregará el informe ejecutivo preliminar y la documentación integral solicitada o si mantendrá su posición jurídica frente a la competencia de la JEP. Si la jurisdicción considera que persiste la desobediencia, podrá avanzar hacia la apertura del procedimiento correccional y evaluar la responsabilidad individual de quien tenga a cargo el cumplimiento de la orden.
El caso trasciende la discusión sobre la autonomía administrativa y curatorial del Museo Nacional. También plantea cómo deben protegerse los objetos, testimonios y relatos que hacen parte de la memoria de las víctimas de desaparición forzada y qué mecanismos judiciales pueden utilizarse cuando una decisión institucional podría afectar esos derechos. La JEP todavía debe establecer, con base en la información que reclama, si las modificaciones realizadas tuvieron consecuencias sobre las garantías que está obligada a proteger.
