La decisión de cinco representantes del Pacto Histórico de respaldar una proposición para que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara reclamara a la Fiscalía el expediente contra Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato de Jesús María Valle abrió una fuerte crisis dentro de la izquierda colombiana. La votación ocurrió el 19 de agosto, pocos días antes de la indagatoria que Uribe tiene programada ante la Fiscalía para el 4 de septiembre.
Los cinco congresistas son David Alejandro Toro, María del Mar Pizarro, Heráclito Landínez, Jorge Bastidas y Gabriel Becerra, todos integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación. Su voto coincidió con el de congresistas de sectores como el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Liberal, La U y otras colectividades.
La proposición buscaba que la investigación dejara de estar en manos de la Fiscalía y pasara a la Comisión de Acusación, bajo el argumento de que, por tratarse de un expresidente, correspondía al Congreso determinar la responsabilidad de Uribe. La Comisión aprobó solicitar formalmente el expediente, pero no tiene la facultad de arrebatárselo directamente a la Fiscalía.
El caso tiene como eje hechos ocurridos en Antioquia durante la década de los noventa. Las investigaciones están relacionadas con las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas cuando Uribe era gobernador de Antioquia, además del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y otros hechos vinculados con estructuras paramilitares.
La controversia jurídica gira precisamente alrededor de la competencia. La Fiscalía sostiene que los hechos investigados ocurrieron entre 1996 y 1998, cuando Uribe era gobernador y no presidente. La defensa del exmandatario, encabezada por Jaime Granados, argumenta que uno de los grupos criminales relacionados con la investigación continuó actuando durante la posterior Presidencia de Uribe, entre 2002 y 2010.
La Fiscalía rechazó la solicitud de la Comisión de Acusación y decidió mantener el expediente en la justicia ordinaria. La fiscal encargada del proceso, Marcela Abadía, remitió la controversia a la Corte Constitucional, que deberá determinar cuál de las dos instituciones tiene competencia para investigar el caso.
Por eso, el proceso no ha pasado definitivamente al Congreso. Hasta que la Corte Constitucional resuelva el conflicto, la investigación permanece en la Fiscalía. La decisión también deja abierta la situación de la indagatoria de Uribe, programada para el 4 de septiembre.
La votación provocó especial sorpresa dentro del Pacto Histórico porque algunos de sus integrantes más reconocidos han defendido durante años que las investigaciones contra Uribe relacionadas con estos hechos avancen en la justicia ordinaria. Entre ellos está Iván Cepeda, quien además actúa como parte civil, en calidad de actor popular, dentro de la investigación.
Cepeda se enteró de la votación a través de Daniel Coronell. Según el reporte del periodista, cuando le preguntó si los congresistas del Pacto se habían apartado de la posición histórica del movimiento o si existía un acuerdo político con el uribismo, el senador respondió que se estaba enterando en ese momento. Posteriormente, Cepeda reiteró públicamente que busca que la Fiscalía conserve la competencia sobre el caso.
En su pronunciamiento, Cepeda recordó su condición de parte civil y sostuvo que su posición está orientada a defender el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad y la justicia. Por esa razón, pidió a sus abogados mantener la posición para que la Fiscalía continúe con la investigación, con las garantías procesales correspondientes.
La posición de Cepeda contrastó con la de los cinco representantes de su propio partido. Gabriel Becerra, uno de los congresistas que votó a favor de la proposición, sostuvo que la decisión no constituía un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de Uribe ni debía interpretarse como una maniobra para dilatar el proceso.
María del Mar Pizarro también defendió la actuación. La representante sostuvo que pedir claridad sobre la autoridad competente es jurídicamente legítimo y afirmó que esa discusión no puede utilizarse como pretexto para detener la investigación. Posteriormente, junto con los otros cuatro congresistas, respaldó que la Fiscalía continúe adelante mientras la Corte Constitucional define la competencia.
Los cinco representantes emitieron finalmente un comunicado conjunto en el que negaron la existencia de un acuerdo político con el uribismo. Afirmaron que no existe ni existirá un pacto que comprometa la justicia, la verdad o los derechos de las víctimas y aseguraron que no promoverán impunidad ni dilaciones.
La explicación no consiguió cerrar la controversia dentro del Pacto. La senadora Isabel Zuleta manifestó su rechazo a la decisión y aseguró que los congresistas debieron votar en contra incluso si no tenían los votos suficientes para impedir que la proposición prosperara. Para Zuleta, el deber moral era dejar una constancia a favor de las víctimas.
Zuleta, además, cuestionó la competencia del Congreso. Recordó que cuando ocurrieron las masacres de El Aro y La Granja Uribe era gobernador de Antioquia y no presidente. Según su interpretación, por esa razón la Comisión de Acusación no tiene competencia sobre esos hechos. También advirtió que el movimiento podría terminar retrasando la indagatoria prevista para el 4 de septiembre.
Otra de las voces críticas fue la exministra y dirigente del Pacto Histórico Susana Muhamad. Su posición fue contundente: sostuvo que los congresistas del Pacto no pueden convertirse en cómplices de la impunidad en crímenes de lesa humanidad y recordó que Cepeda impulsó durante años el reconocimiento de El Aro, La Granja y el asesinato de Jesús María Valle como parte de un patrón sistemático de violencia estatal en complicidad con paramilitares.
Muhamad también sostuvo que la competencia está clara y calificó de descabellada la tesis de la defensa de Uribe. Su argumento coincide con el de otros sectores de la izquierda: los hechos investigados ocurrieron cuando Uribe era gobernador, mientras que su periodo presidencial comenzó en 2002. Para la exministra, después de tres décadas de investigación, la justicia debe avanzar y no enfrentar nuevos obstáculos.
El abogado Miguel Ángel del Río, representante de víctimas en el proceso y de la familia de Jesús María Valle, también arremetió contra la decisión. Señaló que los cinco representantes del Pacto Histórico avalaron que las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos fueran investigados por la Comisión de Acusación y calificó la actuación como un “irrespeto para las víctimas”.
Del Río insistió además en que el debate jurídico era sencillo: los hechos que se investigan corresponden a 1996-1998, mientras que Uribe fue presidente entre 2002 y 2010. Por ello, sostiene que la Fiscalía es la competente. Tras conocer el comunicado de los cinco representantes, volvió a cuestionarlos y planteó que su explicación llegó tarde y no resolvía el fondo de la controversia.
La reacción de Petro añadió otro elemento político a la controversia. Según el reporte de Daniel Coronell, el periodista le preguntó al expresidente si el respaldo de los congresistas del Pacto Histórico a la proposición era resultado de un acuerdo político con el uribismo. Petro respondió inicialmente al saludo, pero guardó silencio ante esa pregunta.
Posteriormente, según la precisión señalada en el reporte de Coronell, Petro indicó que la bancada del Pacto Histórico no había consultado con él su posición frente a esa votación. Esto marca distancia entre la decisión de los cinco representantes y una eventual instrucción del jefe político del Pacto. En consecuencia, no puede atribuirse la votación a una orden pública de Petro ni existe, hasta ahora, evidencia pública que demuestre que él hubiera autorizado ese respaldo.
El episodio también generó críticas de otras figuras del progresismo, incluida la exministra Carolina Corcho, quien sostuvo que la competencia corresponde a la Fiscalía porque los hechos investigados ocurrieron antes de la Presidencia de Uribe. Corcho calificó como inaceptable el voto de los cinco representantes y recordó que estos crímenes fueron considerados de lesa humanidad por la Corte Suprema.
En paralelo, la coincidencia entre los votos del Pacto Histórico y sectores del uribismo alimentó las sospechas de un eventual acercamiento político. Sin embargo, no existe evidencia pública que permita afirmar que hubo un pacto entre las dos fuerzas. Los cinco congresistas lo niegan expresamente y aseguran que su actuación respondió a una discusión sobre competencia jurídica.
El contexto temporal ha hecho que la polémica sea todavía mayor. La proposición fue aprobada mientras la defensa de Uribe había conseguido aplazar su indagatoria, inicialmente prevista para julio, hasta el 4 de septiembre. Además, fue la propia defensa la que había solicitado a la Comisión de Acusación que planteara el conflicto de competencias.
Ahora será la Corte Constitucional la que tendrá la última palabra sobre la competencia. Mientras ese tribunal estudia la controversia, la Fiscalía mantiene la investigación y ha rechazado entregar el expediente a la Comisión de Acusación. La disputa, por tanto, no ha terminado con la votación del 19 de agosto: apenas entró en una nueva fase institucional.
El caso dejó, además, una fractura política dentro del Pacto Histórico. Por un lado están los cinco representantes que justifican su voto como una búsqueda de claridad sobre la competencia; por otro, figuras como Cepeda, Muhamad, Corcho y Zuleta, además de Del Río como representante de víctimas, consideran que el expediente debe permanecer en la Fiscalía.
La controversia trasciende así la disputa entre el petrismo y el uribismo. En el centro están las víctimas de El Aro, La Granja y el asesinato de Jesús María Valle, que llevan décadas esperando avances judiciales. La pregunta que queda abierta es si el episodio terminará siendo recordado como una discusión estrictamente jurídica sobre competencias o como una coincidencia política entre antiguos adversarios que generó una profunda crisis de coherencia dentro de la izquierda.
Por ahora, el único desenlace institucional confirmado es que la Fiscalía conserva el expediente y la Corte Constitucional deberá resolver el conflicto de competencia. Los cinco congresistas del Pacto Histórico aseguran que no buscan impunidad; sus críticos sostienen que el voto produjo, en la práctica, un riesgo de dilación. La decisión del alto tribunal y el futuro de la indagatoria de Uribe serán los próximos capítulos de una disputa que ya provocó uno de los mayores choques internos del Pacto desde el inicio de su etapa como oposición.
