La polémica alrededor del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, sumó un nuevo capítulo después de que el Ministerio respondiera por escrito al Congreso las preguntas sobre su viaje a Santa Marta durante la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto. Las explicaciones oficiales volvieron a poner bajo la lupa la diferencia entre la versión inicial del funcionario y los documentos entregados al Senado.
Beltrán permaneció en Santa Marta entre el 14 y el 16 de agosto, en los días posteriores al sismo de magnitud 7,4 que dejó una emergencia en varios departamentos del país. Su presencia en la ciudad fue cuestionada luego de que circularan imágenes en las que aparecía junto a su familia en un espacio turístico.
En sus primeras declaraciones, el ministro rechazó que hubiera abandonado sus responsabilidades. Su argumento fue que había viajado para compartir con su esposa y sus hijas y que podía cumplir simultáneamente sus responsabilidades familiares y sus obligaciones como integrante del Gobierno.
“Seguiré siendo ministro pero seguiré siendo padre y esposo”, fue uno de los argumentos utilizados por Beltrán para defenderse de las críticas. El funcionario también negó que el viaje significara una renuncia a sus deberes frente a la emergencia nacional.
Sin embargo, la respuesta entregada posteriormente al Congreso introdujo un elemento que volvió a alimentar la controversia. Ante la pregunta sobre si había solicitado autorización para ausentarse de sus funciones, el Ministerio respondió que no se presentó una ausencia en el ejercicio de las funciones del ministro y que no se hizo ninguna solicitud en ese sentido.
La explicación plantea una diferencia importante respecto de la percepción inicial del episodio. Mientras las imágenes y las denuncias públicas mostraban al ministro fuera de Bogotá durante varios días, la cartera sostiene que jurídicamente no existió una ausencia de funciones porque Beltrán continuó disponible para ejercer su cargo.
El problema para el ministro aparece al revisar qué actividad oficial puede ser acreditada durante esos tres días. Según los documentos remitidos al Senado, el Ministerio solamente reportó una reunión virtual de aproximadamente una hora con sus viceministros como actividad oficial durante su permanencia en Santa Marta.
Ese dato contrasta con la defensa política de Beltrán, quien había insistido en que continuó trabajando durante la emergencia y que la respuesta del Ministerio de Vivienda seguía avanzando. La discusión, por tanto, dejó de ser solamente sobre si podía viajar y pasó a centrarse en cuánto trabajo ministerial efectivamente desarrolló mientras estuvo fuera de la capital.
El Gobierno también ha defendido que la respuesta a la emergencia no dependía exclusivamente de la presencia física del ministro en Bogotá. La cartera ha señalado que mantenía coordinación institucional y que las acciones de atención y reconstrucción continuaban bajo un esquema de trabajo con diferentes funcionarios y autoridades territoriales.
La controversia llegó al Congreso con una citación a debate de control político. La Cámara convocó al ministro para explicar las acciones desarrolladas frente a la emergencia y conocer las medidas adoptadas para atender a las comunidades afectadas en departamentos como Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Caldas y Quindío.
La citación adquirió una dimensión política adicional precisamente por el viaje a Santa Marta. Los congresistas no solamente buscaban conocer el balance de la cartera frente al terremoto, sino también obtener explicaciones sobre la actuación del ministro mientras se desarrollaban las labores de atención a los damnificados.
Pero el debate de control político no se desarrolló en los términos inicialmente previstos. Beltrán pidió aplazar su comparecencia ante el Congreso, una decisión que generó nuevas críticas debido a que la controversia sobre su viaje todavía estaba abierta.
La postergación hizo que las respuestas escritas del Ministerio adquirieran todavía mayor importancia. En lugar de una explicación presencial ante los congresistas, el Gobierno entregó por escrito información sobre la permanencia del ministro en Santa Marta, su agenda y las actividades que realizó durante esos días.
Otro de los puntos sensibles son los costos asociados al viaje. Según la información divulgada a partir de los documentos conocidos, el desplazamiento del esquema de seguridad de Beltrán tuvo un costo cercano a los $14 millones. El gasto no corresponde necesariamente al viaje personal del ministro, pero sí representa un costo para el Estado asociado a su desplazamiento durante esos días.
A esto se suma que el viaje no habría sido desconocido por la Casa de Nariño. La información conocida señala que el presidente Abelardo de la Espriella estaba informado sobre el desplazamiento, lo que desplaza parte de la discusión hacia otra pregunta: si el Ejecutivo conocía el viaje, ¿consideró adecuado que el ministro de Vivienda permaneciera varios días en Santa Marta mientras el país enfrentaba una emergencia de esta magnitud?
El caso también ha provocado cuestionamientos sobre la diferencia entre disponibilidad y presencia efectiva. Que un ministro pueda responder llamadas, conectarse virtualmente o mantener contacto con sus funcionarios no necesariamente significa que haya incumplido sus funciones; pero una sola reunión oficial acreditada durante tres días también abre interrogantes sobre la intensidad de su participación en una emergencia nacional.
La controversia, además, ocurre mientras el Gobierno enfrenta el enorme desafío de atender a cientos de miles de personas afectadas por el terremoto y poner en marcha la reconstrucción de viviendas e infraestructura. En ese contexto, la cartera de Vivienda tiene una responsabilidad particularmente sensible por su papel en la recuperación habitacional de las comunidades damnificadas.
Por ahora, Beltrán mantiene su defensa: sostiene que no dejó de ejercer como ministro, que continuó disponible y que su viaje tuvo un componente familiar. Los documentos enviados al Congreso, sin embargo, introducen un elemento que sus críticos consideran difícil de ignorar: durante tres días de permanencia en Santa Marta, la actividad oficial que el propio Ministerio pudo acreditar se limitó a una reunión virtual de una hora.
El próximo capítulo de la controversia estará marcado por las explicaciones que Beltrán entregue finalmente ante el Congreso y por la manera en que los senadores evalúen la documentación presentada. El debate ya no gira únicamente alrededor de si un funcionario puede pasar tiempo con su familia durante una emergencia, sino sobre si la conducta del ministro fue compatible con las responsabilidades de su cargo, qué nivel de actividad oficial mantuvo realmente y cuánto le costó al Estado su desplazamiento a Santa Marta.
