Colombia protagonizó una de las señales más claras del cambio de orientación de su política exterior durante la actual Asamblea General de Naciones Unidas. El país se abstuvo en la votación de una resolución destinada a garantizar la participación de la delegación palestina durante el actual periodo de sesiones.
La decisión ocurrió el 17 de septiembre de 2026, cuando la Asamblea General aprobó la resolución A/81/L.2, que permitió al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, intervenir mediante un discurso pregrabado y estableció mecanismos de participación virtual para representantes palestinos que no pudieran desplazarse a Estados Unidos. El resultado fue de 152 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones. Colombia estuvo entre estas últimas, junto con Honduras, Panamá y Perú.
La resolución se produjo después de que Estados Unidos negara nuevamente el visado a Abbas y a otros funcionarios palestinos, impidiéndoles viajar a Nueva York para participar presencialmente en la Asamblea. Washington justificó las restricciones por sus cuestionamientos a la Autoridad Palestina y por actuaciones ante tribunales internacionales relacionadas con Israel.
El asunto, por tanto, no consistía en una votación sobre la existencia del Estado palestino ni en una decisión para reconocerlo o desconocerlo. El texto aprobado estaba relacionado específicamente con la participación de Palestina en el debate de alto nivel de Naciones Unidas y con una alternativa virtual ante las restricciones de viaje.
Esa precisión es importante para medir el alcance de la decisión colombiana. Abstenerse no equivale a votar contra Palestina, pero sí significa que Colombia dejó de acompañar una resolución respaldada por una amplia mayoría de los Estados miembros y directamente relacionada con la participación de la delegación palestina en Naciones Unidas.
La diferencia resulta más significativa al compararla con la posición que había mantenido el gobierno de Gustavo Petro. En mayo de 2024, Colombia celebró la ampliación de los derechos y privilegios de participación de Palestina como Estado observador y anunció que apoyaría a su delegación en las actividades derivadas de esas nuevas prerrogativas.
En aquella ocasión, la Cancillería colombiana también manifestó que respaldaría activamente la aspiración palestina de convertirse en miembro pleno de Naciones Unidas. El Gobierno Petro presentó esa decisión como parte de la política colombiana de apoyo a la causa palestina dentro del sistema multilateral.
La política exterior de Petro había convertido además la situación de Palestina y la guerra en Gaza en uno de los asuntos centrales de su agenda internacional. Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel en 2024 y mantuvo una posición especialmente crítica frente a las operaciones militares israelíes y al respaldo estadounidense a ese país.
El nuevo gobierno, en cambio, está planteando una política exterior con prioridades diferentes. La Cancillería de Ómar Bula anunció que durante la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas presentará nuevos lineamientos orientados a fortalecer el posicionamiento internacional de Colombia, impulsar el comercio y la inversión, fortalecer la seguridad y reconstruir alianzas estratégicas.
Dentro de esa nueva orientación, la relación con Israel ocupa nuevamente un lugar relevante. El propio canciller Bula explicó ante el Congreso que el Gobierno busca fortalecer la cooperación con ese país en materia de seguridad e inteligencia y recuperar lo que calificó como una relación histórica y estratégica.
La Cancillería sostiene que el acercamiento a Israel responde fundamentalmente a intereses nacionales relacionados con la lucha contra el crimen transnacional, la inteligencia, la ciberseguridad y el intercambio de información. Es decir, el Gobierno presenta el cambio como una decisión de política exterior basada en seguridad y cooperación, no exclusivamente como una toma de posición frente al conflicto palestino-israelí.
Ese argumento introduce una diferencia de enfoque frente al gobierno anterior. Mientras la administración Petro colocó la situación palestina y la crítica a Israel en un lugar destacado de su política internacional, la administración de Abelardo de la Espriella está planteando una diplomacia en la que las alianzas estratégicas, la seguridad y los intereses económicos tienen mayor peso declarado.
La abstención ante la resolución sobre Palestina debe leerse dentro de ese contexto. Por sí sola no permite afirmar que Colombia haya abandonado su reconocimiento de Palestina ni que haya adoptado una política contraria a su participación en Naciones Unidas. Sí constituye, sin embargo, una diferencia concreta respecto de la posición que había defendido el país durante el gobierno Petro.
También existe una diferencia en el lenguaje diplomático. En 2024, la Cancillería colombiana habló explícitamente de apoyar las actividades de la delegación palestina y de respaldar su aspiración de ingresar como miembro pleno de Naciones Unidas. En septiembre de 2026, Colombia optó por no acompañar una resolución que facilitaba precisamente la participación palestina ante la Asamblea General.
La votación también permite observar el nuevo mapa de prioridades de Bogotá. Estados Unidos e Israel votaron en contra de la resolución, mientras Colombia se ubicó entre los cuatro países que se abstuvieron. La mayoría de los miembros de Naciones Unidas, en cambio, respaldó el mecanismo de participación virtual.
Pero esa coincidencia parcial no demuestra por sí misma que Colombia haya actuado por instrucciones de Washington. Hasta ahora, no se ha divulgado una explicación oficial detallada que atribuya la abstención a una solicitud estadounidense o que establezca que la decisión obedeció directamente a la política de la Casa Blanca.
Esa ausencia de explicación es uno de los elementos que quedan abiertos en la nueva política exterior. La Cancillería sí ha anunciado que busca reconstruir alianzas estratégicas y fortalecer la relación con socios considerados útiles para la seguridad y el desarrollo de Colombia, pero no ha explicado públicamente, en las fuentes consultadas, las razones específicas que llevaron a la delegación colombiana a abstenerse en A/81/L.2.
El momento en que se produjo el voto también es significativo. La administración De la Espriella está utilizando la Asamblea General para presentar internacionalmente una política exterior que define como pragmática, orientada a resultados y centrada en la defensa de los intereses nacionales. Esa formulación representa un cambio discursivo frente a la diplomacia política y de derechos humanos que caracterizó buena parte del gobierno Petro.
El cambio, sin embargo, no debe interpretarse como una sustitución automática de una alianza por otra. Colombia continúa actuando dentro del sistema multilateral y la propia Cancillería afirma que busca fortalecer la arquitectura institucional de Naciones Unidas y promover el cumplimiento de los principios de su Carta.
La cuestión es cómo se aplicarán esos principios cuando entren en tensión con las nuevas alianzas estratégicas. El caso palestino constituye una primera prueba particularmente visible porque enfrenta dos elementos que el nuevo Gobierno dice querer mantener simultáneamente: el fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos e Israel y la participación activa de Colombia en el sistema multilateral.
También está pendiente establecer si la abstención fue un episodio aislado o el comienzo de un patrón. Una sola votación no permite determinar por sí misma una nueva doctrina sobre Palestina. Para establecer un cambio estructural sería necesario observar las posiciones colombianas en las próximas resoluciones relacionadas con Gaza, Palestina, Israel, la ocupación, la ayuda humanitaria y los organismos internacionales.
La comparación con los años anteriores ofrece, en ese sentido, un punto de partida. El gobierno Petro utilizó con frecuencia los escenarios multilaterales para defender posiciones favorables a Palestina y cuestionar las actuaciones de Israel. La nueva administración parece estar buscando reducir esa centralidad y subordinar parte de su política internacional a una agenda más amplia de seguridad, comercio y alianzas.
Hay además una dimensión bilateral que puede terminar siendo determinante. La Cancillería ha dicho expresamente que Israel volverá a ocupar un lugar relevante en la relación estratégica con Colombia y ha identificado la seguridad y la inteligencia como áreas prioritarias de cooperación.
La nueva orientación también coincide con el interés declarado del Gobierno en reconstruir las relaciones estratégicas de Colombia. Esa definición adquiere especial importancia frente a Estados Unidos, cuyo peso en la seguridad, el comercio, la lucha contra el narcotráfico y la cooperación internacional colombiana hace que cualquier reorientación diplomática tenga efectos que van más allá de Naciones Unidas.
En ese contexto, Palestina puede convertirse en uno de los indicadores más visibles de la transición entre ambas administraciones. No porque Colombia haya anunciado formalmente un cambio de reconocimiento o de relaciones con Palestina, sino porque el comportamiento de su delegación ante determinadas iniciativas multilaterales permite observar cómo están cambiando sus prioridades.
La abstención del 17 de septiembre tiene además una particularidad: se produjo frente a una medida que no resolvía el conflicto entre Israel y Palestina, sino que buscaba garantizar que una delegación pudiera participar en las deliberaciones de Naciones Unidas. Por eso, el significado diplomático del voto debe buscarse más en la posición colombiana frente al mecanismo multilateral que en una supuesta decisión sobre el estatus político de Palestina.
Para el nuevo Gobierno, la decisión puede formar parte de una diplomacia que pretende evitar posiciones consideradas ideológicas y priorizar intereses nacionales y alianzas. Para sus críticos, la abstención puede ser interpretada como un retroceso respecto del respaldo que Colombia había ofrecido a Palestina. Ambas son interpretaciones políticas; el hecho verificable es el cambio de voto.
Lo que sí está documentado es que Colombia pasó de anunciar en 2024 un apoyo activo a la participación palestina y a su aspiración de convertirse en miembro pleno de Naciones Unidas a abstenerse, en 2026, frente a una resolución que facilitaba la participación de la delegación palestina en la Asamblea General.
La nueva postura, por ahora, debe medirse menos por declaraciones generales que por decisiones concretas. Los próximos votos de Colombia en Naciones Unidas, las instrucciones que reciba su misión diplomática y la manera en que el Gobierno combine su acercamiento a Israel y Estados Unidos con sus compromisos multilaterales permitirán determinar si se trata de un ajuste puntual o de una transformación más profunda.
La pregunta de fondo ya no es solamente cuál es la posición de Colombia sobre Palestina. Es qué lugar ocupará el multilateralismo dentro de una política exterior que el nuevo Gobierno define a partir de intereses nacionales, seguridad, comercio y alianzas estratégicas. La respuesta empezará a hacerse visible en los próximos meses, especialmente en las decisiones que Bogotá adopte frente al conflicto de Oriente Medio.
