El Gobierno de Abelardo de la Espriella decidió retirar a Colombia de la Equal Rights Coalition (ERC), una alianza internacional dedicada a promover y proteger los derechos de las personas LGBTIQ+. La decisión fue comunicada el 17 de septiembre por la Cancillería y tuvo efecto inmediato.
La salida tiene una particularidad política y diplomática: Colombia no era solamente uno de los Estados integrantes de la coalición, sino que ejercía su copresidencia junto con España durante el periodo 2025-2027. El retiro, por tanto, también significa abandonar anticipadamente una responsabilidad internacional que el país había asumido.
La comunicación oficial fue enviada al Comité Ejecutivo de la ERC y al Reino de España. En ella, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Gobierno había decidido el retiro de Colombia con fecha efectiva a partir de ese mismo día.
La carta diplomática, sin embargo, no explicó las razones de la determinación. El documento agradeció al Gobierno español y a representantes de la sociedad civil de ambos países por el trabajo realizado durante la copresidencia compartida.
La explicación apareció posteriormente en una comunicación de la propia Cancillería. El viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Pedro Agustín Roa, señaló que la decisión fue adoptada después de un análisis de las prioridades del Gobierno y que la participación en la coalición no fue considerada prioritaria.
Roa sostuvo además que la salida no implica una afectación de los derechos de las personas LGBTIQ+ en Colombia. Según el funcionario, el país mantiene un marco de protección compuesto por disposiciones constitucionales, políticas públicas, normas y decisiones de la Corte Constitucional.
Esa distinción resulta central para entender el alcance de la medida. Retirarse de la ERC no elimina por sí mismo los derechos reconocidos por la legislación colombiana ni modifica automáticamente las decisiones judiciales que protegen a las personas por su orientación sexual o identidad de género.
La ERC tampoco es un tribunal ni una institución supranacional con capacidad para modificar las leyes de los Estados miembros. Se trata de un mecanismo internacional en el que los gobiernos y organizaciones de la sociedad civil trabajan en asuntos relacionados con igualdad, diplomacia, políticas públicas, cooperación y protección de los derechos LGBTIQ+.
La coalición reúne actualmente a 43 Estados y cuenta con espacios de trabajo en áreas como diplomacia internacional, legislación y políticas públicas, coordinación de donantes, Objetivos de Desarrollo Sostenible y protección humanitaria.
Uno de los elementos relevantes de su funcionamiento es precisamente la relación entre los Estados y las organizaciones de la sociedad civil. La ERC contempla mecanismos para que organizaciones LGBTIQ+ participen en discusiones y actividades vinculadas con las políticas de igualdad y protección.
En el caso colombiano, Caribe Afirmativo participaba en la copresidencia desde la representación de la sociedad civil. La salida del Estado colombiano, por lo tanto, también interrumpe esa experiencia de participación conjunta antes de que terminara el periodo 2025-2027.
Caribe Afirmativo cuestionó la decisión y pidió al Gobierno explicar públicamente las razones del retiro y aclarar cuál será la posición de Colombia frente a los compromisos que mantenía dentro del mecanismo. También reclamó garantías para la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las decisiones relacionadas con igualdad y diversidad.
Para esa organización, la decisión supone un cambio en la participación internacional de Colombia en asuntos relacionados con los derechos LGBTIQ+. Su interpretación es que el país abandona una responsabilidad que había asumido para el periodo 2025-2027. Esa valoración corresponde a la organización y no aparece expresada en esos términos en la comunicación diplomática de la Cancillería.
La Defensoría del Pueblo también reaccionó a la salida. El organismo señaló que la decisión no puede traducirse, directa o indirectamente, en un debilitamiento de la protección de las personas LGBTIQ+ ni de los estándares de igualdad y no discriminación que obligan al Estado colombiano.
La Defensoría reconoció que el Gobierno tiene facultades para definir las prioridades y estrategias de su política exterior. Al mismo tiempo, advirtió que esas decisiones deben mantener correspondencia con las obligaciones constitucionales e internacionales permanentes del Estado en materia de derechos humanos.
Ese punto permite diferenciar entre una modificación de la política exterior y una modificación del ordenamiento jurídico. La primera puede producirse por decisión de un Gobierno; la segunda requiere los procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes y, en determinados asuntos, está limitada por la jurisprudencia constitucional y las obligaciones internacionales.
El principal efecto inmediato de la salida es, por tanto, institucional y diplomático. Colombia deja de participar en la ERC y pierde el papel de copresidente que compartía con España. También deja de intervenir desde esa posición en los espacios de trabajo y coordinación propios de la coalición.
Existe además una dimensión de cooperación internacional. La ERC funciona como un espacio para coordinar iniciativas entre Estados, organizaciones internacionales y sociedad civil. Al retirarse, Colombia deja de participar en ese mecanismo específico de cooperación, aunque eso no significa que automáticamente pierda todas las demás vías de cooperación internacional relacionadas con derechos humanos.
El cambio también puede afectar la capacidad de Colombia para utilizar ese espacio como plataforma diplomática. Mientras ejercía la copresidencia, el país tenía una posición institucional desde la cual podía intervenir en la definición de prioridades y en las actividades de la coalición. Esa función termina con el retiro.
El significado simbólico de la decisión es particularmente relevante por el momento en que ocurre. Colombia no abandona la ERC después de concluir su responsabilidad, sino antes de terminar el periodo de copresidencia que había asumido junto con España.
También es significativa la razón ofrecida por la Cancillería: la participación dejó de ser considerada prioritaria. Esa explicación no afirma que el Gobierno haya decidido eliminar los derechos LGBTIQ+ del ordenamiento colombiano, pero sí establece que este mecanismo internacional dejó de ocupar un lugar prioritario dentro de su política exterior.
La diferencia puede parecer únicamente diplomática, pero tiene una dimensión política. Las prioridades de política exterior también comunican qué asuntos considera un Gobierno relevantes para su acción internacional. En este caso, la decisión marca un cambio respecto de la participación que Colombia había asumido en la coalición durante el periodo anterior.
El contexto interno añade otra capa al debate. En los últimos días, el Gobierno de De la Espriella ha respaldado la discusión de iniciativas orientadas a establecer límites a determinados procedimientos de afirmación de género para menores. El Ejecutivo ha presentado ese debate desde la perspectiva de la protección de los menores y de la necesidad de revisar el marco existente.
Ese debate no constituye, por sí mismo, una explicación oficial del retiro de la ERC. La Cancillería ha señalado como fundamento la definición de prioridades de política exterior. Vincular directamente ambas decisiones requeriría una declaración oficial que estableciera esa relación.
Sin embargo, la coincidencia temporal hace que organizaciones de derechos humanos interpreten el retiro dentro de un cambio más amplio en las prioridades del Gobierno. Esa lectura pertenece a esas organizaciones y forma parte de la controversia política generada por la decisión.
El riesgo para la población LGBTIQ+, en consecuencia, no consiste en una pérdida automática de derechos como consecuencia de abandonar la coalición. El riesgo potencial está en otro nivel: que una reducción de la prioridad política termine acompañada, en el futuro, por menor participación institucional, cooperación o interlocución internacional en estos asuntos.
Ese posible efecto todavía no puede darse por comprobado. La salida acaba de producirse y la Cancillería sostiene expresamente que no representa una afectación de derechos. Será la evolución de las políticas públicas, la participación de Colombia en otros mecanismos internacionales y las decisiones posteriores del Gobierno las que permitan establecer si se trata de un ajuste limitado de política exterior o de un cambio más amplio.
También queda abierta la pregunta sobre la participación de la sociedad civil. Caribe Afirmativo cuestionó que una decisión que afecta su participación en la copresidencia se haya tomado sin que, según la organización, existiera una consulta previa. La controversia plantea así una discusión adicional sobre el papel de las organizaciones sociales en la formulación de la política exterior en materia de derechos humanos.
La salida tampoco significa que Colombia haya dejado de estar vinculada a todas sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Como recordó la Defensoría, existen compromisos constitucionales e internacionales que permanecen vigentes con independencia de la pertenencia a una coalición específica.
Lo que sí desaparece de inmediato es la presencia colombiana en un espacio internacional dedicado específicamente a la igualdad de derechos de las personas LGBTIQ+, además del liderazgo compartido que el país ejercía con España. Es una diferencia institucional concreta que no debe confundirse con la desaparición de las garantías jurídicas internas.
El simbolismo de la decisión está precisamente en esa combinación: Colombia abandona una coalición especializada en derechos LGBTIQ+ mientras todavía ejercía su copresidencia, y el Gobierno explica que esa participación dejó de ser una prioridad. El hecho no modifica por sí solo los derechos reconocidos en Colombia, pero sí cambia el lugar que el Ejecutivo decidió ocupar en ese escenario internacional.
La pregunta que queda abierta es qué ocurrirá después. Si el retiro permanece circunscrito a la ERC, sus efectos serán principalmente diplomáticos y de representación. Si viene acompañado de cambios en políticas públicas, cooperación, participación de organizaciones sociales o posiciones internacionales sobre igualdad y no discriminación, su alcance podría ser mayor.
Por ahora, el dato verificable es más preciso que cualquiera de esas interpretaciones: el 17 de septiembre de 2026 Colombia decidió retirarse de la Equal Rights Coalition con efecto inmediato, abandonó la copresidencia que compartía con España y dejó un espacio internacional que el actual Gobierno considera no prioritario.
