El documental Colombia: Fábrica de niños trans, dirigido por el creador de contenido mexicano Samuel Adrián, volvió al centro de la discusión pública colombiana después de que su autor fuera detenido en Bogotá por incumplir una orden judicial relacionada con la producción.
La controversia alrededor de la película tiene dos dimensiones distintas. Una corresponde a sus afirmaciones sobre la atención médica de niños y adolescentes con inconformidad o identidad de género diversa; la otra, al proceso judicial que terminó con el arresto de su director.
El documental plantea que en Colombia existe una estructura que estaría promoviendo procesos de afirmación de género entre menores y utiliza la expresión “fábrica de niños trans” para describirla. Sin embargo, varias de sus afirmaciones cuantitativas y médicas no están acompañadas de fuentes identificables o no coinciden con los datos oficiales disponibles.
Uno de los datos más llamativos es la afirmación de que el 78 % de los procedimientos de reafirmación de género se realizan en niños menores de siete años. La producción no identifica de manera verificable una base de datos, estudio, institución o metodología que permita reconstruir ese porcentaje.
La ausencia de una fuente resulta particularmente relevante porque la cifra se utiliza como uno de los pilares para sostener la existencia de una supuesta industria dirigida hacia los menores. Sin conocer el universo de casos, el periodo analizado y qué se entiende por “procedimiento”, el porcentaje no puede ser contrastado de manera independiente.
Los datos del Ministerio de Salud ofrecen, en cambio, una referencia concreta sobre las cirugías de afirmación genital. Según la información suministrada por la entidad, entre 2018 y 2024 no se registraron este tipo de cirugías en menores de edad.
Durante ese periodo se registraron 59 procedimientos de afirmación genital en Colombia, todos en personas adultas, con edades entre 21 y 73 años. La información oficial contradice, por tanto, la idea de que exista una práctica generalizada de cirugías genitales de afirmación de género en niños.
Esta precisión es fundamental porque el documental mezcla distintas formas de atención bajo una misma narrativa. Acompañamiento psicológico, transición social, bloqueadores de pubertad, tratamientos hormonales y cirugías son intervenciones diferentes, con indicaciones, efectos y grados de reversibilidad distintos.
La existencia de atención médica para menores con inquietudes relacionadas con su identidad de género no demuestra que sean sometidos a cirugías genitales. Tampoco permite, por sí sola, hablar de una “fábrica” destinada a producir nuevas identidades.
El propio Ministerio de Salud ha señalado que las cirugías de afirmación genital irreversibles están reservadas para mayores de 18 años. La entidad, sin embargo, también aclaró que sus registros no permiten establecer con precisión cuántos menores han recibido determinados tratamientos hormonales o bloqueadores de pubertad.
Esta última precisión introduce un elemento que no debería perderse en la discusión. Que no existan registros completos sobre ciertos tratamientos en menores no significa que esos tratamientos no existan; significa que los datos disponibles no permiten determinar su magnitud con la precisión que algunas afirmaciones públicas sugieren.
El documental también presenta el mercado internacional de tratamientos y procedimientos relacionados con la afirmación de género como parte del argumento sobre los intereses económicos detrás de estas prácticas. Pero una estimación del mercado mundial no demuestra cuánto dinero mueve esa actividad en Colombia ni cuánto corresponde específicamente a menores.
Por eso, trasladar una cifra global al contexto colombiano requiere información adicional: número de pacientes, procedimientos, costos, entidades prestadoras, población menor de edad y distribución del gasto. Sin esos datos, la cifra internacional funciona como contexto, pero no como prueba de una industria colombiana de las características descritas por el documental.
Otro de los argumentos cuestionados es la idea de que existiría una especie de “contagio trans” asociado con las redes sociales. Esa afirmación tampoco aparece respaldada en la producción mediante una metodología que permita demostrar causalidad entre el consumo de contenidos digitales y la identidad de género de niños o adolescentes.
El documental también plantea explicaciones generales sobre el origen de la disforia de género, relacionándola con factores como violencia sexual, creencias religiosas o influencias externas. Presentar esos elementos como explicación general requiere evidencia científica específica que permita distinguir correlaciones, factores asociados y relaciones causales.
La controversia se concentra, además, en el caso de una joven identificada como Laura, cuya experiencia es utilizada para cuestionar la atención recibida durante su proceso de transición. Su historia puede plantear interrogantes legítimos sobre consentimiento, acompañamiento médico, arrepentimiento y detransición.
Pero existe una diferencia entre utilizar un caso individual para abrir una discusión sobre los riesgos de un tratamiento y utilizarlo como evidencia de una práctica generalizada en todo el país.
La edad en la que ocurrieron las intervenciones también resulta relevante. Según las reconstrucciones publicadas sobre el caso, la mastectomía de Laura ocurrió después de que cumpliera 18 años. Por ello, ese episodio no puede ser presentado como evidencia de una cirugía de afirmación genital realizada a una menor.
El documental centra además parte de sus acusaciones en el endocrinólogo pediatra Mario Angulo, quien trabajó en la atención de menores con experiencia de vida trans. El médico sostiene que la atención involucraba evaluaciones psicológicas y médicas, acompañamiento familiar y un equipo multidisciplinario.
Angulo presentó una tutela después de que el documental utilizara imágenes y grabaciones suyas realizadas sin su autorización. Un juzgado ordenó retirar el material relacionado con el médico y, según los reportes judiciales, Adrián no cumplió la orden.
Ese proceso explica la detención de Samuel Adrián el 13 de septiembre en el aeropuerto El Dorado. La orden no correspondía a una investigación penal por las afirmaciones del documental, sino a un incidente de desacato derivado del incumplimiento de la decisión judicial.
La sanción contempló diez días de arresto y una multa de 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes, según los reportes sobre la decisión judicial. Presentar la detención simplemente como una consecuencia de haber denunciado una supuesta “fábrica de niños trans” omite el origen concreto de la orden.
El caso adquirió una dimensión política después de que distintos sectores conservadores respaldaran a Adrián y utilizaran el documental como argumento para impulsar restricciones a los tratamientos de afirmación de género en menores. El presidente Abelardo de la Espriella pidió que el Congreso discutiera límites y prohibiciones a estos procedimientos.
Ese debate, sin embargo, incorpora una cuestión diferente a la veracidad de las afirmaciones del documental. Es posible discutir legislativamente los criterios, límites, controles y condiciones de determinados tratamientos médicos sin asumir como demostrada la existencia de una “fábrica” de niños trans.
También existe un debate médico internacional sobre los tratamientos para menores, incluidos sus beneficios, riesgos, incertidumbres, criterios de elegibilidad, consentimiento, fertilidad y efectos a largo plazo. La existencia de ese debate no convierte automáticamente en verdaderas las afirmaciones específicas que presenta el documental sobre Colombia.
Uno de los principales problemas metodológicos de la producción está precisamente en el salto entre esos dos niveles. Los riesgos o controversias de determinados tratamientos pueden ser reales, pero demostrar que existen riesgos médicos no demuestra que Colombia esté sometiendo masivamente a niños a cirugías de afirmación de género.
También es necesario diferenciar entre la experiencia de pacientes que consideran que fueron mal diagnosticados o tratados y la descripción de todo un sistema médico. Los testimonios individuales son relevantes para investigar posibles fallas, pero no permiten establecer por sí solos la frecuencia de esas situaciones.
La misma precaución debe aplicarse en sentido contrario. Que los datos oficiales no registren cirugías genitales de afirmación de género en menores entre 2018 y 2024 no significa que todos los debates sobre atención de adolescentes estén resueltos ni que no existan preguntas legítimas sobre tratamientos no quirúrgicos.
La cifra del 78 %, por esa razón, es uno de los puntos que más necesita explicación. Si existe una fuente original, el documental debería permitir identificarla, conocer el universo estudiado y establecer qué tipo de intervenciones fueron contabilizadas. Si no existe, la cifra no puede utilizarse como evidencia cuantitativa de la tesis central.
Lo mismo ocurre con la afirmación sobre el tamaño económico de la industria. Una cifra internacional puede ser correcta dentro del estudio que la produjo y, al mismo tiempo, ser insuficiente o engañosa si se utiliza para describir el sistema colombiano sin datos nacionales que establezcan la relación.
El contraste con las cifras oficiales permite entonces formular una conclusión más precisa que afirmar simplemente que todo el documental es falso. Hay afirmaciones que no cuentan con fuentes verificables, otras que requieren contexto y una de sus principales premisas —la realización generalizada de cirugías de afirmación genital en menores— no coincide con los registros oficiales disponibles.
La discusión que queda abierta es otra: cómo se atiende en Colombia a los menores que expresan inconformidad con su sexo asignado al nacer, qué tratamientos pueden recibir, bajo qué protocolos, qué papel tienen sus familias, cuáles son los criterios médicos y qué información existe sobre sus resultados a largo plazo.
Responder esas preguntas requiere datos clínicos, estadísticas oficiales, historias de casos verificables y participación de distintas voces, incluidos médicos, familias, pacientes, detransicionantes e investigadores. También exige distinguir entre una crítica médica legítima y una afirmación factual que no puede sostenerse con la evidencia disponible.
El documental de Samuel Adrián convirtió esa discusión en una afirmación mucho más amplia: que Colombia sería una “fábrica de niños trans”. Pero, hasta ahora, los datos oficiales publicados sobre cirugías de afirmación genital en menores no respaldan esa descripción, mientras varias de las cifras utilizadas para sostenerla carecen de una fuente identificable.
La controversia, por tanto, no se reduce a una disputa entre posiciones políticas sobre la identidad de género. También plantea una cuestión básica de periodismo y de debate público: cuando una producción presenta cifras y acusaciones de gran impacto, ¿puede el público reconstruir de dónde salen los datos y comprobar si realmente demuestran lo que el documental afirma?
