La nueva Contraloría General de la República, encabezada por Jorge Eliécer Laverde, abrió uno de sus primeros frentes de control sobre una decisión de alto impacto del Gobierno de Abelardo de la Espriella: la cancelación del proyecto de fibra óptica para la Amazonía, una iniciativa que tenía un valor estimado de $1,14 billones.
El requerimiento fue dirigido a la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, después de que su cartera anunciara el 18 de agosto la cancelación de la licitación FTIC-LP-001-2026, correspondiente al proyecto de cable de fibra óptica para Putumayo, incluida su interventoría.
La decisión del MinTIC se produjo después de una revisión administrativa, jurídica, financiera, técnica, ambiental y de cobertura ordenada por Falla. El Ministerio aseguró que encontró “incertidumbres financieras” y estimaciones que podían traducirse en riesgos técnicos, ambientales y de cobertura efectiva.
El proyecto, estructurado durante el Gobierno de Gustavo Petro, había sido concebido inicialmente por $683.000 millones, de acuerdo con el CONPES 4167 de 2025. Para 2026, su valor había aumentado 67,1 %, hasta alcanzar los $1,14 billones que tenía el proceso de contratación.
Otro elemento que está bajo escrutinio es la autorización de vigencias futuras expedida el 4 de agosto de 2026. Estas permitían comprometer recursos de presupuestos posteriores para garantizar la ejecución, operación y mantenimiento del proyecto durante varios años.
La iniciativa pretendía desplegar más de 1.600 kilómetros de fibra óptica para llevar conectividad a aproximadamente 100.000 hogares y unos 227.000 habitantes de la región amazónica, además de conectar municipios y áreas no municipalizadas con la red troncal colombiana y con infraestructura de Brasil.
Una de sus características más particulares era la utilización de cables de fibra óptica instalados en el fondo de los ríos amazónicos. La infraestructura buscaba superar las dificultades geográficas de una región en la que extender redes terrestres convencionales representa enormes desafíos logísticos y económicos.
Precisamente por su alcance, la Contraloría había advertido al Gobierno entrante sobre la “especial relevancia” del proyecto y su impacto potencial en la población amazónica, particularmente en materia de conectividad, acceso a las tecnologías y reducción de la brecha digital.
Tras conocer la cancelación, el organismo de control pidió al MinTIC información detallada sobre el estado de la iniciativa, su nivel de ejecución, el cumplimiento de sus objetivos y metas, las dificultades encontradas y las consecuencias de la decisión para los recursos públicos.
Pero la pregunta que más llama la atención es jurídica: la Contraloría pidió al Ministerio precisar qué significa exactamente que el proyecto haya sido “cancelado”. Quiere saber si se trata de una terminación definitiva, una suspensión, una reformulación, una modificación del alcance, una sustitución por otra iniciativa o alguna otra figura administrativa.
El organismo también solicitó identificar el acto administrativo, decisión contractual o instrumento jurídico mediante el cual se formalizó la determinación, así como la fecha, la autoridad que lo expidió y los fundamentos jurídicos utilizados.
Ese punto es relevante porque cancelar una licitación no implica, por sí mismo, que haya existido un detrimento patrimonial. Para establecer una eventual responsabilidad fiscal sería necesario determinar qué recursos fueron comprometidos o ejecutados, qué obligaciones quedaron vigentes y si alguna actuación produjo un daño cuantificable al patrimonio público.
La actuación conocida hasta ahora, por tanto, no equivale a una declaración de responsabilidad contra la ministra Falla ni a una investigación fiscal concluida. Se trata de un requerimiento de información mediante el cual el organismo de control busca establecer qué ocurrió y cuáles son las consecuencias de la decisión.
La posición institucional conocida de la Contraloría tampoco significa que Laverde haya defendido sin reservas el proyecto heredado del Gobierno Petro. El organismo está poniendo bajo la lupa tanto la decisión de cancelarlo como sus efectos sobre una infraestructura que considera estratégica para la Amazonía.
Para el Gobierno de De la Espriella, entretanto, la justificación está relacionada con la estructura financiera y técnica de la iniciativa. El MinTIC sostiene que el incremento de 67,1 % frente al diseño inicial y las incertidumbres detectadas podían comprometer la viabilidad del proyecto.
La discusión plantea así dos interrogantes diferentes. El primero es si el proyecto original estaba correctamente estructurado y si el aumento de costos tenía una justificación suficiente. El segundo es si la nueva administración tenía fundamentos técnicos y jurídicos suficientes para cancelarlo y qué alternativa ofrecerá a las comunidades que esperaban beneficiarse de la obra.
La Contraloría parece interesada, por ahora, en obtener respuestas sobre ambos lados de esa ecuación: qué se hizo antes de la cancelación y qué ocurrirá después de ella. En particular, quiere conocer qué sucederá con los recursos, compromisos y avances que eventualmente hayan quedado asociados al proceso.
El caso también constituye una primera prueba para la gestión de Laverde, elegido por el Congreso el 12 de agosto de 2026 con 174 votos en la Cámara de Representantes y 269 en la votación consolidada del Congreso pleno.
Más que un enfrentamiento personal entre el contralor y la ministra, el episodio plantea un choque entre dos prioridades: por un lado, evitar que el Estado comprometa más de un billón de pesos en una infraestructura que el nuevo Gobierno considera riesgosa; por otro, garantizar que la cancelación de una obra estratégica no termine agravando la brecha digital de una de las regiones más aisladas del país.
La respuesta del MinTIC será determinante para establecer si la cancelación fue simplemente el cierre de una licitación cuestionada o el primer paso hacia una nueva solución de conectividad para la Amazonía. Mientras tanto, la Contraloría de Laverde ya puso el proyecto en su radar y exige que el Gobierno explique qué canceló, por qué lo canceló, cuánto se había ejecutado y qué pasará con los recursos y con las comunidades que esperaban la conexión.
