La Corte Constitucional declaró exequible, aunque con condicionamientos, el Decreto 150 de 2026 que dio origen a la segunda declaratoria de emergencia económica, social y ecológica expedida por el Ejecutivo para atender los efectos de la temporada de lluvias y la crisis humanitaria derivada de los fenómenos climáticos extremos registrados en el primer trimestre del año. El alto tribunal concluyó que existían hechos sobrevinientes y extraordinarios que justificaban la adopción de medidas excepcionales, aunque restringió su aplicación a los territorios efectivamente afectados.
La decisión de la Corte se produjo tras evaluar la emergencia decretada el pasado febrero, cuando intensas precipitaciones asociadas a la variabilidad climática y a la persistencia del fenómeno de La Niña provocaron inundaciones, desbordamientos de ríos, pérdida de infraestructura vial y afectaciones masivas en distintos departamentos del Caribe y el norte del país. Según los informes oficiales, la emergencia dejó más de 150.000 personas damnificadas y comprometió la capacidad de respuesta ordinaria de las autoridades territoriales.
El origen de la declaratoria se remonta al agravamiento de las condiciones climáticas registradas desde finales de 2025, cuando varias regiones comenzaron a experimentar precipitaciones superiores a los promedios históricos. La situación se intensificó durante los primeros meses de 2026, provocando emergencias simultáneas en municipios costeros, zonas ribereñas y áreas rurales con altos niveles de vulnerabilidad social y económica.
En su análisis, la Corte consideró que la emergencia obedeció a una calamidad pública sobreviniente, distinta de las dificultades estructurales que históricamente afectan a algunas regiones del país. Sin embargo, advirtió que los estados de excepción no pueden utilizarse para resolver problemas permanentes o implementar reformas de largo plazo sin una conexión directa con la crisis específica que motivó su declaratoria.
Por esta razón, el tribunal avaló la mayoría de las medidas extraordinarias orientadas a la atención inmediata de la emergencia, la reconstrucción de infraestructura crítica y la asistencia humanitaria, pero declaró inexequibles o condicionó aquellas disposiciones relacionadas con reformas estructurales en materia energética, ordenamiento territorial y administración ambiental.
La sentencia también estableció que los decretos expedidos al amparo de la emergencia únicamente podrán aplicarse en los 181 municipios inicialmente identificados por las autoridades de gestión del riesgo o en otros territorios cuya afectación pueda ser demostrada de manera objetiva y verificable. Esta limitación busca garantizar la proporcionalidad y la temporalidad propias de los estados de excepción.
El alto tribunal recordó además que la Constitución permite la declaratoria de estados de emergencia únicamente cuando se presentan hechos extraordinarios e imprevisibles que alteran gravemente el orden económico, social o ecológico y no pueden ser enfrentados mediante los mecanismos ordinarios de la administración pública.
Durante el estudio del decreto, la Corte examinó informes técnicos de entidades encargadas de la gestión del riesgo, estudios climáticos y balances sobre la capacidad institucional de respuesta, concluyendo que la magnitud de las afectaciones superó las herramientas administrativas y presupuestales disponibles para atender la contingencia.
No obstante, los magistrados reiteraron que las facultades excepcionales conferidas al Ejecutivo tienen un carácter transitorio y restrictivo, por lo que las medidas adoptadas deberán mantener una relación directa y específica con la atención de la emergencia y no podrán extenderse indefinidamente ni sustituir la actividad legislativa ordinaria.
La decisión de la Corte representa un respaldo parcial a la actuación del Ejecutivo frente a la crisis climática, pero también fija límites claros sobre el alcance constitucional de los estados de excepción. En adelante, el tribunal continuará revisando individualmente los decretos legislativos expedidos durante la vigencia de la emergencia para determinar cuáles pueden mantenerse y cuáles excedieron las facultades extraordinarias conferidas por la Constitución.
