El nuevo Gobierno anunció que retirará el proyecto de Ley de Competencias presentado durante la administración de Gustavo Petro y elaborará un nuevo texto para desarrollar la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP) aprobada en 2024.
La decisión fue anunciada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien calificó la iniciativa heredada como una “ley antitécnica” y cuestionó que el proceso de elaboración y concertación hubiera sido suficiente. Según Lara, el proyecto debe ser retirado inmediatamente para construir uno que responda al espíritu de la Constitución.
El ministro sostuvo que el nuevo texto debe establecer un traslado “cierto, concreto, gradual” de competencias entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales. También planteó la necesidad de valorar y evaluar esas transferencias antes de uniformizarlas en todo el territorio. Su argumento es que la descentralización requiere definir con precisión qué funciones pasan a las regiones y con qué recursos.
La discusión tiene como origen el Acto Legislativo 03 de 2024, que modificó el SGP y estableció un aumento progresivo de la participación de las entidades territoriales en los ingresos corrientes de la Nación. El cambio busca devolver a departamentos, distritos y municipios una mayor participación en los recursos nacionales.
El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, había anticipado durante la campaña que el nuevo Gobierno modificaría el proyecto. Su argumento apunta directamente al problema fiscal: si las regiones reciben más recursos, también deben recibir las competencias correspondientes y, al mismo tiempo, el Gobierno central debe reducir el gasto asociado a esas funciones.
Restrepo advirtió que, de no producirse esa reducción del gasto central, el país podría terminar con un problema fiscal mayor. En su lectura, la transferencia de recursos sin una transferencia equivalente de responsabilidades no constituiría una verdadera descentralización, sino que podría duplicar las presiones sobre las finanzas públicas.
Ahí aparece una de las principales tensiones políticas del anuncio. De la Espriella hizo de la descentralización uno de los componentes de su discurso de posesión, al hablar de una “nueva regeneración” basada en el fortalecimiento de las regiones y al prometer gobernar desde y para los territorios.
Retirar el proyecto de Petro puede parecer, por tanto, contradictorio con esa promesa. Sin embargo, el Gobierno sostiene que no está renunciando a la descentralización, sino que pretende construir su propio modelo para llevarla a cabo. La discusión será determinar si el nuevo texto acelera y mejora el proceso o si el cambio de proyecto termina retrasándolo.
Existe además una contradicción en torno a la concertación. Lara afirma que el proyecto de Petro es antitécnico y que “debió concertarse más”. Sin embargo, la iniciativa saliente fue elaborada con la participación de varios ministerios y entidades del Estado y, según la información suministrada, fue socializada con gobernadores, alcaldes, organizaciones territoriales, academia y otros sectores.
El proyecto también había cumplido el proceso de consulta previa con pueblos y comunidades indígenas. Entre los actores con los que fue socializado aparecen la Federación Nacional de Departamentos, la Federación Nacional de Municipios, la Asociación de Ciudades Capitales, las ciudades intermedias, las RAP, Fecode, la Defensoría del Pueblo y la academia.
Esto no invalida la crítica de Lara, pero sí obliga a precisar sus alcances. Hasta donde se conoce no es posible afirmar que el Gobierno Petro hubiera elaborado el proyecto sin concertación. Lo que sostiene el nuevo ministro es que el nivel de concertación y la estructura técnica no fueron suficientes para el modelo que pretende implementar la nueva administración.
El problema ahora es el tiempo. El Acto Legislativo 03 de 2024 establece que el incremento de las transferencias no podrá comenzar antes de 2027. Eso significa que el nuevo Gobierno debe tramitar una Ley de Competencias durante 2026 si pretende que el nuevo esquema de responsabilidades esté definido antes de que comiencen a crecer las transferencias.
Lara tendrá que impulsar el nuevo proyecto en un Congreso que, aunque tendría una coalición favorable al Ejecutivo, deberá discutir una de las reformas más complejas de la nueva administración. El trámite tampoco comenzará exactamente donde quedó el proyecto anterior: será necesario elaborar una nueva ponencia y cumplir las etapas que correspondan, incluidas audiencias regionales y consultas previas cuando sean exigibles.
La presión no proviene solamente del calendario legislativo. Gobierno nacional y regiones tienen incentivos diferentes. Gobernadores y alcaldes quieren que lleguen los mayores recursos previstos por la reforma del SGP, pero tendrán interés en que las competencias transferidas estén plenamente financiadas. El Ejecutivo, por su parte, buscará evitar que la descentralización se convierta en una nueva fuente de desequilibrio fiscal.
¿Qué ocurriría si el Gobierno retira el proyecto y no consigue aprobar una nueva Ley de Competencias? El problema sería que la reforma constitucional del SGP seguiría vigente, pero quedaría pendiente el desarrollo legal necesario para definir con precisión la distribución de responsabilidades entre la Nación y las entidades territoriales. Eso podría generar incertidumbre sobre cómo ejecutar plenamente el nuevo modelo.
No significa necesariamente que los recursos desaparezcan o que la reforma constitucional quede automáticamente anulada. Pero sí podría producirse un desfase entre el aumento de las transferencias y la definición de las competencias que deben acompañarlas, precisamente el escenario que Restrepo considera fiscalmente riesgoso. La magnitud de ese problema dependerá de las normas vigentes, del calendario de implementación y de las decisiones que adopten el Congreso y el Gobierno.
Por eso, retirar la Ley de Competencias de Petro es apenas el comienzo de una apuesta mucho mayor. De la Espriella tendrá que demostrar que su promesa de descentralización puede convertirse rápidamente en una arquitectura fiscal y administrativa viable. El nuevo proyecto deberá resolver el mismo problema que enfrentó Petro, pero bajo una premisa diferente: más autonomía territorial, acompañada de responsabilidades claras y de un gasto nacional que disminuya en proporción a las funciones que sean transferidas.
