La Corte Constitucional volvió a llamar la atención del Gobierno nacional por las fallas en la protección de las personas que firmaron el Acuerdo de Paz de 2016 y avanzan en su proceso de reincorporación a la vida civil. Mediante el Auto 1538 de 2026, expedido el 4 de noviembre, la corporación exigió compromisos concretos, recursos y mecanismos de seguimiento que permitan superar el estado de cosas inconstitucional (ECI) declarado por las deficiencias institucionales en las garantías de seguridad de esta población.
La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2022, que declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional ante las vulneraciones masivas y sistemáticas de los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la seguridad y la paz de las personas firmantes del Acuerdo Final. La Corte encontró que, pese a las medidas anunciadas por diferentes entidades estatales, todavía no existen resultados suficientes para demostrar que las garantías de protección estén funcionando de manera efectiva.
El pronunciamiento tiene como antecedente la persistencia de homicidios, amenazas y ataques contra quienes dejaron las armas y se incorporaron a la vida civil después de la firma del acuerdo entre el Estado colombiano y las antiguas Farc. La situación llevó a la Corte a establecer que las instituciones responsables no habían conseguido garantizar las condiciones necesarias para que los excombatientes pudieran desarrollar sus proyectos de vida sin estar expuestos a riesgos permanentes contra su integridad.
En el seguimiento a esa decisión, la corporación había identificado cinco bloqueos institucionales que dificultaban la implementación de las garantías de seguridad. Entre ellos se encuentran la falta de correspondencia entre las capacidades de las entidades y sus responsabilidades, la paralización de las funciones de monitoreo, la ausencia de indicadores adecuados para evaluar resultados, las deficiencias en las labores de vigilancia de la Procuraduría y la desarticulación de los sistemas de información.
La Corte retomó esos hallazgos y señaló que los obstáculos persisten. Aunque las entidades han informado sobre avances normativos, administrativos y de coordinación, la existencia de resoluciones, comisiones y mecanismos institucionales no demuestra por sí sola que las políticas estén produciendo resultados concretos. Para la Sala, es necesario que las autoridades acrediten que los instrumentos funcionan, que existe información periódica y que los datos recopilados permiten tomar decisiones para corregir las deficiencias.
Uno de los principales requerimientos está dirigido al Gobierno nacional y tiene que ver con la elaboración del próximo Plan Nacional de Desarrollo. La Corte exhortó al Ejecutivo a incorporar acciones, metas y compromisos presupuestales específicos para superar el estado de cosas inconstitucional que afecta la seguridad de las personas firmantes del Acuerdo de Paz. El propósito es que las garantías no queden reducidas a declaraciones generales, sino que tengan una expresión verificable en la planeación y distribución de los recursos públicos.
Para avanzar en ese propósito, el Gobierno deberá presentar, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la providencia, información sobre los objetivos, las metas y los recursos que incluirá para superar el ECI. También tendrá que explicar cómo garantizará los derechos fundamentales de las personas en proceso de reincorporación, de qué manera dará continuidad a las instancias y políticas previstas en el Acuerdo Final y cuál es el cronograma para elaborar y presentar el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo.
La exigencia tiene un fundamento constitucional. La Corte recordó que el artículo 3 del Acto Legislativo 01 de 2016 estableció que durante veinte años el Gobierno nacional debe incorporar un componente específico de paz en el Plan Plurianual de Inversiones. En consecuencia, las medidas relacionadas con la implementación del acuerdo deben contar con una planeación que permita identificar los recursos destinados a cumplir los compromisos adquiridos por el Estado.
Una vez presentado el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, el Ejecutivo deberá remitir a la Corte las bases del documento y del Plan Plurianual de Inversiones, identificando los apartados relacionados con las garantías de seguridad. La intención es que la Sala pueda verificar si los compromisos anunciados tienen correspondencia con las necesidades de protección y reincorporación de los firmantes.
Otro de los asuntos que generó preocupación fue la disponibilidad de recursos para financiar los programas de reincorporación. La Defensoría del Pueblo presentó el 9 de octubre de 2026 una solicitud de seguimiento en la que advirtió sobre los riesgos presupuestales que podrían afectar la implementación del Acuerdo de Paz. En su análisis de los recursos destinados a la construcción de paz, la entidad identificó una reducción proyectada del 79,1 % en los recursos de inversión de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) para 2027.
La cifra fue uno de los elementos relevantes examinados por la Corte, debido a que la ARN tiene responsabilidades fundamentales en el acompañamiento de quienes firmaron el Acuerdo y avanzan en su reincorporación. Una disminución de esa magnitud podría afectar la capacidad de la entidad para desarrollar sus programas y cumplir las obligaciones relacionadas con la estabilización de los proyectos de vida de esta población.
Sin embargo, el panorama presupuestal presenta otro dato que requiere explicación. En el anexo de construcción de paz del proyecto presupuestal se registró un incremento del 51,8 % en los recursos asociados al punto 3 del Acuerdo Final, relacionado con el fin del conflicto. La diferencia entre ese aumento y la reducción proyectada para la inversión de la ARN llevó a la Corte a solicitar información sobre la distribución efectiva de los recursos y su correspondencia con las necesidades de las entidades responsables.
La Sala pidió al Gobierno explicar cómo garantizará la articulación entre el componente de paz del Plan Plurianual de Inversiones, el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Presupuesto General de la Nación para 2026 y las vigencias siguientes, particularmente 2027, 2028 y 2029. La corporación también recordó que la autonomía del Ejecutivo para definir su política económica no puede convertirse en una justificación para aplazar indefinidamente o desfinanciar sustancialmente las medidas necesarias para superar el estado de cosas inconstitucional.
El Auto 1538 también contiene requerimientos para fortalecer las instancias encargadas de coordinar la implementación del Acuerdo de Paz. En ese sentido, la Corte exigió garantizar la continuidad y el funcionamiento efectivo de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), instancia responsable de impulsar y verificar el cumplimiento de los compromisos pactados entre el Gobierno y las antiguas Farc.
La CSIVI deberá presentar información sobre las medidas adoptadas para garantizar su funcionamiento dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la providencia. La exigencia busca evitar que los espacios de coordinación permanezcan constituidos únicamente en el papel y garantizar que puedan cumplir sus responsabilidades de seguimiento y articulación institucional.
La Corte también se ocupó del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP). La Instancia de Alto Nivel de este mecanismo deberá poner en funcionamiento el sistema de información, planeación y monitoreo, además de definir los indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de las garantías de seguridad. La Sala considera que la ausencia de información organizada y de indicadores verificables ha dificultado establecer si las medidas adoptadas están teniendo algún efecto sobre los riesgos que enfrentan los firmantes.
En materia de protección, la Mesa Técnica de Seguridad y Protección deberá garantizar el seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP), instrumento destinado a desarrollar las medidas de seguridad para las personas en proceso de reincorporación. La Corte pidió información sobre su funcionamiento y los mecanismos utilizados para evaluar el cumplimiento de las acciones previstas.
La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad también recibió requerimientos relacionados con la implementación y el seguimiento de la política de desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales que atentan contra la construcción de la paz. Esta instancia tiene un papel importante en la identificación y respuesta frente a las estructuras que amenazan a los firmantes, las comunidades y las personas vinculadas con la implementación del Acuerdo Final.
Por su parte, el Ministerio del Interior deberá presentar información sobre el seguimiento a la política de convivencia, reconciliación y no estigmatización. La Corte busca establecer qué acciones se han desarrollado para enfrentar los factores sociales y políticos que contribuyen a la persistencia de amenazas y riesgos contra quienes participan en el proceso de reincorporación.
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización también tendrá que garantizar el funcionamiento del Subcomité de articulación, planificación y seguimiento del Sistema Nacional de Reincorporación. Este mecanismo debe facilitar la coordinación de las entidades responsables de acompañar a los firmantes y evaluar el cumplimiento de las medidas destinadas a su integración económica, social y comunitaria.
Los requerimientos tienen plazos diferenciados. Mientras el Gobierno nacional cuenta con 30 días hábiles para responder sobre la planeación del próximo Plan Nacional de Desarrollo y la capacidad institucional de coordinación, varias de las instancias responsables de la implementación tienen 20 días hábiles para acreditar su funcionamiento y presentar la información solicitada. Los términos se cuentan desde la notificación del auto y no desde su fecha de expedición.
La decisión también tuvo una aclaración de voto del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien acompañó la providencia, pero expresó diferencias frente a algunos aspectos de su fundamentación. Su observación se concentró en el alcance de las consideraciones sobre el Acuerdo Final como política pública de Estado. A su juicio, el seguimiento debía circunscribirse a las garantías de seguridad de los firmantes, sin formular afirmaciones generales sobre el carácter vinculante de la totalidad del acuerdo.
Ibáñez Najar también precisó que las solicitudes de información sobre las restricciones presupuestales no debían interpretarse como un pronunciamiento de la Corte sobre las decisiones de política económica que corresponden al Gobierno y al Congreso. Su aclaración, sin embargo, no cuestionó la necesidad de exigir el cumplimiento de las medidas dirigidas a proteger la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas firmantes.
El nuevo pronunciamiento representa otro llamado de atención sobre la distancia entre los compromisos institucionales del Acuerdo de Paz y su ejecución efectiva. Cuatro años después de que la Corte declarara el estado de cosas inconstitucional, la Sala sigue encontrando deficiencias en la coordinación de las entidades, la disponibilidad de información, el seguimiento de las políticas y la asignación de recursos para garantizar la protección de esta población.
La discusión presupuestal será uno de los asuntos centrales del seguimiento, especialmente por la reducción proyectada de los recursos de inversión de la ARN para 2027. La Corte busca establecer si el incremento global de los recursos asociados al punto 3 del Acuerdo se traduce efectivamente en financiación para las entidades y los programas que tienen la responsabilidad de proteger y acompañar a los firmantes.
El desafío para el Gobierno será demostrar que las medidas anunciadas cuentan con respaldo institucional, presupuestal y operativo. La Corte no está declarando un nuevo estado de cosas inconstitucional, sino haciendo seguimiento a una situación reconocida en 2022 y a las órdenes impartidas posteriormente. Su nueva intervención busca que las entidades pasen de reportar actividades y avances administrativos a demostrar resultados verificables.
Con el Auto 1538 de 2026, la Corte Constitucional vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad del Estado frente a quienes firmaron el Acuerdo de Paz. La inclusión de compromisos específicos en el próximo Plan Nacional de Desarrollo y la garantía de recursos para su cumplimiento serán determinantes para establecer si el país puede avanzar hacia la superación de una crisis de seguridad que continúa amenazando la vida de quienes dejaron las armas y apostaron por la reincorporación a la sociedad.
