La controversia por los cambios en los requisitos para ocupar cargos directivos en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) terminó con la revocatoria de la designación de Camilo Noguera Pardo como director de la entidad. La decisión fue anunciada el 11 de noviembre por el presidente Abelardo De la Espriella, después de que se conocieran denuncias sobre modificaciones al manual de funciones que permitieron ampliar los perfiles profesionales para ocupar posiciones estratégicas dentro del instituto.
El caso generó cuestionamientos porque los cambios abrieron la posibilidad de que profesionales de disciplinas como Derecho, Economía y Administración de Empresas llegaran a dependencias cuya actividad está directamente relacionada con la investigación antropológica, arqueológica e histórica. La discusión puso en el centro del debate la naturaleza científica del ICANH y los criterios que deben orientar la selección de sus responsables.
Uno de los puntos más cuestionados fue la modificación de los requisitos para ocupar la Subdirección de Investigación y Producción Científica, una dependencia encargada de coordinar proyectos y actividades de investigación en las áreas misionales del instituto. Con los nuevos parámetros, profesionales del Derecho también podían aspirar a esa posición, lo que despertó críticas entre integrantes de la comunidad académica y organizaciones del sector.
Los cambios quedaron establecidos mediante la Resolución 1589 del 2 de octubre de 2026, firmada por Javier Estrada, quien se desempeñaba como director encargado del ICANH. El documento modificó las condiciones de formación académica y experiencia exigidas para ocho cargos directivos, ampliando el conjunto de profesiones habilitadas para ocuparlos.
La modificación no se limitó a incorporar abogados. En seis de los ocho cargos también se permitió la participación de economistas y administradores de empresas, mientras que se ajustaron los requisitos de experiencia profesional. Según la información publicada sobre el caso, para determinados puestos el tiempo de experiencia exigido pasó de 72 a 48 meses.
Uno de los nombres que apareció entre los beneficiados por la ampliación de los perfiles fue José Hernán Muriel Ciceri, quien obtuvo el aval para aspirar a la Subdirección de Investigación y Producción Científica. Su eventual llegada a esa dependencia alimentó las críticas sobre la posibilidad de que personas sin formación específica en las disciplinas centrales del instituto asumieran responsabilidades científicas.
Las denuncias también cuestionaron la composición de los perfiles considerados para integrar la dirección del ICANH. La Asociación Colombiana de Antropología expresó reparos frente al proceso de selección y señaló que ninguno de los cinco perfiles evaluados contaba con formación en antropología, arqueología o historia, disciplinas fundamentales para la misión de la institución.
La discusión adquirió mayor relevancia porque el ICANH no es una entidad administrativa convencional. Su responsabilidad incluye la investigación, protección y divulgación del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de Colombia, además de la producción de conocimiento sobre las sociedades y culturas que han habitado el territorio nacional.
En medio de las críticas, el instituto dio marcha atrás a los cambios del manual de funciones. El 9 de noviembre se expidió una nueva resolución para revertir las modificaciones introducidas en octubre. Entre los argumentos conocidos sobre esa decisión apareció la falta de consulta previa a la organización sindical, un procedimiento que también quedó bajo escrutinio.
Sin embargo, la controversia no terminó con la reversión del manual. Dos días después, el presidente De la Espriella anunció la revocatoria de la designación de Camilo Noguera Pardo y ordenó la salida de Javier Estrada, quien había firmado la resolución que modificó los requisitos de los cargos directivos.
La decisión presidencial estableció una relación política entre las irregularidades cuestionadas en el manejo administrativo del instituto y la continuidad de las personas vinculadas a ese proceso. No obstante, es necesario distinguir los alcances jurídicos de las medidas: la revocatoria de la designación de Noguera no equivale a una sentencia judicial que haya declarado la nulidad de su nombramiento.
La cronología también resulta importante para entender el alcance de las denuncias. El 19 de octubre, después de la expedición de la Resolución 1589, se conocieron avales de hojas de vida bajo los nuevos requisitos. Posteriormente, el 26 de octubre fue publicada la hoja de vida de Camilo Noguera Pardo en la plataforma de aspirantes de la Presidencia para ocupar la dirección del ICANH.
Las investigaciones periodísticas sobre las modificaciones del manual comenzaron a revelar los alcances de los cambios y las personas que podían beneficiarse de ellos. Las publicaciones de noviembre pusieron en evidencia que la discusión no se limitaba a una diferencia técnica sobre requisitos laborales, sino que involucraba decisiones sobre el perfil profesional de quienes estarían al frente de las áreas estratégicas de la institución.
También llamó la atención la relación familiar de Camilo Noguera Pardo con Camilo Noguera Abello, su abuelo, un abogado samario con trayectoria en el sector público y en el ámbito universitario. Su nombre adquirió relevancia por sus vínculos políticos con el presidente y su participación en una colectividad cercana al mandatario.
Noguera Abello fue subsecretario general y posteriormente secretario general de la Universidad Sergio Arboleda. Además, trabajó en la Procuraduría General de la Nación entre 2001 y 2003, experiencia que antecedió a su participación en diferentes espacios de representación institucional.
Otro elemento que llamó la atención fue su llegada a la dirección del partido Defensores de la Patria en agosto de 2026. La colectividad tiene vínculos políticos con Abelardo De la Espriella, circunstancia que convirtió la trayectoria del abuelo del aspirante al ICANH en un elemento adicional de interés para examinar el contexto de su designación.
A esa relación se sumó el nombramiento de Noguera Abello como representante del presidente ante los consejos superiores de cinco universidades públicas. La designación quedó establecida mediante el Decreto 1371 del 9 de septiembre de 2026 e incluyó a las universidades Nacional de Colombia, de Antioquia, Pedagógica Nacional, del Valle y del Atlántico.
La presencia de un mismo representante presidencial en los consejos superiores de cinco instituciones de educación superior abrió otro frente de discusión sobre la influencia del Gobierno en los espacios de dirección universitaria. Aunque se trata de una designación distinta a la del ICANH, el vínculo familiar entre ambos Noguera hizo que los dos asuntos fueran examinados conjuntamente.
La relación entre Camilo Noguera Pardo y su abuelo también apareció en su declaración de bienes y conflictos de interés, en la que incluyó a Noguera Abello como familiar cuyos posibles intereses debían ser considerados. Este elemento resulta relevante para reconstruir los vínculos personales y políticos alrededor del proceso de selección.
No obstante, la existencia de una relación familiar con un dirigente político no demuestra por sí misma que haya existido una irregularidad en el procedimiento de designación. Para establecer eventuales responsabilidades sería necesario examinar los criterios de selección, las decisiones administrativas adoptadas y la intervención de cada uno de los funcionarios involucrados.
También queda pendiente establecer qué ocurrió con los demás cargos afectados por la Resolución 1589 y con las personas cuyas hojas de vida recibieron aval bajo los requisitos modificados. La reversión del manual y la salida de sus responsables no resuelven automáticamente la situación de todos los nombramientos y actuaciones adelantadas durante ese periodo.
En particular, el caso de José Hernán Muriel Ciceri merece seguimiento para determinar si su aspiración a la Subdirección de Investigación y Producción Científica quedó sin efecto y cuál fue el alcance administrativo de la reversión de los requisitos. La respuesta permitiría establecer si las modificaciones tuvieron consecuencias concretas en la conformación del equipo directivo.
La controversia también plantea interrogantes sobre la autonomía administrativa de los institutos adscritos al sector Cultura y los límites que deben observar sus directivos al modificar manuales de funciones. Aunque las entidades pueden ajustar sus estructuras y requisitos conforme a sus competencias, esos procedimientos deben respetar las normas de empleo público, los mecanismos de participación y las necesidades misionales de cada institución.
Para la comunidad académica, el debate trasciende la discusión sobre quién ocupa una oficina directiva. La preocupación central es que los requisitos de formación y experiencia respondan a las responsabilidades de cada dependencia y garanticen que las decisiones científicas estén respaldadas por conocimientos y trayectorias pertinentes.
La salida de Noguera y Estrada deja abierta la necesidad de esclarecer quién impulsó los cambios, con qué justificación técnica se aprobaron y qué mecanismos de control se utilizaron antes de su expedición. También será necesario determinar si hubo responsabilidades individuales en la omisión de los procedimientos administrativos cuestionados.
Por ahora, la revocatoria de la designación de Camilo Noguera Pardo constituye el desenlace político más visible de una controversia que comenzó con la modificación de los requisitos profesionales del ICANH. Sin embargo, el caso todavía deja preguntas sobre los nombramientos realizados, los vínculos políticos y familiares alrededor de la entidad y las garantías para preservar el carácter científico de una institución fundamental para el estudio del patrimonio y la historia de Colombia.
