La magistrada Cristina Eugenia Lombana Velásquez fue designada por el presidente Abelardo de la Espriella como nueva secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República. El anuncio se produjo el 29 de septiembre de 2026 y su llegada al Ejecutivo está prevista para el 8 de octubre, cuando termine su periodo en la Corte Suprema de Justicia.
De la Espriella explicó que Lombana tendrá entre sus principales tareas estructurar una estrategia institucional contra la corrupción y coordinar a las entidades estatales encargadas de investigar y perseguir afectaciones contra los recursos públicos. El mandatario presentó esa iniciativa como un “bloque de búsqueda contra la corrupción”.
El nombramiento supone el paso directo de una magistrada de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema al Ejecutivo. Lombana dejará un cargo desde el cual investigaba penalmente a congresistas para asumir una dependencia de la Presidencia encargada, entre otras funciones, de impulsar políticas de transparencia y lucha contra la corrupción.
La salida de Lombana de la Corte ya estaba prevista. El 17 de septiembre, la Sala Plena eligió a los cinco magistrados que ocuparán las vacantes de la Sala Especial de Instrucción, entre ellas la que dejará Lombana. Para reemplazarla fue seleccionada Andrea Nataly Bermúdez Sánchez.
Lombana llegó a la Corte con una trayectoria que combina el derecho penal, la justicia militar y la administración pública. Es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene estudios de posgrado en Derecho Penal, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Contratación Estatal y Administración Pública, y es magíster en Derecho Penal de la Universidad EAFIT.
Antes de llegar al alto tribunal también fue secretaria privada del despacho del Fiscal General de la Nación entre 1995 y 1996, jefe de la Oficina Jurídica del Inurbe y juez de Instrucción Penal Militar en Medellín, donde alcanzó el grado de mayor.
Su paso por la Sala de Instrucción estuvo marcado por expedientes de alto impacto. Entre ellos aparece la investigación contra la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, caso en el que Lombana presentó decisiones y ponencias durante 2026.
En junio, Lombana ordenó la captura de Peralta durante la diligencia de indagatoria en la Corte Suprema. La congresista permaneció privada de la libertad mientras se adelantaba la actuación y posteriormente recuperó la libertad mientras la Sala definía su situación jurídica.
La actuación frente a Peralta también generó una controversia dentro de la propia Sala de Instrucción. En agosto se conoció que cuatro de los cinco magistrados remitieron a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara y a la Procuraduría un memorial relacionado con posibles irregularidades en determinadas actuaciones de Lombana dentro del proceso.
Los cuestionamientos se concentraron, entre otros aspectos, en si algunas decisiones relacionadas con la comparecencia de Peralta podían ser adoptadas individualmente por una magistrada o debían ser sometidas a consideración de la Sala como cuerpo colegiado. La defensa de la senadora había planteado objeciones similares dentro del proceso.
Lombana rechazó esos señalamientos. Según informó Caracol Radio, sostuvo que las actuaciones cuestionadas se encontraban dentro de sus competencias y respondió públicamente a las diferencias surgidas con sus compañeros de Sala. Por tratarse de actuaciones en órganos de control, las denuncias no equivalen por sí mismas a una declaración de responsabilidad.
Existe además otra actuación ante la Comisión de Acusación relacionada con las diferencias que Lombana mantuvo con otros integrantes de la Sala. El Espectador informó en agosto que una denuncia del magistrado Francisco Farfán había dado lugar a una investigación previa en el Congreso por señalamientos sobre actuaciones y enfrentamientos dentro del alto tribunal.
El contexto resulta relevante porque la nueva funcionaria llegará precisamente a una oficina cuya misión está relacionada con la prevención y lucha contra la corrupción. La designación ocurre, además, pocos días después de que desde la Casa de Nariño se anunciara una estrategia más amplia de coordinación institucional para perseguir el uso irregular de recursos públicos.
La designación tampoco significa que las actuaciones que involucraron a Lombana hayan quedado resueltas. Las eventuales responsabilidades derivadas de las quejas contra la magistrada corresponden a las autoridades competentes y no pueden darse por establecidas a partir de la sola existencia de las denuncias o de su traslado a la Comisión de Acusación y a la Procuraduría.
El relevo en la Corte y el salto al Ejecutivo dejan así una transición poco habitual: una magistrada que durante ocho años ejerció funciones de instrucción penal pasará a ocupar un cargo político-administrativo desde el cual deberá articular la política anticorrupción del Gobierno. Lombana asumirá formalmente la Secretaría de Transparencia el 8 de octubre, cuando concluya su periodo en la Corte Suprema.
