La solicitud de cuatro magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema para que se investigue a su colega Cristina Lombana abrió un nuevo capítulo en las tensiones internas de ese tribunal. El origen de la controversia está en las actuaciones de la magistrada dentro de la investigación contra la senadora Martha Peralta, relacionada con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
El caso comenzó a tomar forma a partir de un memorial presentado el 7 de julio de 2026 por Marlon Fernando Díaz Ortega, abogado defensor de Peralta. En ese documento se cuestionaron varias actuaciones de Lombana y se plantearon dudas sobre la manera en que se utilizaron sus facultades durante el trámite de la indagatoria de la congresista.
El principal cuestionamiento está relacionado con la conducción y posterior restricción de la libertad de Martha Peralta para garantizar su comparecencia ante la Corte Suprema. La defensa de la senadora sostuvo que la medida fue desproporcionada y que las circunstancias del caso debían analizarse a la luz de las garantías del debido proceso y el derecho de defensa.
Según la reconstrucción conocida públicamente, Lombana ordenó la conducción de la congresista el 18 de junio, luego de considerar que las solicitudes de aplazamiento de la diligencia podían representar un riesgo para su comparecencia. La actuación derivó en una controversia jurídica que incluyó el análisis de un recurso de hábeas corpus.
La defensa, sin embargo, sostuvo una interpretación diferente. Para los abogados de Peralta, las solicitudes de reprogramación no podían entenderse automáticamente como una intención de evadir a la justicia, pues estaban relacionadas, entre otros aspectos, con la preparación de la defensa y el conocimiento del material probatorio existente dentro del expediente.
Entre los elementos mencionados en la discusión estaba el interés de la defensa por conocer con precisión el alcance de las pruebas y de las declaraciones que hacían parte del caso, incluidas las entregadas por Olmedo López y Sneyder Pinilla. La controversia jurídica se concentró, entonces, en determinar cuáles eran los límites de las facultades de la magistrada y si la medida adoptada afectó las garantías de la investigada.
El 27 de julio, cuatro integrantes de la Sala Especial de Instrucción decidieron trasladar el memorial presentado por la defensa a las autoridades competentes. El oficio fue firmado por los magistrados Francisco Javier Farfán Molina, Marco Antonio Rueda Soto, César Augusto Reyes Medina y Misael Fernando Rodríguez Castellanos.
La comunicación fue remitida a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría General de la Nación. El documento llegó formalmente a la Comisión el 28 de julio, aunque la existencia de la solicitud se conoció públicamente varias semanas después.
El hecho llamó la atención porque la iniciativa no provino únicamente de la defensa de una congresista investigada. Cuatro de los propios compañeros de Lombana consideraron que los cuestionamientos debían ser trasladados a las instituciones competentes para determinar si los hechos denunciados ameritaban algún tipo de investigación.
Sin embargo, la remisión no equivale a una declaración de responsabilidad contra la magistrada. Los cuatro integrantes de la Sala no establecieron que Lombana hubiera cometido una conducta irregular, sino que trasladaron los cuestionamientos para que fueran evaluados por las autoridades con competencia para determinar si existe mérito para abrir una actuación formal.
Cristina Lombana rechazó públicamente las acusaciones y defendió la legalidad de sus decisiones. La magistrada sostuvo que sus actuaciones pueden ser sometidas a escrutinio técnico y ha insistido en que no existe nada en su trabajo que no pueda ser explicado dentro del marco jurídico.
La respuesta de Lombana también dejó ver que el caso trasciende la investigación contra Martha Peralta. La magistrada ha señalado que durante los últimos años ha enfrentado distintos intentos para apartarla de procesos sensibles y ha interpretado parte de los cuestionamientos actuales dentro de ese contexto.
El episodio, de hecho, se suma a una serie de tensiones previas dentro de la Sala Especial de Instrucción. Lombana ha mantenido diferencias públicas e institucionales con algunos de sus colegas, entre ellos el magistrado César Augusto Reyes, uno de los cuatro firmantes del oficio que trasladó el memorial de la defensa.
La magistrada ha denunciado que su trabajo ha sido objeto de cuestionamientos y decisiones que, según su interpretación, han terminado por limitar su participación en expedientes de alto impacto. Reyes, por su parte, ha rechazado los señalamientos formulados en su contra, mientras que los intentos por resolver algunas de esas diferencias dentro de la institución no han logrado cerrar completamente la controversia.
Uno de los antecedentes que marcó la relación entre ambos magistrados fue el expediente relacionado con el expresidente Álvaro Uribe. Lombana fue apartada de esa investigación y posteriormente César Reyes asumió la instrucción del proceso, una situación que profundizó las diferencias y alimentó un conflicto que ahora vuelve a quedar expuesto.
La solicitud para investigar a Lombana llega, además, en un momento particular para la Sala Especial de Instrucción, que se encuentra cerca de una renovación de sus integrantes. La propia magistrada tiene previsto terminar su período el 6 de octubre de 2026, por lo que el nuevo episodio se produce en la recta final de su permanencia en la Corte Suprema.
La controversia tiene así dos dimensiones. La primera es estrictamente jurídica y se refiere a las decisiones adoptadas dentro de la investigación contra Martha Peralta, especialmente a la conducción de la senadora, la restricción de su libertad y las garantías que, según la defensa, pudieron verse comprometidas.
La segunda dimensión es institucional. Que cuatro magistrados de una Sala decidan trasladar cuestionamientos contra una de sus propias compañeras evidencia la profundidad de las diferencias internas y plantea interrogantes sobre el ambiente de trabajo y las relaciones entre quienes tienen a su cargo investigaciones contra congresistas.
El futuro del caso dependerá ahora de las decisiones que adopten las autoridades a las que fue remitido el memorial. La Comisión de Investigación y Acusación y la Procuraduría deberán determinar si los elementos trasladados justifican la apertura de actuaciones formales y qué alcance tendrían las eventuales investigaciones.
Por ahora, el expediente no establece responsabilidad alguna contra Cristina Lombana. Lo que sí revela es un choque institucional inusual: una investigación cuestionada por la defensa de una senadora, cuatro magistrados que consideran necesario trasladar esas denuncias y una togada que asegura que su actuación fue legal y que interpreta la controversia como parte de una confrontación más amplia dentro de la propia Sala de Instrucción.
