La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Lina María Garrido, directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para establecer si cumplió con los requisitos de experiencia relacionada exigidos para ocupar el cargo. La decisión, conocida el 19 de octubre de 2026, se originó en una queja que cuestiona la veracidad de algunos documentos presentados por la funcionaria para acreditar su trayectoria profesional.
El proceso busca determinar si la experiencia exigida por los manuales de funciones de la entidad fue efectivamente acreditada mediante documentos que correspondan a las actividades que Garrido habría desempeñado.
Entre los soportes cuestionados se encuentran certificados expedidos por la Asociación de Ganaderos de la Sabana y por el abogado José Manuel Garcés Castañeda. La queja sostiene que la documentación aportada para respaldar la experiencia profesional de la directora de la ANT no reflejaría la realidad de las funciones ejercidas.
Uno de los principales cuestionamientos se refiere al cargo denominado «Dirección Estratégica, Gestión Institucional y Desarrollo Agrario», que, según la denuncia, no existiría dentro de la Asociación de Ganaderos de la Sabana. Además, se señala que las funciones consignadas en los certificados presuntamente habrían sido tomadas de los manuales de la ANT para hacerlas coincidir con los requisitos exigidos para dirigir la entidad.
Procuraduría ordenó recaudar pruebas
Como parte de las actuaciones, el Ministerio Público solicitó a la Agencia Nacional de Tierras que, en un plazo de cinco días, entregue una certificación laboral de Lina Garrido. El documento deberá incluir las fechas de designación y posesión, el salario correspondiente a 2026 y las funciones desempeñadas por la funcionaria.
La Procuraduría también ordenó una inspección disciplinaria en las instalaciones de la Asociación de Ganaderos de la Sabana, con el propósito de recopilar información que permita verificar los documentos cuestionados y esclarecer las circunstancias en las que se habría acreditado la experiencia profesional.
Las diligencias buscan establecer si existen irregularidades en el cumplimiento de los requisitos legales para ejercer la dirección de la ANT. La apertura de la investigación no constituye una declaración de responsabilidad disciplinaria ni significa que las acusaciones hayan sido probadas.
Consejo de Estado estudia demanda contra el nombramiento
El caso también tiene un frente judicial. El Consejo de Estado admitió para estudio una demanda presentada por la congresista Daniela Beltrán, conocida como Lalis, que busca la nulidad del decreto mediante el cual Lina Garrido fue nombrada directora de la Agencia Nacional de Tierras en agosto de 2026.
La acción cuestiona la legalidad de su designación, particularmente frente al cumplimiento de los requisitos exigidos para ocupar el cargo. Sin embargo, la admisión de la demanda no significa que el nombramiento haya sido anulado.
De esta manera, la funcionaria enfrenta dos actuaciones diferentes: una investigación disciplinaria de la Procuraduría, orientada a verificar si la experiencia acreditada corresponde a la realidad, y un proceso ante el Consejo de Estado que deberá determinar si su nombramiento se ajustó a las disposiciones legales.
Ambos procedimientos deberán avanzar con la revisión de las pruebas y los argumentos correspondientes antes de que las autoridades adopten decisiones de fondo.
