El presidente Abelardo de la Espriella anunció el jueves 15 de octubre, durante una visita al Claustro de Santa Clara, en Bogotá, el comienzo de una «contrarrevolución cultural». Ante la ministra de Cultura, Paola Holguín, y funcionarios de la entidad, presentó una hoja de ruta que busca recuperar los valores que considera fundacionales de la sociedad colombiana, combatir el wokismo y reforzar la protección del patrimonio nacional. La intervención marca una apuesta por trasladar la confrontación ideológica al centro de la política cultural del Gobierno.
El mandatario anunció que la cartera volverá a llamarse Ministerio de Cultura y Patrimonio, con el argumento de que el Estado debe conservar, restaurar, proteger y transmitir la herencia histórica del país. También acusó al Gobierno anterior de haber fragmentado el concepto de cultura y de utilizar las instituciones públicas para promover una doctrina política. Según De la Espriella, esos espacios deben pertenecer a todos los ciudadanos y no servir para imponer una interpretación ideológica de la historia.
Sin embargo, el discurso fue más allá de una propuesta administrativa. El presidente anunció una confrontación explícita con determinadas corrientes culturales y académicas, a las que atribuyó una amenaza contra la identidad nacional y los valores tradicionales. «Desde aquí va a empezar esa contrarrevolución cultural», afirmó al presentar su visión ante los funcionarios del sector.
El ‘wokismo’ como adversario político
La palabra wokismo ocupó un lugar central en la intervención. De la Espriella prometió una lucha «abierta, decidida y patriótica» contra esa corriente, a la que relacionó con el lenguaje inclusivo, las políticas identitarias, la ideología de género y las interpretaciones históricas que enfatizan las relaciones entre opresores y oprimidos.
En su planteamiento, esos fenómenos hacen parte de un mismo proyecto que, según dijo, busca transformar los fundamentos morales, culturales y sociales de Occidente. El presidente los presentó como una amenaza para la tradición familiar y la identidad nacional, y sostuvo que el Estado debe fortalecer las iniciativas que se opongan a esa orientación.
El problema analítico está en el alcance del término. Wokismo no es una categoría académica con una definición única y consensuada: se utiliza en disputas políticas para agrupar debates distintos sobre género, racismo, diversidad, memoria histórica y desigualdad. Un estudio publicado en la revista argentina Ñeatá, dedicado al discurso del presidente Javier Milei en Davos, examina precisamente cómo se construye el «wokismo» como objeto de confrontación política.
En el discurso de De la Espriella, la etiqueta permite reunir asuntos que tienen trayectorias y discusiones propias bajo una misma idea de amenaza. La discusión deja de ser únicamente sobre políticas culturales específicas y se convierte en una disputa entre quienes el Gobierno presenta como defensores de la tradición y las corrientes que considera responsables de debilitarla.
Esa estrategia plantea una tensión con otra afirmación del mandatario: que el Estado no debe fabricar una cultura oficial al servicio del Gobierno. Si las instituciones públicas reciben la instrucción de combatir una corriente ideológica y fortalecer a sus adversarios, surge la pregunta sobre cómo se garantizará la libertad de creación y la participación de sectores con visiones distintas.
La contradicción entre libertad cultural y confrontación ideológica
De la Espriella afirmó que las instituciones culturales deben garantizar la libertad y no convertirse en mecanismos de adoctrinamiento, especialmente de niños y adolescentes. Al mismo tiempo, advirtió que no tolerará ambigüedades entre los funcionarios de su Gobierno frente a la lucha contra el wokismo.
«Quien esté en el Gobierno del tigre debe entender los mismos principios y valores fundacionales. Si no es así, debe dar un paso al costado», declaró. La frase establece una exigencia de alineamiento ideológico para quienes integran la administración y plantea interrogantes sobre la autonomía que tendrán las entidades culturales para desarrollar sus programas.
La tensión no demuestra, por sí sola, que el Gobierno vaya a censurar todas las expresiones que cuestiona. Para establecerlo será necesario observar cómo se aplican sus anuncios: qué proyectos reciben recursos públicos, qué convocatorias se mantienen, qué contenidos se exhiben y qué criterios se utilizarán para excluir o respaldar iniciativas artísticas.
Pero el marco anunciado sí anticipa una intervención política en la definición de las prioridades culturales. La cuestión será determinar si esa orientación convive con el pluralismo o si termina privilegiando una interpretación de la nación sobre las demás.
La identidad nacional y el lugar de las herencias indígenas y africanas
El presidente presentó la recuperación del orgullo nacional como otro de los objetivos de su política cultural. En su discurso reconoció que la identidad colombiana es resultado de siglos de historia y del encuentro entre las herencias ibérica, indígena y africana.
Esa mención impide afirmar que haya excluido expresamente a los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes de su relato. No obstante, el desarrollo de la intervención dedicó una atención mucho mayor a los valores tradicionales, el patrimonio religioso y la confrontación con las corrientes progresistas que a las lenguas indígenas, los conocimientos ancestrales, las memorias afrocolombianas o las formas de organización cultural de esas comunidades.
La diferencia entre la mención y el énfasis es relevante. El mandatario reconoce una identidad formada por múltiples herencias, pero no desarrolla en el discurso cómo se traducirá ese reconocimiento en programas, recursos y medidas concretas de protección para las culturas indígenas y afrodescendientes.
La Ley General de Cultura, Ley 397 de 1997, establece que el Estado debe promover las manifestaciones culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad. También garantiza a los pueblos indígenas y a las comunidades negras y raizales el derecho a conservar, enriquecer y difundir su identidad y su patrimonio.
La legislación incluye dentro del patrimonio cultural las lenguas de las comunidades indígenas, negras y creoles, los conocimientos ancestrales, las tradiciones y otras expresiones materiales e inmateriales. Por eso, la evaluación de la nueva política no dependerá solamente de que el Gobierno cambie el nombre del ministerio, sino de si protege ese conjunto diverso de manifestaciones.
El interrogante es si la recuperación del patrimonio se entenderá como una ampliación de la memoria nacional o como la priorización de una tradición particular. La respuesta deberá buscarse en las decisiones de la cartera y en el trato que reciban las distintas comunidades.
El patrimonio religioso como prioridad
Otro de los ejes del discurso fue la protección del patrimonio religioso. De la Espriella mencionó iglesias, conventos, arte sacro, archivos eclesiásticos, música religiosa y procesiones, y sostuvo que estos elementos deben conservarse con especial atención por su valor histórico y artístico.
El presidente insistió en que la protección de ese patrimonio no debe entenderse como un asunto confesional, sino como parte de la memoria nacional. Desde esa perspectiva, las manifestaciones religiosas forman parte de la historia del país y su conservación no tendría que depender de las creencias personales de cada ciudadano.
La defensa del patrimonio religioso, por sí sola, no equivale a promover una práctica de culto. Una obra sacra puede protegerse por su valor histórico, arquitectónico o artístico sin exigir que el público comparta la fe de quienes la produjeron. Sin embargo, la relevancia que el mandatario le concede a esta tradición abre un debate sobre el equilibrio entre el legado religioso y las demás expresiones culturales.
La cuestión también tiene una dimensión religiosa. Algunas comunidades evangélicas interpretan la veneración de imágenes como idolatría, mientras que otras distinguen entre la conservación de una representación artística y su uso devocional. No existe una postura única entre todas las iglesias protestantes, por lo que no puede suponerse que el electorado cristiano evangélico comparta una misma posición sobre el arte sacro.
La posible tensión política consiste en que un Gobierno que reivindica valores cristianos tradicionales presenta el patrimonio católico como parte de la identidad nacional, aunque algunos de sus propios sectores religiosos puedan mantener reservas frente a determinadas prácticas de veneración. La conservación histórica puede ofrecer un punto de encuentro, pero el discurso no detalló cómo se abordarán esas diferencias.
La orden de retirar representaciones que considera apología al terrorismo
Uno de los anuncios más concretos de la intervención fue la instrucción a la ministra Paola Holguín para retirar de lugares públicos elementos que el presidente calificó como apología al terrorismo. De la Espriella mencionó expresamente a Carlos Pizarro, excomandante del M-19, junto con otras personas a las que se refirió como terroristas.
«Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y otros terroristas, sea desaparecida de lugares públicos», declaró. Más adelante reiteró: «Señora Ministra proceda a retirar todo lo que corresponde».
El discurso, sin embargo, no identificó las piezas específicas que serían retiradas, los lugares donde se encuentran ni el procedimiento administrativo que se utilizaría para cumplir la instrucción. Esos elementos serán necesarios para determinar el alcance de la medida y sus implicaciones sobre el patrimonio, la memoria histórica y el espacio público.
También será relevante establecer qué criterios se utilizarán para diferenciar una exaltación de la violencia de una representación histórica o artística sobre actores que participaron en el conflicto armado. La presencia de una figura en un monumento, mural o exposición no determina por sí sola la intención de la obra ni el tratamiento que debe recibir.
La orden presidencial abre así una discusión sobre quién define qué representaciones pueden permanecer en el espacio público y bajo qué criterios. Su ejecución deberá examinarse a la luz de las normas aplicables a los bienes culturales, los procedimientos administrativos y las garantías de libertad artística.
Una política cultural que se medirá en sus decisiones
El discurso de De la Espriella plantea una política cultural en la que el patrimonio, la identidad nacional y los valores tradicionales ocupan un lugar central. Pero también propone una confrontación explícita con determinadas corrientes ideológicas y anuncia la retirada de representaciones que el Gobierno considera apología al terrorismo.
La tensión de fondo está en la distancia entre defender la cultura como un espacio de libertad y convertirla en un terreno de disputa estatal contra un adversario definido por el propio Gobierno. Esa contradicción no se resolverá solamente con declaraciones: dependerá de las reglas, los presupuestos, los nombramientos y las decisiones que adopte el Ministerio de Cultura y Patrimonio.
La otra prueba será la amplitud de la idea de patrimonio que termine aplicándose. Si la política se limita a privilegiar ciertos símbolos históricos o religiosos, quedará abierta la pregunta sobre el lugar de las culturas indígenas, afrocolombianas, regionales y contemporáneas. Si, por el contrario, incorpora esas memorias en condiciones de reconocimiento, la recuperación patrimonial podría abarcar una parte más amplia de la diversidad nacional.
Por ahora, el discurso permite identificar una orientación política, no medir todavía todos sus efectos. La «contrarrevolución cultural» anunciada por el presidente pone sobre la mesa una disputa por la memoria, la identidad y los límites de la intervención estatal en la cultura. El desafío será establecer si esa apuesta fortalece la conservación del patrimonio común o reduce el espacio para las expresiones que no encajan en la visión ideológica del Gobierno.
