El Gobierno de Abelardo de la Espriella dio un paso para reactivar la importación de gas natural desde Venezuela. Este 4 de noviembre de 2026 anunció que el gasoducto binacional Antonio Ricaurte fue incluido entre los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINES), una decisión que busca acelerar su recuperación y habilitar el transporte de gas desde el vecino país hacia Colombia.
La medida vuelve a poner sobre la mesa una alternativa que generó fuertes cuestionamientos durante la administración de Gustavo Petro. En ese momento, dirigentes de la oposición advirtieron que comprar gas venezolano podía aumentar la dependencia energética de Colombia, encarecer el servicio y beneficiar económicamente al gobierno de Nicolás Maduro.
El anuncio también plantea un contraste con las propuestas que De la Espriella presentó durante su campaña presidencial. El 19 de marzo de 2026, en el evento Colombia Genera, el entonces candidato defendió la reactivación de los contratos de exploración de hidrocarburos y planteó acabar con las importaciones de gas para reducir los costos energéticos.
La decisión conocida este miércoles no significa que Colombia haya comenzado a recibir gas venezolano. Por ahora, el Gobierno priorizó la rehabilitación de la infraestructura que permitiría transportarlo y abrió el camino para coordinar las gestiones técnicas, administrativas y regulatorias necesarias.
El proyecto contempla una primera fase de importación de 50 millones de pies cúbicos diarios, volumen que equivale aproximadamente al 5 % del consumo nacional. La capacidad potencial del gasoducto, una vez recuperado, podría llegar hasta los 450 millones de pies cúbicos diarios, aunque esa cifra no representa la disponibilidad inmediata de suministro.
La infraestructura, conocida como gasoducto Antonio Ricaurte, tiene unos 225 kilómetros de longitud y conecta La Guajira con la región del lago de Maracaibo, en Venezuela. Fue inaugurada en 2007, pero dejó de operar en 2015 y lleva más de una década sin transportar gas entre los dos países.
De acuerdo con la información divulgada por Ecopetrol, la recuperación de la conexión permitiría sumar una fuente adicional de abastecimiento y reducir la exposición del país a las compras de gas natural licuado (GNL), que llega en buques y requiere procesos de licuefacción y regasificación que inciden en su precio.
La inclusión en los PINES permitirá que la Vicepresidencia de la República, encabezada por José Manuel Restrepo, coordine la participación de las entidades estatales involucradas en el proceso. La iniciativa fue postulada por el Ministerio de Minas y Energía y evaluada por el Departamento Nacional de Planeación.
Sin embargo, todavía existen obstáculos para que el proyecto se concrete. Entre ellos está la necesidad de recuperar la infraestructura, reponer cerca de cinco kilómetros de tubería faltante en el tramo colombiano y obtener las autorizaciones internacionales que permitan realizar operaciones con la estatal venezolana PDVSA.
Uno de los principales requisitos es contar con una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que administra las sanciones económicas contra Venezuela. Ecopetrol señaló que el proyecto estará sujeto al cumplimiento de las normas colombianas y de los regímenes de sanciones aplicables.
La compañía proyecta que la importación por esta vía podría ofrecer condiciones de precio más competitivas que el gas que llega por barco. No obstante, todavía no se conocen las condiciones comerciales definitivas, el precio de compra, el costo total de la rehabilitación ni el ahorro que eventualmente recibirían los usuarios.
Las críticas durante el gobierno Petro
La propuesta de importar gas desde Venezuela no es nueva. Durante el gobierno de Gustavo Petro, la posibilidad de reactivar el gasoducto y comprarle combustible a PDVSA provocó cuestionamientos de distintos sectores políticos, especialmente de integrantes del Centro Democrático y Cambio Radical.
En agosto de 2022, pocos días después de la posesión de Petro, la senadora Paloma Valencia cuestionó la posibilidad de que Colombia terminara comprando gas venezolano mientras se frenaba la exploración nacional. Según afirmó entonces, esa decisión podía generar dependencia económica y aumentar los costos para los consumidores.
En marzo de 2024, cuando Petro volvió a defender la conexión energética con Venezuela, Valencia sostuvo que la política ambiental del Gobierno buscaba impedir la producción nacional para comprarle gas al vecino país. También afirmó que la operación podía contribuir a financiar al gobierno de Nicolás Maduro.
El entonces senador Miguel Uribe Turbay cuestionó igualmente la iniciativa y señaló que la compra de gas podía darle oxígeno al gobierno venezolano y poner en riesgo la seguridad energética de Colombia. La senadora María Fernanda Cabal también criticó la posibilidad de importar el combustible a un precio más alto.
Cambio Radical se sumó a los reparos. En agosto de 2024, la colectividad advirtió que Colombia podía perder décadas de autosuficiencia energética y sostuvo que la compra de gas a Venezuela era inviable por las sanciones que pesaban sobre el gobierno de Maduro.
Los cuestionamientos no se limitaron a la relación política con Venezuela. La oposición también puso en duda que el gas importado fuera más barato que el producido en Colombia y advirtió sobre los riesgos de depender de un proveedor extranjero para atender una parte de la demanda nacional.
El contraste con las posiciones de la campaña de 2026
Durante la campaña presidencial de 2026 también hubo diferencias entre las propuestas de los aspirantes y las críticas que se habían formulado en años anteriores. De la Espriella defendió la recuperación de la producción nacional y, en marzo, planteó acabar con las importaciones de gas como parte de su estrategia para reducir los costos energéticos.
Sin embargo, en julio, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo abrió públicamente la puerta a importar gas desde Venezuela. En un encuentro en Washington, afirmó que el nuevo Gobierno veía oportunidades para hacerlo y que buscaría desarrollar esa cooperación energética de una manera diferente.
La postura de Paloma Valencia también tuvo un matiz durante la campaña. En el debate energético del 16 de abril, organizado en el marco del congreso de Naturgas, la candidata sostuvo que Colombia debía producir su propio gas y defendió la exploración de hidrocarburos, pero reconoció que podía ser necesario traer combustible desde Venezuela con el respaldo de Estados Unidos.
Valencia afirmó que era necesario reparar el gasoducto y hacerlo sin negociaciones irregulares. Su planteamiento introdujo una condición distinta frente a las críticas que había expresado durante el gobierno Petro: no descartó la importación, pero la supeditó a garantías internacionales y transparencia en los acuerdos.
Ese antecedente es relevante para entender la decisión actual. La reactivación del gasoducto no fue presentada exclusivamente como una iniciativa de cooperación con Venezuela, sino como una alternativa de abastecimiento que el Gobierno considera posible bajo nuevas condiciones políticas y regulatorias.
Una necesidad de abastecimiento que sigue creciendo
El contexto energético también cambió. Colombia enfrenta una disminución de la producción nacional de gas y una mayor participación de las importaciones en el suministro. Según cifras citadas por la Administración de Información Energética de Estados Unidos, la producción comercializada pasó de un promedio de 1.070 millones de pies cúbicos diarios en 2022 a 772 millones en 2025.
Entre enero y agosto de 2026, el promedio se ubicó en 673 millones de pies cúbicos diarios. La caída de la producción ha obligado al país a recurrir en mayor medida al gas importado, principalmente el que llega en forma de GNL a través de la regasificadora de Cartagena.
En julio de 2026, el gas natural licuado representó el 31 % del suministro mensual, de acuerdo con cifras del gestor del mercado. Otros cálculos divulgados en el sector energético situaron la participación del gas importado en alrededor del 40 % de la demanda nacional durante el segundo semestre del año.
La dependencia de las importaciones ha tenido efectos sobre los precios. El gas que llega por barco debe ser transportado en buques especializados y posteriormente regasificado, costos que se incorporan a la cadena de suministro. Por esa razón, el Gobierno sostiene que recuperar el gasoducto podría ofrecer una alternativa más competitiva.
No obstante, la importación desde Venezuela tampoco garantiza por sí sola una solución estructural. La disponibilidad real del combustible, la capacidad de producción y exportación venezolana, las condiciones contractuales y la estabilidad de las relaciones entre los dos países serán determinantes para establecer la confiabilidad del suministro.
Además, el proyecto debe superar los problemas técnicos de una infraestructura que lleva más de diez años sin operar. La inclusión en los PINES facilita la coordinación institucional, pero no reemplaza las obras, los permisos ni los acuerdos comerciales que todavía se requieren.
La discusión, por tanto, vuelve a poner frente a frente dos argumentos que estuvieron presentes durante el debate político de los últimos años: la necesidad de recuperar la autosuficiencia energética mediante la producción nacional y la posibilidad de recurrir a proveedores externos para cubrir el déficit de gas.
La decisión del Gobierno De la Espriella deja una pregunta sobre el cambio de posición frente a las importaciones. Mientras en campaña el hoy presidente planteó terminar con las compras externas, su administración ahora prioriza una conexión que permitiría importar desde Venezuela. La diferencia que deberá explicar está en las condiciones económicas, técnicas y regulatorias que harían viable esa operación.
Por ahora, el anuncio representa un avance administrativo para recuperar el gasoducto Antonio Ricaurte, pero no una importación en marcha. La llegada del combustible dependerá de la rehabilitación de la infraestructura, las autorizaciones de Estados Unidos y los acuerdos con Venezuela. El Gobierno tendrá que demostrar si esta alternativa puede garantizar suministro, precios competitivos y condiciones de seguridad energética para Colombia.
