De las acusaciones a la retractación: el caso David Murcia y las preguntas por su traslado a Palogordo

David Murcia Guzmán pasó en siete meses de formular graves acusaciones contra Abelardo de la Espriella a retractarse formalmente de ellas ante la Fiscalía. Entre ambos momentos ocurrió un hecho que ahora adquiere relevancia en la reconstrucción del caso: su traslado de La Picota, en Bogotá, a la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander.

La retractación fue presentada mediante un memorial enviado el 23 de septiembre a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. Desde Palogordo, donde actualmente permanece recluido, Murcia se desdijo de varios de los señalamientos que había formulado en febrero contra quien entonces era candidato presidencial y había sido su abogado.

En febrero, la historia era completamente distinta. En una entrevista con el periodista Daniel Coronell, Murcia acusó a De la Espriella de haberse quedado presuntamente con $5.000 millones que, según su versión de entonces, le había entregado para su defensa. También afirmó que se habían destinado otros recursos para intentar influir sobre congresistas.

Murcia también había cuestionado la actuación profesional de De la Espriella durante el proceso judicial que terminó con su condena. Su entonces abogada, Sondra Macollins, había presentado además una queja disciplinaria contra el penalista por presuntas faltas relacionadas con sus deberes profesionales y el manejo de la defensa.

La controversia escaló durante la campaña presidencial. De la Espriella negó las acusaciones y posteriormente presentó una denuncia contra Murcia por injuria y calumnia agravada, argumentando que las afirmaciones afectaban su honra y reputación y que carecían de respaldo probatorio.

Siete meses después, Murcia modificó sustancialmente su relato. En el documento enviado a la Fiscalía sostuvo que De la Espriella nunca le pidió, insinuó ni propuso dinero para entregar dádivas a congresistas o influir en decisiones legislativas. Según la nueva versión, aquella afirmación no correspondía a la realidad.

También se retractó de la acusación relacionada con los $5.000 millones. Murcia afirmó ahora que no era cierto que De la Espriella se hubiera apropiado de ese dinero y explicó que los honorarios correspondían a servicios jurídicos prestados a DMG y a su defensa penal.

La retractación incluye otros señalamientos formulados meses atrás. Murcia negó ahora que De la Espriella hubiera recibido dinero incautado a DMG o que hubiera intervenido para perjudicar a sus abogados. También se apartó de versiones relacionadas con supuestos favores gubernamentales a la familia del entonces abogado.

Pero el documento contiene otro elemento que vuelve más compleja la historia. Murcia sostiene ahora que las declaraciones que realizó en febrero estuvieron relacionadas con expectativas de obtener beneficios penitenciarios y con una eventual designación como gestor de paz durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Esa afirmación también debe ser tratada como una versión de Murcia y no como un hecho establecido. Hasta ahora, la retractación demuestra que el condenado cambió su relato, pero no demuestra por sí misma qué motivó las declaraciones originales ni permite concluir automáticamente que hubo una presión política para que las formulara.

El traslado a Palogordo introduce una segunda línea de preguntas. Murcia dejó La Picota y llegó el 29 de agosto al establecimiento penitenciario de mediana y alta seguridad ubicado en Girón, Santander. El traslado ocurrió aproximadamente tres semanas y media antes de que enviara su retractación a la Fiscalía.

La defensa cuestionó en su momento el movimiento. Sondra Macollins aseguró que ni ella ni la familia habían sido informadas previamente de las razones del traslado y presentó un derecho de petición ante el INPEC para conocer los motivos de la decisión. También acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según reportes de prensa.

El traslado ocurrió además mientras estaba pendiente una discusión sobre la situación jurídica de Murcia. Su defensa había solicitado que se contabilizara el tiempo que permaneció detenido en Estados Unidos para efectos del cumplimiento de su condena, una petición que podía tener consecuencias sobre su permanencia en prisión.

La coincidencia temporal es, por eso, un elemento que merece ser investigado. Murcia formuló las acusaciones desde La Picota en febrero, fue trasladado a Palogordo el 29 de agosto y se retractó el 23 de septiembre. Sin embargo, la secuencia cronológica por sí sola no demuestra que exista una relación causal entre los tres acontecimientos.

Hay además un elemento institucional que hace necesario revisar la cadena de decisiones. El traslado ocurrió durante el Gobierno de De la Espriella y bajo la administración del sistema penitenciario que depende del Ministerio de Justicia. Para establecer quién tomó realmente la decisión habría que identificar el acto administrativo, sus responsables y la motivación concreta utilizada por el INPEC.

El Ministerio de Justicia estaba para entonces bajo la dirección de Iván Cancino, un penalista que mantiene una relación profesional y personal conocida con De la Espriella. Cancino fue designado por el presidente para dirigir esa cartera antes de la posesión del nuevo Gobierno.

La relación profesional entre Cancino y De la Espriella es relevante para el contexto, pero no permite concluir que el ministro haya intervenido en el traslado de Murcia. Tampoco aparece, en las fuentes consultadas, evidencia pública que permita afirmar que Cancino ordenó, solicitó o conoció anticipadamente esa decisión.

Lo mismo ocurre con el presidente. De la Espriella tenía un interés personal evidente en las acusaciones de Murcia porque había sido su abogado y posteriormente fue señalado públicamente por su antiguo cliente. Pero de esa circunstancia tampoco se desprende, sin documentación adicional, que hubiera intervenido en el traslado penitenciario.

La pregunta periodística, por tanto, no debería ser todavía si De la Espriella ordenó el traslado de Murcia. La pregunta verificable es otra: **¿quién decidió trasladarlo, bajo qué criterios y qué documentación sustenta esa decisión?**

También sería necesario determinar si la orden obedeció a criterios ordinarios de seguridad penitenciaria, clasificación del interno, disponibilidad de cupos, decisiones de tratamiento o alguna otra razón administrativa. Las autoridades penitenciarias deberían poder explicar la ruta de la decisión y los funcionarios que participaron en ella.

El hecho de que la defensa no hubiera recibido, según su propio relato, una explicación previa sobre el traslado agrega una pregunta, pero tampoco constituye por sí mismo una irregularidad. Los movimientos penitenciarios pueden estar sujetos a criterios de seguridad que no necesariamente se comunican anticipadamente al interno o a sus abogados.

El otro punto que requiere investigación es qué ocurrió durante las semanas transcurridas entre la llegada a Palogordo y la retractación. Para establecer si existe alguna conexión entre ambos acontecimientos habría que revisar comunicaciones con abogados, visitas, solicitudes judiciales, actuaciones de la Fiscalía y eventuales contactos con funcionarios públicos.

También sería relevante conocer el contenido completo del memorial presentado por Murcia y establecer si la retractación fue espontánea, si estuvo acompañada de asesoría jurídica y cuáles fueron exactamente las razones que él mismo ofreció para cambiar su versión.

La Fiscalía tiene ahora dos versiones que deben ser valoradas dentro del proceso correspondiente. La primera contiene acusaciones de posibles delitos contra De la Espriella; la segunda las desmiente y atribuye parte de las declaraciones originales a circunstancias relacionadas con expectativas de libertad y una eventual gestión de paz. Ninguna de las dos debería convertirse automáticamente en verdad judicial por el solo hecho de haber sido pronunciada por Murcia.

Hay además una diferencia sustancial entre **retractarse y demostrar que la versión anterior era falsa**. La retractación tiene relevancia procesal y puede afectar la investigación que se inició después de las acusaciones, pero la Fiscalía tendrá que valorar las pruebas disponibles para determinar qué ocurrió realmente.

Por ahora, lo documentado es una secuencia llamativa: Murcia acusó al entonces candidato De la Espriella en febrero; el hoy presidente denunció esas declaraciones; Murcia fue trasladado de La Picota a Palogordo el 29 de agosto; y el 23 de septiembre se retractó ante la Fiscalía.

La coincidencia entre esos hechos no permite afirmar que exista una operación para modificar el testimonio de Murcia. Pero sí justifica preguntas sobre las circunstancias del traslado, la independencia de las decisiones penitenciarias y el contexto en el que un preso que había formulado acusaciones contra el actual presidente decidió cambiar radicalmente su versión.

El expediente queda así abierto en dos direcciones. Por un lado, la Fiscalía deberá establecer qué valor tienen las acusaciones y la posterior retractación de Murcia. Por otro, las autoridades penitenciarias tendrán que poder explicar quién decidió su traslado a Palogordo y cuáles fueron las razones documentadas para hacerlo. Solo con esas respuestas será posible determinar si se trató de hechos independientes que coincidieron en el tiempo o si existe alguna conexión que deba ser investigada.