La Defensoría del Pueblo puso nuevamente el acceso a los medicamentos en el centro de las dificultades que enfrenta el sistema de salud colombiano. En el informe presentado el 11 de septiembre de 2026, la entidad advirtió que las barreras persisten y que sus efectos terminan trasladándose directamente a los pacientes.
El documento, denominado “Diálogos para la Protección Inmediata del Derecho a la Salud: aprendizajes y decisiones impostergables desde los territorios”, recoge los resultados del seguimiento realizado durante 2026 mediante la estrategia DIPSA. La Defensoría entregó sus conclusiones al Gobierno nacional, al Ministerio de Salud y a otras entidades del sector.
Uno de los principales hallazgos está relacionado con los medicamentos. La Defensoría contrastó la información entregada por las EPS mediante mecanismos de autorreporte con la experiencia expresada directamente por usuarios del sistema. El resultado mostró una diferencia considerable entre ambos registros.
Según el informe, las EPS reportaron una efectividad promedio nacional del 92 % en la entrega de medicamentos durante febrero de 2026. Sin embargo, cuando la Defensoría realizó una verificación directa con usuarios, el resultado fue considerablemente distinto.
De los 2.042 usuarios encuestados a nivel nacional, el 87 % manifestó haber tenido problemas con la entrega de sus medicamentos. La principal dificultad identificada fue la falta de disponibilidad, señalada en el 61 % de los casos.
El hallazgo implica que la experiencia de los pacientes no necesariamente coincide con los indicadores administrativos reportados por las entidades responsables de la atención. Para la Defensoría, precisamente uno de los aportes de DIPSA consiste en contrastar la información institucional con lo que ocurre en los territorios.
El problema no termina en la demora o la ausencia de un medicamento. El informe señala que el 46 % de los usuarios consultados tuvo que comprar los medicamentos con recursos propios, mientras que el 20 % manifestó que finalmente no pudo obtenerlos.
La compra directa representa una transferencia del costo hacia los hogares. En los casos en que los pacientes no pueden asumir ese gasto, la consecuencia puede ser la interrupción del tratamiento o la imposibilidad de acceder a él, una situación que la Defensoría incorpora dentro de las barreras que afectan el derecho fundamental a la salud.
El informe también identifica una diferencia entre las cifras de reclamaciones de la Superintendencia Nacional de Salud y las peticiones recibidas por la propia Defensoría. Durante el primer semestre de 2026, las peticiones relacionadas con salud recibidas por esta última aumentaron 22 % frente al mismo periodo de 2025.
En el caso específico de los medicamentos, la Defensoría reportó un aumento del 5 % en sus quejas, mientras que la Superintendencia había registrado una reducción de las reclamaciones por entrega de medicamentos. La entidad considera que esa diferencia requiere ser analizada.
Una de las explicaciones planteadas por la Defensoría es que las medidas adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud podrían haber contribuido a reducir algunas reclamaciones. Pero también contempla otro escenario: que exista un desgaste de los ciudadanos frente a los mecanismos formales para reclamar.
Los datos de la encuesta respaldan esa preocupación. El 66,1 % de las personas que enfrentaron barreras para acceder a medicamentos no inició ninguna acción administrativa para reclamar. Es decir, una parte considerable de quienes tuvieron dificultades no acudió a los mecanismos institucionales de queja.
El comportamiento de los usuarios también muestra las consecuencias económicas de esas barreras. El 62 % de quienes reportaron dificultades manifestó haber comprado los medicamentos con recursos propios, de acuerdo con los resultados generales de verificación divulgados por la Defensoría.
En ese contexto aparece Sanitas, una de las 12 EPS que la Defensoría incorporó a su seguimiento prioritario durante 2026. El grupo fue definido teniendo en cuenta los niveles de vulneración y la presencia territorial de las entidades.
Para Sanitas, el informe presenta un contraste particularmente significativo. La EPS reportó una efectividad promedio del 98,3 % en la entrega de medicamentos durante el periodo comprendido entre septiembre de 2025 y febrero de 2026.
Sin embargo, en la verificación realizada por la Defensoría, los 110 usuarios de Sanitas que participaron manifestaron problemas en la entrega. La principal dificultad señalada por este grupo fue nuevamente la falta de disponibilidad, que representó el 68 % de los problemas identificados.
La Defensoría no afirma que todos los afiliados de Sanitas enfrenten estas dificultades ni que los resultados de los 110 usuarios sean equivalentes a una medición de toda la población afiliada. El dato corresponde a la muestra utilizada por la entidad para contrastar la información reportada por la EPS con la experiencia de sus usuarios.
A esto se suma el comportamiento de los reclamos registrados ante la Superintendencia. Sanitas acumuló 140.670 reclamos durante el primer semestre de 2026, frente a 128.533 en el mismo periodo de 2025. El incremento calculado por la Defensoría fue de 9,4 %.
El informe de septiembre, por tanto, no se limita a señalar problemas en la entrega de medicamentos. También plantea una discusión sobre la forma en que se mide el funcionamiento del sistema y sobre la distancia que puede existir entre los indicadores institucionales y la experiencia de los usuarios.
La Defensoría sostiene que uno de los principales aportes de DIPSA es precisamente ese contraste. La estrategia reúne a EPS, entidades gubernamentales, organismos de control, IPS y organizaciones de pacientes para identificar riesgos, generar compromisos y hacer seguimiento a las barreras encontradas.
Durante 2026 se realizaron 41 reuniones dentro de esta estrategia: 36 regionales y cinco nacionales. Sanitas fue incorporada posteriormente al grupo de EPS priorizadas, junto con entidades como Nueva EPS, Famisanar, Comfenalco Valle, Emssanar, Coosalud, Sura y Fomag-Magisterio.
El componente territorial es otro de los elementos destacados por la Defensoría. En departamentos como Guainía, Vichada, Vaupés, Amazonas y Guaviare, las distancias, la limitada oferta de servicios y los traslados dificultan especialmente el acceso a atención de mediana y alta complejidad.
La entidad concluye que las barreras de acceso no obedecen a una única causa. Según su análisis, las dificultades financieras, administrativas, territoriales y de gestión interactúan y terminan trasladando sus consecuencias a los pacientes.
Por eso, la Defensoría plantea que el sistema debe avanzar de la administración de contingencias hacia una gestión basada en resultados, con redes fortalecidas, capacidad para anticipar riesgos y garantías de atención oportuna y de calidad.
En el caso de Sanitas, los datos de septiembre dejan planteada una pregunta concreta: cómo explicar que la EPS reporte una efectividad de entrega de medicamentos del 98,3 %, mientras que los 110 usuarios consultados por la Defensoría reportaron problemas y el 68 % de esas dificultades estuvo relacionado con la falta de disponibilidad. La respuesta requiere contrastar los indicadores, los criterios utilizados para medirlos y las condiciones reales de entrega.
El informe tampoco permite atribuir todas las dificultades del sistema a una sola EPS o a un único operador farmacéutico. Su conclusión es más amplia: mientras persistan las fallas de disponibilidad, las barreras administrativas y las dificultades territoriales, una parte de los costos y de las consecuencias continuará recayendo sobre los usuarios.
