La investigación de la Fiscalía General de la Nación por el escándalo de los denominados ‘sexocontratos’, relacionado con las presuntas irregularidades en la asignación de contratos y cargos públicos a cambio de favores sexuales durante el gobierno de Gustavo Petro, tuvo un nuevo episodio el viernes 13 de noviembre. Deicy Jiménez y Angie Rodríguez, dos de las mujeres que ocupan un lugar relevante en el expediente, no comparecieron a las diligencias para las que habían sido citadas, aunque sus situaciones y condiciones procesales son diferentes.
Las dos inasistencias generaron interrogantes sobre el avance de una investigación que busca establecer si existió una estructura de intercambio de favores sexuales por vinculaciones laborales y contratos en entidades estatales. Sin embargo, las explicaciones entregadas por las involucradas apuntan a circunstancias distintas. Mientras Jiménez no pudo asistir debido a un inconveniente de salud que afectó al esposo de su abogada, Rodríguez informó que se encontraba incapacitada médicamente hasta el 20 de noviembre.
El caso de Deicy Jiménez tiene particular importancia porque sus declaraciones y los elementos que ha entregado a las autoridades hacen parte de los antecedentes de la investigación. La mujer estaba citada en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá, para rendir una declaración juramentada sobre los hechos que ha denunciado y las circunstancias en las que habría obtenido vinculaciones y contratos con entidades públicas. La diligencia debía permitir a los investigadores ampliar la información sobre los funcionarios y las personas que presuntamente habrían intervenido en esos procedimientos.
Jiménez no llegó a la cita acompañada de su abogada, Dina Luz Malo. La explicación entregada al ente investigador fue que el esposo de la jurista había sufrido un percance de salud, situación que les impidió presentarse. De acuerdo con la información conocida sobre el episodio, la Fiscalía esperaba que ambas pudieran comparecer posteriormente, incluso durante el fin de semana, con el propósito de avanzar en la recepción de la declaración.
La ausencia de Jiménez se produjo después de que la Fiscalía adelantara un procedimiento técnico sobre su teléfono celular. El dispositivo fue sometido a una extracción forense que se extendió durante más de 15 horas, con el objetivo de recuperar información relevante para la investigación. Entre los elementos examinados se encuentran conversaciones, fotografías, videos, grabaciones y otros archivos que permitirían reconstruir las comunicaciones y los contactos relacionados con las presuntas vinculaciones laborales.
La extracción de información digital representa uno de los componentes importantes del expediente, debido a que las conversaciones podrían permitir contrastar las afirmaciones de Jiménez con las actuaciones de funcionarios y dependencias estatales. Los investigadores buscan establecer cómo se habrían gestionado determinados contratos, quiénes intervinieron en las decisiones y si existieron instrucciones o intermediaciones para facilitar el ingreso de personas a diferentes entidades públicas.
En el caso de Angie Rodríguez, la situación tiene una dimensión procesal diferente. La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) fue citada por la Fiscalía para rendir un interrogatorio en calidad de indiciada. La diligencia estaba prevista para el mismo viernes 13 de noviembre, pero Rodríguez informó que tenía una incapacidad médica vigente hasta el 20 de noviembre, razón por la cual no podía presentarse ante los investigadores.
La condición de indiciada marca una diferencia importante frente a una citación como testigo. En este caso, la Fiscalía busca conocer su versión sobre hechos en los que examina una posible participación de la exfuncionaria. Esto no significa que haya sido imputada, acusada o declarada responsable de algún delito, pero sí representa un avance en la delimitación de las personas cuyas actuaciones están siendo objeto de investigación.
La citación de Rodríguez está relacionada con las comunicaciones y actuaciones que habrían tenido lugar durante su paso por la administración de la Presidencia. Entre los elementos que la Fiscalía busca esclarecer aparecen conversaciones atribuidas al entonces presidente Gustavo Petro y a la exdirectora del Dapre, en las que presuntamente se habrían impartido instrucciones para mantener vinculada a Deicy Jiménez al Estado y remitir su hoja de vida a otras entidades públicas.
Ese componente del expediente es especialmente relevante porque permitiría establecer si las gestiones para conseguir o conservar contratos y puestos en el sector público respondieron a procedimientos administrativos regulares o si existieron intervenciones indebidas de funcionarios con capacidad de decisión. La Fiscalía deberá determinar el contexto de las comunicaciones, verificar su autenticidad y establecer qué actuaciones concretas se realizaron a partir de ellas.
Rodríguez, quien fue una de las funcionarias más cercanas al presidente Petro durante su permanencia en el Dapre, deberá explicar las circunstancias de esas gestiones y su eventual relación con las vinculaciones cuestionadas. La diligencia también podría permitir a los investigadores conocer qué información recibió sobre Jiménez, qué instrucciones se impartieron y cuál fue su participación en los trámites administrativos mencionados en el expediente.
La reserva de la investigación constituye otro elemento del caso. De acuerdo con la información divulgada por medios de comunicación, el interrogatorio de Rodríguez se manejaría bajo condiciones de confidencialidad, en un contexto en el que la exfuncionaria ha denunciado amenazas contra su vida. La Fiscalía deberá garantizar las condiciones necesarias para recibir su versión y avanzar en el esclarecimiento de los hechos sin poner en riesgo su seguridad.
La diferencia entre las dos citaciones también es importante para entender el alcance de la investigación. Deicy Jiménez fue convocada para rendir una declaración juramentada, mientras que Rodríguez debía responder un interrogatorio como indiciada. Esta última condición no implica que exista una imputación ni que se haya demostrado su participación en un delito; significa que la Fiscalía examina su posible intervención y debe garantizarle los derechos correspondientes.
En el expediente también se ha mencionado la posibilidad de evaluar mecanismos de colaboración con la justicia, como el principio de oportunidad o los preacuerdos, dependiendo de la evolución de las actuaciones y de los elementos que puedan aportar las personas involucradas. Sin embargo, no hay que confundir esa posibilidad con una negociación aprobada o con un reconocimiento de responsabilidad penal.
La investigación tiene, además, una dimensión política por la cercanía de Rodríguez con el gobierno de Gustavo Petro y por las referencias al entonces mandatario en las comunicaciones examinadas. No obstante, la existencia de conversaciones o instrucciones atribuidas al presidente no demuestra por sí sola una conducta irregular. Los investigadores tendrán que establecer qué decisiones se adoptaron, quiénes las ejecutaron y si se ajustaron a los procedimientos administrativos.
Por ahora, las dos diligencias quedaron pendientes. La Fiscalía deberá coordinar una nueva comparecencia de Jiménez con su abogada y fijar otra fecha para el interrogatorio de Rodríguez, una vez finalice la incapacidad médica reportada hasta el 20 de noviembre.
El avance del caso dependerá del contraste entre las declaraciones, la información extraída del teléfono de Jiménez, las comunicaciones bajo revisión y los registros de contratación. La Fiscalía busca establecer si existió un mecanismo de intercambio de favores sexuales por cargos o contratos públicos y determinar las eventuales responsabilidades individuales. Las inasistencias del viernes, por sí solas, no constituyen prueba de evasión de la justicia ni permiten anticipar conclusiones sobre la culpabilidad de las involucradas.






