Consejo de Estado permite a De la Espriella decir «¡Viva Cristo Rey!», pero le exige respetar a los ciudadanos ateos

En un primer fallo, la Sección Quinta determinó que el mandatario puede continuar utilizando la expresión «¡Viva Cristo Rey!» en sus discursos y publicaciones, al considerar que esa manifestación corresponde al ejercicio de sus convicciones personales y no constituye, por sí misma, una vulneración del principio de laicidad. Sin embargo, en otra decisión, la corporación encontró que el presidente vulneró los derechos de un ciudadano ateo al referirse a las personas que no profesan una religión como enemigas de los valores fundamentales de la nación - Foto: Casa Real Española

En un primer fallo, la Sección Quinta determinó que el mandatario puede continuar utilizando la expresión «¡Viva Cristo Rey!» en sus discursos y publicaciones, al considerar que esa manifestación corresponde al ejercicio de sus convicciones personales y no constituye, por sí misma, una vulneración del principio de laicidad. Sin embargo, en otra decisión, la corporación encontró que el presidente vulneró los derechos de un ciudadano ateo al referirse a las personas que no profesan una religión como enemigas de los valores fundamentales de la nación - Foto: Casa Real Española

El Consejo de Estado tomó dos decisiones relacionadas con las manifestaciones religiosas del presidente Abelardo de la Espriella que establecen los alcances de su libertad de expresión y los límites que debe respetar como jefe de Estado.

En un primer fallo, la Sección Quinta determinó que el mandatario puede continuar utilizando la expresión «¡Viva Cristo Rey!» en sus discursos y publicaciones, al considerar que esa manifestación corresponde al ejercicio de sus convicciones personales y no constituye, por sí misma, una vulneración del principio de laicidad. Sin embargo, en otra decisión, la corporación encontró que el presidente vulneró los derechos de un ciudadano ateo al referirse a las personas que no profesan una religión como enemigas de los valores fundamentales de la nación.

Las dos decisiones se conocieron el 13 de noviembre de 2026 y respondieron a acciones de tutela diferentes. Aunque ambas abordaron la relación entre las creencias personales del mandatario y la neutralidad religiosa que debe mantener el Estado, sus resultados fueron distintos. En el primer caso, el Consejo de Estado negó las pretensiones de un ciudadano que cuestionaba varias actuaciones públicas de carácter religioso del presidente y de integrantes de su Gobierno. En el segundo, concedió la protección solicitada por un ciudadano que consideró discriminatorias unas declaraciones pronunciadas por De la Espriella en el Ministerio de Cultura.

La primera tutela fue presentada por Román Camilo Díaz Fernández contra el presidente, la ministra de las Culturas, Paola Holguín, y el entonces ministro del Interior, Rodrigo Lara. El demandante argumentó que el Gobierno estaba favoreciendo determinadas confesiones religiosas mediante intervenciones públicas, ceremonias y publicaciones institucionales. Entre los hechos cuestionados estaban la participación del presidente en una ceremonia de coronación de la imagen de la Virgen de Fátima, su visita a una sinagoga en Barranquilla y el uso reiterado de la expresión «¡Viva Cristo Rey!».

El ciudadano también cuestionó la utilización de recursos públicos en actividades relacionadas con manifestaciones religiosas y consideró que estas actuaciones podían desconocer el carácter laico del Estado colombiano. Su planteamiento se fundamentó en que las autoridades tienen la obligación de garantizar la igualdad entre las distintas confesiones y evitar que el aparato institucional se convierta en un instrumento de promoción de una creencia particular.

Al estudiar la demanda, la Sección Quinta del Consejo de Estado estableció que los funcionarios públicos no pierden sus derechos fundamentales por ocupar cargos de representación estatal. En consecuencia, el presidente conserva su libertad de conciencia, de culto y de expresión, incluso cuando participa en escenarios oficiales. Para la corporación, expresar una convicción religiosa no significa necesariamente que el Estado esté adoptando esa creencia como propia o que esté imponiéndola a los ciudadanos.

Uno de los aspectos centrales del fallo fue el uso de la expresión «¡Viva Cristo Rey!», que De la Espriella ha utilizado en diferentes intervenciones públicas y publicaciones. El Consejo de Estado consideró que, en las circunstancias examinadas, esa manifestación no demostraba una vulneración del principio de neutralidad religiosa. La decisión estableció una diferencia entre expresar una convicción personal y utilizar la autoridad institucional para favorecer una religión o discriminar a quienes profesan otras creencias.

La tutela también examinó la participación del mandatario en la coronación de la imagen de la Virgen de Fátima, durante la Gran Velatón por Colombia, realizada el 28 de agosto. El tribunal consideró que la actividad tenía una finalidad secular relacionada con la solidaridad y el acompañamiento a las víctimas del terremoto ocurrido el 10 de agosto. Por esa razón, no encontró que la ceremonia representara necesariamente una apropiación de los recursos o de la institucionalidad estatal para promover el catolicismo.

En cuanto a los recursos destinados a la producción técnica y audiovisual del evento, la decisión examinó un contrato por 326.407.833 pesos. El Consejo de Estado consideró que los recursos tenían una finalidad contractual específica y que no se había demostrado que su utilización representara financiación estatal de una actividad de promoción religiosa. También revisó la visita del presidente a la sinagoga Beth-El de Barranquilla, durante la cual utilizó una kipá, y concluyó que el gesto correspondía a un contexto de acercamiento diplomático y respeto hacia la comunidad judía.

Sin embargo, el segundo fallo introdujo una precisión importante sobre los límites de las manifestaciones religiosas del mandatario. En esta oportunidad, la tutela fue presentada por un ciudadano ateo que cuestionó unas declaraciones pronunciadas por De la Espriella el 15 de octubre de 2026, durante un discurso en la sede del Ministerio de Cultura. En esa intervención, el presidente afirmó que el Estado debía impedir que los espacios culturales fueran captados por el «social-comunismo ateo y enemigo de los valores fundamentales de la nación».

El ciudadano argumentó que esas expresiones lo estigmatizaban por no profesar una religión y lo presentaban como una persona contraria a los principios de la sociedad colombiana. Consideró que el mandatario había sobrepasado los límites de su libertad de expresión al utilizar un escenario institucional para asociar el ateísmo con una amenaza contra los valores nacionales. La Sección Quinta del Consejo de Estado encontró que sus derechos a la igualdad y a la libertad de conciencia habían sido vulnerados.

La corporación recordó que la Constitución protege tanto la libertad de profesar una religión como el derecho a no tener ninguna. En ese sentido, las personas ateas y agnósticas tienen las mismas garantías constitucionales que quienes pertenecen a una iglesia o profesan una creencia religiosa. El Estado no puede establecer diferencias entre ciudadanos por sus convicciones filosóficas ni presentar a quienes no creen en Dios como enemigos de la sociedad o de la nación.

El tribunal también consideró relevante que las declaraciones hubieran sido pronunciadas durante un discurso oficial en una sede del Gobierno. Esa circunstancia implica que las expresiones del presidente no podían analizarse únicamente como opiniones privadas, pues estaban vinculadas con el ejercicio de su función pública. La neutralidad religiosa exige que las autoridades garanticen un trato igualitario y eviten utilizar su posición para estigmatizar a sectores de la población por sus creencias o por la ausencia de ellas.

Como consecuencia de esta segunda decisión, el Consejo de Estado ordenó al presidente emitir un pronunciamiento público en un plazo de cinco días, con un alcance equivalente al discurso del 15 de octubre. En esa intervención deberá reconocer que las convicciones no religiosas también están protegidas por la Constitución y que quienes profesan el ateísmo no son enemigos de los valores de la nación. La orden busca corregir el mensaje que motivó la acción judicial y garantizar que la ciudadanía conozca el alcance de la protección constitucional.

Adicionalmente, la corporación dispuso que el mandatario y el Ministerio de las Culturas retiraran los videos del discurso de sus respectivos canales de YouTube en un plazo de 48 horas. También advirtió al presidente que debe abstenerse de realizar manifestaciones que estigmaticen o excluyan a las personas por sus convicciones religiosas o filosóficas. De esta manera, el fallo no le impide expresar sus creencias personales, pero establece que no puede utilizar su investidura para descalificar a quienes tienen una visión diferente.

Las dos decisiones tienen como fundamento los principios establecidos en los artículos 13 y 19 de la Constitución Política. El primero garantiza el derecho a la igualdad y prohíbe la discriminación, entre otras razones, por motivos religiosos. El segundo protege la libertad de cultos y establece que todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Estos derechos también amparan a quienes no profesan ninguna religión y obligan a las autoridades a mantener una posición institucional de neutralidad.

El caso también reabre la discusión sobre el alcance del Estado laico en Colombia. Aunque la Constitución de 1991 no prohíbe que los funcionarios expresen sus convicciones personales, sí impide que el Estado adopte una religión oficial o establezca privilegios injustificados para una confesión. La diferencia está en el contexto, la finalidad y las consecuencias de las actuaciones públicas. Una expresión de fe no representa automáticamente una vulneración constitucional, pero una declaración que excluya o estigmatice a ciudadanos por sus convicciones puede comprometer la responsabilidad institucional del funcionario.

Por eso, el hecho de que el Consejo de Estado haya permitido a De la Espriella continuar utilizando «¡Viva Cristo Rey!» no significa que le haya concedido una autorización general para realizar cualquier manifestación religiosa desde la Presidencia. El pronunciamiento se refiere a los hechos concretos examinados en la primera tutela. De igual manera, la decisión favorable al ciudadano ateo no obliga al mandatario a renunciar a sus creencias, sino que le exige respetar la igualdad y la libertad de conciencia de quienes representa.

La coexistencia de los dos fallos deja un mensaje jurídico sobre el ejercicio de la Presidencia: el mandatario puede expresar sus convicciones, pero no puede convertirlas en un criterio para determinar quién pertenece a la nación, quién representa sus valores o quién merece el mismo reconocimiento institucional. La libertad religiosa protege tanto a quienes creen como a quienes no creen, y esa garantía debe mantenerse independientemente de las preferencias personales de quien ocupa el poder.

De esta manera, el Consejo de Estado no prohibió el «¡Viva Cristo Rey!» ni declaró que las manifestaciones religiosas del presidente estuvieran por fuera de todo control constitucional. Por el contrario, delimitó dos situaciones distintas: la expresión de una convicción personal, que está protegida por la Constitución, y la utilización del discurso oficial para estigmatizar a ciudadanos por sus creencias o por su ausencia, que puede constituir una vulneración de derechos fundamentales.

El debate, por tanto, no consiste en determinar si el presidente puede profesar públicamente su fe, sino en establecer hasta dónde puede llevar esas convicciones cuando habla y actúa en nombre del Estado. Las decisiones del Consejo de Estado recuerdan que la Presidencia representa a todos los colombianos, independientemente de su religión, de su filosofía de vida o de su decisión de no profesar ninguna creencia. El derecho del presidente a expresar su fe no elimina la obligación del Estado de garantizar que quienes no comparten esa fe también sean reconocidos como ciudadanos en igualdad de condiciones.

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