El derrumbe de una mina de oro en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, en el litoral Pacífico de Nariño, dejó 14 personas muertas y otras siete heridas. La emergencia se registró en la mañana del lunes 19 de octubre de 2026, en una zona rural de difícil acceso, y las autoridades departamentales confirmaron el balance definitivo el martes 20 de octubre.
El accidente ocurrió en el sector de Chambero, también identificado en algunos reportes como El Chambergo, donde varias personas realizaban labores de extracción artesanal de oro. Un deslizamiento de tierra provocó el colapso de un talud y sepultó a los trabajadores que se encontraban en el lugar.
De acuerdo con los reportes de las autoridades y medios de comunicación, cerca de 30 personas estaban en la explotación cuando ocurrió el derrumbe. La fuerza del movimiento de tierra arrastró lodo, arena y piedras, lo que dificultó las labores de búsqueda y recuperación de las víctimas.
El balance entregado por la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño confirmó que 14 personas perdieron la vida y siete sobrevivieron con heridas de diversa consideración. Con la actualización de las cifras, las autoridades dieron por terminadas las labores de búsqueda y concentraron la atención en los afectados y sus familias.
La tragedia tuvo un impacto particular entre las mujeres de la comunidad. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, informó que 12 de las 14 personas fallecidas eran mujeres y señaló que muchas de ellas eran madres cabeza de hogar que trabajaban para sostener a sus familias.
“Hay familias enteras que han perdido la vida en este lamentable hecho que nos llena de mucho pesar”, manifestó el mandatario departamental, quien expresó su solidaridad con Santa Bárbara de Iscuandé y con los familiares de las víctimas. La pérdida de varias personas pertenecientes a un mismo núcleo familiar agravó las consecuencias sociales de la emergencia.
Las labores de rescate se desarrollaron en condiciones complejas por la ubicación del yacimiento. El sector afectado se encuentra en una zona rural del Pacífico de Nariño, donde los desplazamientos desde la cabecera municipal requieren transporte fluvial y pueden tomar alrededor de una hora y media.
Las dificultades de acceso también condicionaron la respuesta institucional. La presencia de grupos armados ilegales en la región y los problemas de seguridad complicaron el desplazamiento de equipos especializados, según reportes sobre la emergencia. La situación puso de manifiesto los obstáculos que enfrentan los organismos de socorro para atender accidentes en territorios apartados.
La explotación donde ocurrió el accidente operaba sin los permisos correspondientes, de acuerdo con los reportes publicados por Reuters y Associated Press. Esa condición situó el caso en el debate sobre los riesgos de la minería ilegal y las dificultades para ejercer controles efectivos en zonas donde la extracción de oro constituye una fuente de ingresos para numerosas familias.
La minería artesanal representa una actividad económica importante para comunidades del litoral Pacífico. Sin embargo, cuando se desarrolla sin condiciones técnicas adecuadas, controles de estabilidad del terreno y medidas de protección para los trabajadores, puede exponer a quienes dependen de ella a accidentes con consecuencias mortales.
Tras conocerse el balance, el gobernador Escobar insistió en la necesidad de atender la situación de la minería ilegal en el departamento. El mandatario planteó que la tragedia debe llevar a las autoridades nacionales a revisar las condiciones en las que se desarrolla la extracción artesanal de oro y a acelerar las alternativas de formalización para los pequeños mineros.
La formalización minera es uno de los asuntos centrales del debate. El proceso busca que los trabajadores y las unidades productivas cumplan las normas aplicables y puedan desarrollar sus actividades bajo condiciones legales y técnicas verificables. En territorios con una presencia institucional limitada, ese proceso también requiere asistencia técnica, capacidad de inspección y alternativas económicas para las comunidades.
El accidente de Iscuandé no fue el único episodio mortal registrado recientemente en Nariño. El 19 de agosto de 2026, otro colapso minero en el municipio de Policarpa dejó 13 personas fallecidas, de acuerdo con reportes periodísticos sobre las dos emergencias. La suma de ambos balances asciende a 27 víctimas mortales en menos de tres meses.
La repetición de accidentes de esta magnitud plantea interrogantes sobre la prevención de riesgos en las explotaciones mineras. Entre los aspectos que requieren revisión están las condiciones de estabilidad de los taludes, el manejo del agua, los procedimientos de extracción y la capacidad de las autoridades para identificar y controlar operaciones que funcionan sin autorización.
En el caso de Santa Bárbara de Iscuandé, los reportes iniciales señalaron que el movimiento de tierra fue el desencadenante inmediato del colapso. Sin embargo, la determinación de las causas técnicas exige información oficial sobre las características del terreno, las condiciones de la explotación y las circunstancias en las que se encontraban los trabajadores.
La presencia de organizaciones armadas ilegales añade otra dimensión al problema. En distintas zonas de Colombia, la explotación ilegal de oro se ha convertido en una fuente de financiación para estructuras criminales. No obstante, establecer si algún grupo ejercía control sobre la mina de Iscuandé o participaba en su operación requiere pruebas específicas, más allá de la situación de orden público en la región.
La emergencia también dejó en evidencia la vulnerabilidad económica de los trabajadores que dependen de la extracción artesanal. Para muchas familias, la actividad minera constituye una fuente directa de ingresos en territorios donde las oportunidades laborales son limitadas. Esa dependencia dificulta que las medidas de control, por sí solas, resuelvan los problemas asociados con la informalidad.
Después de concluir las labores de búsqueda, la Gobernación de Nariño informó que la atención se concentraría en acompañar a los familiares de las personas fallecidas y a quienes resultaron heridos. La magnitud de las pérdidas obliga también a identificar las necesidades de los hogares afectados, en particular los que dependían económicamente de las víctimas.
El caso abre preguntas sobre las responsabilidades de las autoridades encargadas de la fiscalización minera, la gestión del riesgo y la atención de emergencias. Para establecer si hubo fallas de prevención o vigilancia, será necesario conocer si existían antecedentes sobre la explotación, qué entidades tenían competencia en el lugar y si se habían realizado inspecciones antes del accidente.
También será importante determinar qué alternativas concretas ofrece el Estado a los pequeños mineros de la región. La formalización, el acompañamiento técnico y la vigilancia de las condiciones de seguridad son componentes que deben examinarse junto con las medidas contra las explotaciones ilegales, para evitar que las comunidades queden expuestas a riesgos similares.
Con 14 personas fallecidas, siete heridas y familias que perdieron a sus principales fuentes de sustento, el derrumbe de Iscuandé se convirtió en una nueva advertencia sobre los riesgos de la extracción de oro en el Pacífico nariñense. La investigación de las causas y las decisiones que adopten las autoridades serán determinantes para establecer responsabilidades y evaluar qué medidas pueden prevenir otra tragedia.
