La abogada Yessika Hoyos Morales y tres integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), capítulo Sucre, denunciaron amenazas de muerte que relacionan con su trabajo en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de la masacre de La Guaripa. Las intimidaciones se conocieron el 18 de octubre de 2026, semanas después de que el Tribunal Superior de Sincelejo emitiera la condena contra William Martínez Santamaría por su responsabilidad en los homicidios de tres hermanos campesinos.
El caso generó preocupación entre las organizaciones defensoras de derechos humanos, que solicitaron a las autoridades adoptar medidas urgentes para proteger a las personas amenazadas e investigar el origen de los mensajes. La Defensoría del Pueblo rechazó las intimidaciones y pidió una respuesta institucional que garantice la seguridad de quienes acompañan a las víctimas en procesos judiciales.
Las personas afectadas son Yessika Hoyos, abogada del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR); Candelaria Barrios Acosta, vocera del MOVICE en Sucre; Malena Martínez Montoya, integrante del movimiento, y Juan David Díaz Chamorro, también vocero de la organización en el departamento.
Según la denuncia pública del CAJAR y la información difundida por medios de comunicación, el domingo 18 de octubre, hacia la 1:05 de la tarde, Hoyos y Barrios recibieron en sus teléfonos celulares un mensaje intimidatorio. En este se advertía sobre posibles represalias si William Martínez Santamaría ingresaba a prisión y se afirmaba que las personas mencionadas estaban siendo objeto de seguimiento.
El contenido del mensaje encendió las alertas por la referencia directa al proceso judicial y por la posibilidad de que las intimidaciones buscaran afectar el trabajo de quienes representan y acompañan a las víctimas. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido públicamente quién envió el mensaje ni quiénes estarían detrás de las amenazas.
El CAJAR señaló que las intimidaciones se produjeron en un contexto relacionado con la búsqueda de justicia por la masacre de La Guaripa. La organización pidió que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes, además de que se adopten medidas para evitar que las amenazas se materialicen.
La masacre ocurrió el 25 de enero de 2018 en el corregimiento de La Guaripa, en el municipio de Sucre, departamento de Sucre. En esa fecha fueron asesinados los hermanos Humberto Escobar Mercado, Preliciano Mercado García y Eusebio Osorio Mercado, quienes se encontraban trabajando en el cercamiento del predio rural El Trébol, en medio de una disputa por tierras.
Los homicidios provocaron un proceso judicial que se extendió durante varios años y que estuvo marcado por las actuaciones de los familiares de las víctimas y de sus representantes legales. La búsqueda de justicia también involucró a organizaciones defensoras de derechos humanos que acompañaron el caso y reclamaron el esclarecimiento de los hechos.
En septiembre de 2026, el Tribunal Superior de Sincelejo condenó a 27 años de prisión a William Martínez Santamaría, exdirector de la Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre), al establecer su responsabilidad como determinador de los homicidios. La decisión revirtió la absolución de primera instancia, después de que la Fiscalía y la representación de las víctimas apelaran el fallo.
El tribunal también condenó a tres personas señaladas como autores materiales de los asesinatos. La decisión representó un avance judicial para los familiares de los campesinos y para quienes durante años insistieron en que se investigara tanto la ejecución de los crímenes como la posible participación de quienes los habrían determinado.
Yessika Hoyos participó en el proceso como representante de las víctimas. Su trabajo jurídico incluyó la impugnación de la absolución inicial y el acompañamiento a los familiares de los tres campesinos. Por esa razón, la referencia al proceso judicial en el mensaje intimidatorio resulta central para comprender el contexto en el que se produjeron las amenazas, aunque no demuestra por sí misma quién las ordenó.
La abogada también ha señalado que, antes de los asesinatos, familiares de las víctimas habían recibido intimidaciones y que se habían presentado denuncias ante la Fiscalía. Según sus declaraciones, algunos testigos directos también fueron amenazados. Estos antecedentes deberán examinarse junto con las nuevas denuncias para determinar si existe una relación entre los distintos episodios.
El caso también tiene una dimensión política en Sucre. William Martínez Santamaría fue identificado en publicaciones periodísticas como tío y padrino político de Andrés Gómez Martínez, quien llegó a la Alcaldía de Sincelejo para el periodo 2020-2023. La campaña de Gómez en 2019 recibió el respaldo de una coalición integrada por Cambio Radical, el Centro Democrático, el Partido de la U y el Partido Conservador, y estuvo vinculada electoralmente con Yahir Acuña, actual alcalde de Sincelejo. La trayectoria de Martínez también fue objeto de cuestionamientos disciplinarios relacionados con su gestión en Comfasucre. Estos antecedentes permiten examinar las relaciones de poder alrededor del caso, pero no prueban que los dirigentes mencionados hayan participado en los homicidios o en las amenazas recientes.
Tras conocerse las intimidaciones, el CAJAR solicitó al Gobierno nacional, al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Sucre y a las alcaldías correspondientes activar los mecanismos de prevención y protección. También pidió convocar las instancias territoriales de garantías para evaluar el riesgo y establecer medidas que respondan a la situación de las personas afectadas.
La organización reclamó, además, que la Fiscalía investigue el origen de los mensajes, identifique a sus responsables y determine si las amenazas están relacionadas con el proceso judicial por la masacre. El esclarecimiento de estos hechos es fundamental para evitar que la intimidación se convierta en un mecanismo para obstaculizar la representación de las víctimas o condicionar el desarrollo de actuaciones judiciales.
La Defensoría del Pueblo rechazó las amenazas contra los integrantes del MOVICE y la abogada del CAJAR. La entidad solicitó medidas urgentes de protección y recordó que las personas defensoras de derechos humanos deben poder desarrollar sus actividades sin ser objeto de intimidaciones o agresiones.
El organismo también recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en 2006 a integrantes del MOVICE, capítulo Sucre, entre ellos Malena Martínez Montoya y Juan David Díaz Chamorro. Ese antecedente hace parte del contexto de riesgo que la Defensoría pidió tener en cuenta al evaluar las nuevas amenazas.
La situación se suma a los antecedentes de violencia contra integrantes del CAJAR. En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por violaciones de derechos humanos cometidas contra miembros de ese colectivo y sus familias durante varias décadas. La Defensoría citó este precedente para insistir en la necesidad de una respuesta integral frente a las nuevas intimidaciones.
El pronunciamiento institucional también puso de relieve la importancia de proteger a quienes representan a víctimas de crímenes de Estado y participan en procesos relacionados con graves violaciones de derechos humanos. Para las organizaciones, las garantías de seguridad son indispensables para que los familiares puedan continuar sus reclamaciones sin exponerse a nuevas agresiones.
El MOVICE, por su parte, ha desarrollado labores de acompañamiento a víctimas, documentación de casos y exigencia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En Sucre, su trabajo se relaciona con procesos de memoria y reclamación de derechos de comunidades afectadas por la violencia y las disputas territoriales.
Las amenazas también plantean interrogantes sobre la protección de los testigos y de las personas que intervienen en procesos judiciales de alto impacto local. La identificación de los responsables, el análisis del contenido de los mensajes y la evaluación de los riesgos individuales serán elementos importantes para establecer las medidas de prevención necesarias.
En el ámbito nacional, el CAJAR advirtió que entre enero y agosto de 2026 fueron asesinados al menos 112 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. La cifra, divulgada por la organización, fue presentada como parte del contexto de riesgo que enfrentan quienes acompañan procesos de víctimas y defienden derechos fundamentales.
Este panorama refuerza la preocupación de las organizaciones por la seguridad de los integrantes del MOVICE y de la abogada Yessika Hoyos. No obstante, la cifra nacional corresponde a un contexto más amplio y no permite establecer, por sí sola, las circunstancias particulares de las amenazas denunciadas en Sucre.
Por ahora, los hechos conocidos permiten establecer que cuatro personas denunciaron intimidaciones, que uno de los mensajes mencionó el proceso judicial contra Martínez y que la Defensoría del Pueblo pidió medidas urgentes. La identidad de quienes enviaron las amenazas, sus motivaciones y la posible existencia de otras personas involucradas continúan pendientes de esclarecimiento.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en que las autoridades deben actuar con rapidez para proteger a los afectados y evitar nuevas agresiones. También reclaman que la investigación no se limite a identificar a quien envió los mensajes, sino que determine si existió una estructura detrás de las intimidaciones y si estas buscaban interferir en el proceso judicial.
La respuesta institucional será determinante para garantizar que las víctimas de la masacre de La Guaripa y sus representantes puedan continuar con sus reclamaciones. Mientras avanzan las investigaciones, la prioridad es establecer las condiciones de seguridad de las cuatro personas amenazadas y esclarecer los hechos sin atribuir responsabilidades que todavía no han sido demostradas.
