El presidente Abelardo de la Espriella anunció este 25 de septiembre que el proyecto de construcción de plantas desalinizadoras para Santa Marta no continuará en los términos planteados. Según el mandatario, la alternativa dejó de ser técnicamente viable y el Gobierno buscará otra solución para el abastecimiento de agua de la ciudad.
La decisión adquiere especial relevancia porque las desalinizadoras no fueron concebidas por la actual administración. El proyecto fue declarado de importancia estratégica mediante el Documento CONPES 4159, aprobado el 29 de septiembre de 2025, durante el gobierno anterior.
El CONPES contempló estudios, diseños, construcción, instalación y puesta en marcha de dos plantas para Santa Marta y Taganga, como parte de una estrategia para enfrentar el riesgo de desabastecimiento de agua potable que afecta al distrito.
La iniciativa tenía un costo estimado de $786.032 millones y contaba con respaldo fiscal para comprometer recursos en varias vigencias. El documento proyectaba que las obras permitieran aumentar la oferta de agua potable y beneficiar a cientos de miles de habitantes hacia 2030.
El proyecto no surgió únicamente como una decisión administrativa del gobierno anterior. El CONPES lo vinculó con la crisis estructural de abastecimiento de Santa Marta, atribuida al crecimiento poblacional, la expansión urbana, la limitada oferta hídrica y la sobreexplotación de acuíferos.
El documento también planteó la desalación como una fuente complementaria de abastecimiento y señaló que se utilizarían procesos probados para el aprovechamiento del agua de mar. Esa consideración resulta relevante frente a la afirmación actual del presidente de que la alternativa ya no es técnicamente viable.
La primera controversia de la nueva administración no estuvo relacionada, al menos públicamente, con la tecnología de desalación. El 28 de julio, la Procuraduría pidió suspender preventivamente el procedimiento contractual asociado al proyecto y solicitó a ESSMAR información técnica, jurídica, financiera y contractual.
El Ministerio Público señaló posibles riesgos relacionados con la planeación, transparencia, selección objetiva, responsabilidad, economía y libre concurrencia. También pidió revisar los estudios, diseños, análisis del sector, estudios de mercado, requisitos habilitantes y fuentes de financiación.
Pero hay una precisión fundamental: la actuación de la Procuraduría fue preventiva. El organismo no concluyó que hubiera corrupción ni determinó que la desalación fuera técnicamente inviable. Su actuación buscaba evitar la consolidación de eventuales riesgos en la contratación.
Además, ESSMAR aclaró en agosto que no existía una licitación adjudicada ni un contrato firmado por los más de $786.000 millones. Lo que se había adelantado durante la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos era una solicitud de ofertas no vinculantes o cotizaciones.
Ese dato cambia el alcance de la discusión. Si no existía un contrato adjudicado, la eventual corrección de la estructuración podía hacerse antes de comprometer definitivamente los recursos públicos y sin que necesariamente implicara abandonar la solución de abastecimiento.
De hecho, la cronología muestra que durante agosto el proyecto todavía parecía tener futuro. El 30 de agosto, después de una reunión del alcalde Carlos Pinedo con el Ministerio de Vivienda, la administración distrital aseguró que las desalinizadoras se habían “destrabado” y que avanzarían hacia una nueva etapa de contratación.
Menos de un mes después, sin embargo, el presidente anunció que las plantas no continuarían. La explicación entregada por De la Espriella fue categórica: sostuvo que la alternativa “ya técnicamente no es viable” y anunció que los recursos serían utilizados para replantear la solución al problema del agua.
La diferencia entre ambas posiciones abre una pregunta que todavía requiere documentación: ¿qué cambió técnicamente entre la decisión de destrabar el proyecto en agosto y el anuncio presidencial de septiembre?
El Gobierno puede, naturalmente, modificar proyectos heredados cuando nuevos estudios concluyen que una alternativa no es conveniente, eficiente o viable. El punto periodístico es establecer cuáles son esos estudios, cuándo fueron elaborados, quién los realizó y cuáles fueron sus conclusiones.
Hasta ahora, la declaración presidencial conocida públicamente no expone esos elementos técnicos. De la Espriella dijo que la desalación no era la vía adecuada y que existía otra alternativa, pero no presentó durante su intervención el proyecto concreto que reemplazará las plantas.
Esto resulta especialmente relevante porque el problema que pretendía atender el CONPES continúa vigente. El propio Gobierno reconoce que Santa Marta necesita una solución estructural para garantizar el abastecimiento de agua potable y que los recursos destinados inicialmente al proyecto permanecen disponibles.
Por eso, la discusión no debería reducirse a determinar si hubo o no irregularidades en el proceso contractual. Son dos preguntas diferentes: una se refiere a la transparencia y legalidad de la contratación; la otra, a la conveniencia técnica de la desalación como solución para el déficit hídrico.
La Procuraduría puso bajo revisión el primer asunto. La decisión presidencial introduce ahora el segundo. Sin embargo, no se trata de conclusiones equivalentes: que un procedimiento contractual tenga aspectos que deban corregirse no demuestra que la tecnología propuesta sea inviable.
La secuencia también permite examinar la dimensión política de la decisión sin convertirla en una conclusión anticipada. El proyecto fue estructurado bajo el gobierno anterior, recibió respaldo del CONPES y del Confis y posteriormente fue sometido a revisión por la nueva administración.
Eso no demuestra que su cancelación responda a que fue diseñado durante el gobierno de Gustavo Petro. Para sostener esa hipótesis sería necesario encontrar declaraciones, documentos o decisiones administrativas que vinculen expresamente el cambio de Gobierno con la decisión de abandonar la iniciativa.
Lo que sí puede establecerse es que el proyecto pasó de ser una iniciativa estratégica aprobada en 2025 a convertirse en objeto de revisión durante la administración de De la Espriella. En julio se cuestionó preventivamente su estructuración; en agosto el Distrito anunció que avanzaría; y en septiembre el presidente informó que las plantas quedaban descartadas.
En ese recorrido también hay un elemento que merece seguimiento: si las observaciones estaban concentradas en la forma como se estructuró la contratación, una alternativa posible habría sido corregir los estudios, ajustar los documentos y abrir un nuevo proceso. La información disponible no permite establecer todavía por qué esa ruta fue descartada.
La respuesta del Gobierno deberá pasar, por tanto, por algo más que el anuncio de una nueva alternativa. Tendrá que explicar qué estudio determinó la inviabilidad técnica de las desalinizadoras, qué variables fueron modificadas respecto del CONPES 4159 y cuánto costará la solución que las reemplazará.
También será necesario establecer si la nueva propuesta conservará los objetivos originales de cobertura y capacidad de producción de agua, cuánto tardará en entrar en operación y qué ocurrirá con los recursos que ya estaban respaldados para el proyecto. El CONPES había proyectado recursos para el periodo 2026-2030.
La pregunta central, entonces, no es solamente por qué se cayó una obra de más de $786.000 millones. Es si el Gobierno está corrigiendo una estructuración contractual heredada, sustituyendo una alternativa técnica después de nuevos estudios o desmontando una política pública del gobierno anterior para reemplazarla por otra.
Por el momento se desconoce qué estudio técnico concreto llevó al Gobierno a concluir que la desalación dejó de ser viable. Mientras ese soporte no sea divulgado, la decisión puede ser registrada como un cambio de rumbo frente a un proyecto heredado, pero no como prueba de que existió una motivación política ni como demostración definitiva de que la alternativa fuera técnicamente equivocada.
Para Santa Marta, la discusión tiene una consecuencia práctica: el problema del agua permanece y los recursos, según el propio presidente, siguen disponibles. La diferencia ahora será determinar qué solución los reemplazará, con qué estudios, en qué plazo y bajo qué esquema de contratación.
