La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó una decisión sobre los crímenes cometidos contra integrantes del pueblo arhuaco en 1990, en un caso que permaneció durante 36 años sin una respuesta judicial definitiva. La Sala de Reconocimiento de Verdad atribuyó responsabilidades por la tortura de dos indígenas y remitió a siete antiguos integrantes del Ejército a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) por su presunta participación en los hechos que terminaron con la vida de tres mamos.
La decisión se refiere a dos actuaciones distintas que deben diferenciarse. Por una parte, la JEP imputó el crimen de guerra de tortura al mayor retirado del Ejército Hernán Carrera Sanabria, quien reconoció su responsabilidad por los maltratos contra Amado y Vicente Villafañe Chaparro, integrantes del pueblo arhuaco.
Por otra, la Sala remitió a la UIA a siete antiguos miembros de la fuerza pública que no reconocieron responsabilidad por los delitos de secuestro, tortura, homicidio y desaparición relacionados con los asesinatos de los mamos Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres y Antonio Hugues Chaparro.
La remisión a la UIA no equivale a una condena ni significa que los siete militares hayan sido declarados culpables. Esa unidad deberá adelantar las investigaciones correspondientes y, si encuentra mérito, presentar una acusación ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz.
Los siete comparecientes remitidos son el general retirado Juan Salcedo Lora, quien fue comandante de la Segunda Brigada; el coronel retirado Luis Fernando Duque Izquierdo, antiguo comandante del Batallón La Popa; y el coronel retirado Luis Fernando Urrego Ávila, quien para la época de los hechos se desempeñaba como mayor de la Brigada Móvil No. 1.
También fueron remitidos el coronel retirado Rafael Mejía Roa, quien fue jefe de la Sección de Operaciones del Batallón La Popa; el coronel retirado Álvaro Matallana Eslava, antiguo comandante del Batallón Guajiros; el capitán retirado Pedro Antonio Fernández Ocampo, exjefe de la Sección de Inteligencia del Batallón La Popa, y Cosme García Camacho, antiguo integrante de esa misma sección.
La JEP calificó los hechos investigados como crímenes de guerra y de lesa humanidad, por su gravedad y por el contexto en el que ocurrieron. La decisión se produjo después de evaluar los aportes de verdad de los comparecientes y establecer que varios de ellos no reconocieron su responsabilidad en los crímenes atribuidos.
Los tres mamos fueron secuestrados cuando se dirigían a Bogotá para participar en un proceso relacionado con la Asamblea Nacional Constituyente. Su propósito era defender la autonomía de los pueblos indígenas, la protección de sus territorios ancestrales, el respeto por la naturaleza y la posibilidad de vivir en paz.
La investigación reconstruyó que los líderes espirituales fueron retenidos y llevados a distintos lugares de cautiverio en el departamento del Cesar. Uno de ellos fue una casa ubicada en la plaza Alfonso López, en Valledupar, que, según la reconstrucción de la JEP, era propiedad de la familia de los empresarios José y Carlos Mattos.
Otro de los sitios identificados fue la hacienda ganadera Bethania, en el municipio de El Copey, propiedad de Luis Alberto Restrepo. De acuerdo con la investigación, en ese lugar permanecían tropas del Ejército y también operaban grupos paramilitares.
La reconstrucción de los hechos permitió establecer que los crímenes estuvieron precedidos por un proceso de estigmatización contra los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sus territorios ancestrales eran señalados por la presencia de integrantes de las extintas Farc-EP, que los utilizaban para esconder armas y personas secuestradas.
Entre los secuestrados que fueron ocultados en esa región estaba José Eduardo Mattos, por cuya liberación la guerrilla exigía una suma millonaria. La JEP examinó cómo la búsqueda de resultados militares y de recompensas por la recuperación de personas retenidas contribuyó a crear un escenario de persecución contra las comunidades indígenas.
La Sala también reconstruyó la participación de personas vinculadas con estructuras de seguridad privadas y grupos armados que operaban en la zona. Según la investigación, los tres mamos fueron asesinados en una carretera por hombres armados coordinados por Wilson Ramírez, jefe de seguridad del empresario Alfonso Macías.
En esa reconstrucción aparece el coronel retirado Luis Fernando Urrego, quien habría estado presente durante los hechos. La JEP tuvo en cuenta una declaración suya según la cual el fallecido general Hugo Tovar Sánchez, entonces comandante de la Brigada Móvil, le habría ordenado permanecer en la zona, instalarse en haciendas de los empresarios Macías y Restrepo y colaborar con los grupos armados establecidos por ellos.
Esta versión hace parte de los elementos examinados por la jurisdicción para reconstruir las relaciones entre integrantes de la fuerza pública, estructuras paramilitares y actores civiles. La investigación no permite atribuir automáticamente responsabilidad penal a los propietarios de los inmuebles por el solo hecho de que los lugares de cautiverio estuvieran bajo su propiedad.
En el caso del mayor retirado Hernán Carrera Sanabria, la imputación se relaciona específicamente con la tortura de Amado y Vicente Villafañe Chaparro. El compareciente reconoció su responsabilidad, por lo que la JEP estableció una ruta restaurativa que deberá incluir medidas para reparar los daños ocasionados a las víctimas y a su comunidad.
Uno de los compromisos planteados es contribuir a la recuperación del Cerro Inarwa, un lugar sagrado para el pueblo arhuaco y un espacio de peregrinación espiritual. La recuperación de ese territorio tiene una dimensión colectiva, pues está relacionada con la protección de los sitios de significado cultural y religioso para la comunidad.
La decisión también tiene antecedentes en los procesos adelantados contra algunos de los comparecientes en la justicia ordinaria. Dos de los militares remitidos, Luis Fernando Duque Izquierdo y Pedro Antonio Fernández Ocampo, habían sido destituidos por la Procuraduría General de la Nación, mientras que las investigaciones en su contra habían sido cerradas en la Justicia Penal Militar.
La JEP abrió además un incidente de incumplimiento del régimen de condicionalidad para examinar si los comparecientes habían cumplido con su obligación de aportar verdad plena. En ese escenario se realizó una audiencia dialógica con autoridades de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, que cuestionaron la suficiencia y veracidad de las versiones entregadas por algunos militares.
Durante ese proceso, las víctimas expresaron que los aportes de los comparecientes no habían permitido esclarecer completamente lo ocurrido y cuestionaron que algunos de ellos pretendieran permanecer en la jurisdicción sin reconocer su responsabilidad. Los militares, por su parte, solicitaron no ser expulsados de la JEP.
La decisión de la Sala no fue unánime. El examen de los aportes de verdad y del cumplimiento de las obligaciones de los comparecientes hizo parte de la evaluación que llevó a la remisión de los siete antiguos integrantes del Ejército a la unidad encargada de investigar y acusar a quienes no reconocen responsabilidad.
La investigación también tuvo un componente de búsqueda de personas desaparecidas. En un trabajo coordinado entre la JEP, la UIA y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), se realizaron labores en la hacienda Bethania, a partir de una medida cautelar solicitada por esta última entidad.
En ese lugar fueron encontrados restos óseos humanos. Sin embargo, el hallazgo no permite afirmar que correspondan a los tres mamos desaparecidos: su identidad no había sido establecida en la información divulgada por la JEP. La recuperación y el análisis de los restos deberán aportar elementos para determinar a quiénes pertenecen.
La jurisdicción también informó sobre dificultades durante las labores de búsqueda, entre ellas la alteración de la zona y obstáculos iniciales para adelantar las exhumaciones. Por esos hechos se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue posibles conductas delictivas y examine eventuales responsabilidades de terceros.
La Fiscalía también deberá analizar los elementos relacionados con la posible participación de civiles, la conformación de grupos paramilitares y otros hechos que puedan tener relevancia penal. La apertura de esas investigaciones no implica que las personas mencionadas hayan sido declaradas responsables.
En una decisión adicional, la JEP expulsó de la jurisdicción al compareciente de la fuerza pública Daniel Rivera Rincón, debido a investigaciones penales relacionadas con delitos que presuntamente habría cometido después de la firma del Acuerdo Final de Paz. La jurisdicción consideró que esos hechos podían comprometer su permanencia en el sistema transicional.
El caso hace parte del Caso 09 de la JEP, que investiga crímenes cometidos contra pueblos y territorios étnicos, específicamente en el subcaso de la Sierra Nevada de Santa Marta. La investigación aborda los daños sufridos por los pueblos arhuaco, wiwa, kankuamo y kogui, cuyas autoridades espirituales y comunidades fueron afectadas por la violencia armada.
La JEP destacó que los hechos investigados no pueden entenderse únicamente como ataques contra personas individuales. El secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición de autoridades tradicionales también afectaron la autonomía, la organización comunitaria, las prácticas espirituales y la relación de los pueblos indígenas con sus territorios ancestrales.
La decisión representa un avance en el esclarecimiento de unos crímenes que permanecieron durante décadas sin una respuesta judicial integral. Sin embargo, el proceso todavía tiene etapas pendientes: la UIA deberá investigar la responsabilidad de los siete militares que no reconocieron los hechos, mientras continúan las labores para identificar los restos hallados en Bethania y establecer el alcance de la participación de otros posibles responsables.
La jurisdicción incluyó estos hechos entre los episodios de violencia contra los pueblos de la Sierra Nevada que fueron documentados en el Informe Final de la Comisión de la Verdad. Con la remisión de los militares a la UIA y la ruta restaurativa abierta para el mayor que reconoció las torturas, la JEP busca avanzar tanto en la determinación de responsabilidades individuales como en la reparación de los daños colectivos ocasionados al pueblo arhuaco.
