El Gobierno de Abelardo de la Espriella formalizó nuevos nombramientos en entidades estratégicas del Estado, entre ellos los de Jensy Johana Osorio Porras como directora de la Unidad para las Víctimas y Andrés Felipe Velásquez Reyes como director de la DIAN. Las designaciones fueron divulgadas el 11 y 12 de agosto, en medio de la reorganización de la administración y de la emergencia provocada por el terremoto.
La controversia se concentra especialmente en el perfil de Osorio. La nueva directora de la Unidad para las Víctimas es abogada y, según información pública, participó activamente en la campaña presidencial de De la Espriella y hasta semanas antes de su designación estuvo vinculada como abogada asociada a la firma De La Espriella Lawyers.
El vínculo profesional entre ambos no sería reciente. La información disponible señala que Osorio había trabajado anteriormente en la firma del ahora presidente y posteriormente tuvo una participación en su campaña. Esa trayectoria es uno de los principales elementos utilizados para cuestionar si su designación respondió exclusivamente a criterios de experiencia y mérito o también a la confianza construida durante años de relación profesional.
La Unidad para las Víctimas es, además, una entidad particularmente sensible. Su responsabilidad comprende la atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado, por lo que su dirección exige capacidades administrativas y conocimiento de una política pública compleja, con presencia en buena parte del territorio nacional. El debate, por tanto, no gira solamente alrededor de la cercanía de Osorio con el presidente, sino de qué experiencia específica la acredita para asumir esa responsabilidad.
La discusión adquiere otra dimensión porque Osorio y Velásquez son esposos. El nombramiento simultáneo de ambos los coloca al frente de dos entidades de enorme importancia para el funcionamiento del Estado: una encargada de la política de víctimas y otra responsable de la administración tributaria y aduanera.
En el caso de Velásquez, sin embargo, el debate sobre su idoneidad tiene elementos diferentes. El nuevo director de la DIAN es abogado de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario y tiene una maestría en Fiscalidad Internacional de la Universidad de La Rioja, en España. Según el perfil divulgado, acumula más de 16 años de experiencia en planeación tributaria, derecho tributario internacional y litigios relacionados con la administración tributaria.
Velásquez también tiene experiencia académica. Ha sido profesor de la especialización en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario y docente de pregrado y posgrado de la Universidad Sergio Arboleda. Su trayectoria profesional, por tanto, está directamente relacionada con las funciones de la entidad que ahora dirige, lo que constituye un elemento diferenciador frente a los cuestionamientos formulados sobre la experiencia específica de Osorio en la política de víctimas.
Además, Osorio y Velásquez fundaron en 2021 la firma Velásquez Osorio Abogados S.A.S.. El hecho conecta nuevamente sus carreras profesionales con el ejercicio privado del derecho y muestra que su relación laboral y empresarial precede ampliamente al Gobierno de De la Espriella.
La llegada de Velásquez a la DIAN ocurre, además, en un momento particularmente complejo. La entidad deberá sostener el recaudo tributario y enfrentar los desafíos fiscales del nuevo Gobierno, mientras se preparan eventuales medidas de alivio tributario para los afectados por el terremoto. El nuevo director tendrá que combinar, por tanto, sus responsabilidades ordinarias de recaudo y control aduanero con las necesidades fiscales derivadas de la emergencia.
Los cuestionamientos, sin embargo, deben distinguirse de una acusación de ilegalidad. No hay evidencia que permita afirmar que los nombramientos sean ilegales o que Osorio haya sido designada exclusivamente por razones de favoritismo. Lo que sí está documentado es la cercanía profesional y política de la directora de Víctimas con el presidente y el vínculo matrimonial entre ambos nuevos directores.
Ese patrón explica por qué los nombramientos están siendo observados no solo individualmente, sino como parte de la construcción del nuevo aparato de Gobierno. En el caso de Osorio y Velásquez, la coincidencia de sus designaciones, su relación matrimonial y sus vínculos profesionales previos con el presidente alimentan el debate sobre los criterios utilizados para escoger a los altos funcionarios.
La pregunta central queda entonces planteada: ¿está el Gobierno de De la Espriella privilegiando la confianza personal y política en la conformación de su equipo, o los perfiles de los nuevos funcionarios demuestran que esas relaciones no impiden cumplir con criterios de experiencia e idoneidad? En la DIAN, el amplio recorrido tributario de Velásquez ofrece argumentos a favor de su perfil técnico; en la Unidad de Víctimas, la experiencia específica de Osorio en esa política pública será uno de los aspectos que tendrá que demostrar en el ejercicio del cargo. Por ahora, la controversia está abierta y corresponde evaluar su gestión más allá de sus vínculos con el nuevo presidente.
