El periodista Daniel Coronell reveló que Andrés Felipe Velásquez Reyes, actual director de la DIAN, representó a De la Espriella Lawyers en un trámite tributario antes de asumir el cargo. La representante María Fernanda Carrascal ya había denunciado el caso como un posible conflicto de interés; la entidad y el bufete rechazan esa interpretación.
La controversia combina tres asuntos: obligaciones tributarias pendientes de la firma, la rapidez con que se aprobó una facilidad de pago y la posterior llegada de su apoderado a la dirección de la entidad encargada de administrar los impuestos nacionales.
Según el reporte de Coronell en Caracol Radio, la DIAN confirmó el 22 de junio que había recibido una solicitud de De la Espriella Lawyers Enterprise SAS para acceder a una facilidad de pago. La fecha fue un día después de la segunda vuelta presidencial, en la que Abelardo De la Espriella fue elegido presidente.
Coronell informó que la empresa tenía obligaciones vencidas de IVA correspondientes a noviembre de 2025 y enero y marzo de 2026. También señaló pagos pendientes de retenciones en la fuente de mayo y junio de 2026.
El IVA es un impuesto que las empresas recaudan en sus operaciones y luego deben declarar y trasladar al Estado. La retención en la fuente, en cambio, es un mecanismo mediante el cual el agente retenedor descuenta una suma a terceros y debe consignarla a la administración tributaria.
Carrascal preguntó qué ocurrió con esos recursos y por qué las obligaciones seguían pendientes. La congresista planteó esos interrogantes a partir de información que, según dijo, recibió de funcionarios de la DIAN; la existencia de una obligación vencida no demuestra por sí misma que se haya cometido un delito.
La secuencia de representación legal es central para la denuncia. El 26 de junio, Lilian Pineda Aruachán, representante legal suplente de la firma y hermana de la primera dama, habría otorgado poder especial a Velásquez para gestionar el trámite ante la DIAN.
Coronell reportó que Velásquez presentó formalmente la solicitud el 3 de julio. Cuatro días después, el 7 de julio, la DIAN habría concedido el acuerdo de pago. El periodista calificó el trámite como inusualmente rápido, aunque el expediente completo y los criterios de aprobación no son públicos.
De acuerdo con las cifras divulgadas por Coronell, la firma debía $1.261 millones, sin incluir multas, y el acuerdo redujo el monto a menos de $859 millones. La DIAN no confirmó públicamente esas cifras y sostuvo que el expediente de cobro está protegido por reserva tributaria.
La diferencia entre esos dos montos requiere una explicación documental. La información disponible no detalla cuánto correspondía al impuesto principal, a intereses o a sanciones, ni qué condiciones y calendario de pagos se pactaron. Por eso, no puede describirse sin más como una condonación de impuestos.
Velásquez tomó posesión como director de la DIAN el 12 de agosto. La denuncia apunta a que pasó de representar a la firma en el trámite a dirigir la entidad responsable de la gestión tributaria y del cobro de obligaciones.
La DIAN negó que exista conflicto de interés. En un comunicado del 17 de noviembre sostuvo que la solicitud y la aprobación ocurrieron durante la administración anterior y estuvieron a cargo de funcionarios de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.
La entidad añadió que el director general no tiene entre sus funciones aprobar facilidades de pago ni revisar esos expedientes: esa competencia corresponde a otros funcionarios de las direcciones seccionales. También afirmó que los trámites deben seguir criterios normativos, técnicos y procedimentales iguales para todos los contribuyentes.
Ese argumento responde quién tomó la decisión administrativa y cuándo se adoptó. Sin embargo, no resuelve por sí solo las preguntas sobre el vínculo previo de Velásquez con la empresa, su eventual participación en asuntos relacionados con el acuerdo después de posesionarse o si declaró algún impedimento.
El bufete rechazó los señalamientos de Carrascal y anunció que emprenderá acciones legales contra ella. También pidió a las autoridades investigar cómo se obtuvo y divulgó la información, pues considera que podría estar sometida a reserva tributaria.
La firma sostiene, además, que es una sociedad privada autónoma e independiente del Gobierno y que el presidente no es socio ni accionista ni interviene en sus decisiones. Coronell, en contraste, afirmó que documentos en poder de la DIAN muestran que De la Espriella continúa como accionista. Esa discrepancia societaria también requiere verificación documental.
La reserva invocada por la DIAN protege los expedientes de cobro y limita quién puede consultarlos. La discusión sobre el origen de la información puede abrir una investigación aparte, pero no responde por sí misma a las preguntas sustantivas sobre la representación legal y la aprobación del acuerdo.
Carrascal niega haber vulnerado la reserva tributaria. Según el relato publicado sobre su respuesta a Coronell, explicó que recibió testimonios de funcionarios de la DIAN y afirmó haber presentado las acciones correspondientes por una posible conducta penal. No se conoce una decisión de autoridad que determine si la información se obtuvo o divulgó ilegalmente.
También es necesario diferenciar la responsabilidad de la empresa de la del abogado que la representó. Si la firma dejó de consignar impuestos o retenciones, esa conducta debe establecerse mediante los procedimientos tributarios y, si corresponde, judiciales; no se deriva automáticamente de que haya pedido una facilidad de pago.
De igual manera, que Velásquez haya actuado como apoderado antes de su nombramiento no prueba por sí solo que interviniera indebidamente como director. La cuestión es si, una vez posesionado, tuvo alguna función concreta sobre el cobro o el seguimiento del acuerdo y qué medidas tomó para evitar un conflicto real o aparente.
El caso tiene relevancia institucional porque la DIAN es responsable de recaudar impuestos y exigir el cumplimiento de las obligaciones fiscales. La ciudadanía necesita garantías de que sus decisiones se adoptan con reglas uniformes, especialmente cuando un funcionario de alto nivel tuvo un vínculo profesional previo con un contribuyente.
La pregunta sobre el trato preferencial tampoco se resuelve únicamente con señalar que el acuerdo fue aprobado bajo el gobierno anterior. Para evaluar si hubo un beneficio excepcional, se necesitan comparar los tiempos, requisitos, garantías y condiciones concedidas con los aplicados a solicitudes similares.
La DIAN afirma que los acuerdos se tramitan con parámetros iguales para todos. Para sostener esa afirmación en este caso, sería útil que un órgano de control verificara el procedimiento y comunicara sus conclusiones, respetando la reserva de los datos tributarios protegidos.
Por ahora, los datos difundidos por Coronell proceden de su reporte y de información que Carrascal dice haber recibido; la DIAN confirma que existió una facilidad de pago, pero no valida públicamente los montos ni el detalle del expediente. El bufete rechaza las acusaciones y anunció acciones legales.
Entre las preguntas pendientes están el contenido y alcance del poder otorgado a Velásquez, el cálculo de la deuda y el acuerdo, la relación accionaria actual de De la Espriella con la firma, y si el director se declaró impedido frente a actuaciones relacionadas con el caso.
La controversia no establece por sí sola que haya existido un delito o una decisión irregular. Sí plantea un asunto verificable de transparencia y confianza pública: aclarar cómo se aprobó el acuerdo, qué papel tuvo cada funcionario y cómo se garantizará que el director de la DIAN no intervenga en asuntos ligados a una empresa que representó.






