El Estado colombiano pidió perdón oficialmente a las víctimas de la masacre de Bojayá, uno de los hechos más dolorosos del conflicto armado interno, durante un acto encabezado por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, en el corregimiento de Bellavista Viejo, Chocó. La ceremonia hizo parte del cumplimiento de una sentencia judicial que ordenó al Estado reconocer su responsabilidad por las omisiones que precedieron a la tragedia ocurrida el 2 de mayo de 2002.
Durante su intervención, el ministro Sánchez reconoció que las instituciones del Estado incumplieron su obligación constitucional de proteger a la población civil, pese a que existían múltiples alertas sobre la inminencia de enfrentamientos entre las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la región del Atrato.
En nombre del Gobierno nacional, del Ministerio de Defensa, del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Policía Nacional, el ministro expresó un mensaje de perdón a las víctimas y sus familias. “El Estado falló”, afirmó, al reconocer que la respuesta institucional no fue suficiente para impedir la tragedia que marcó para siempre la historia de Bojayá.
Sánchez señaló que la petición de perdón no busca borrar el sufrimiento de las víctimas, sino reconocer de manera pública la responsabilidad estatal por no haber actuado con la diligencia necesaria para proteger a la comunidad, un paso que consideró indispensable dentro del proceso de reparación integral.
La masacre ocurrió el 2 de mayo de 2002 cuando guerrilleros de las FARC lanzaron un cilindro bomba contra una posición de las AUC durante intensos combates en Bellavista. El artefacto impactó la iglesia del municipio, donde centenares de habitantes se habían refugiado creyendo que era el lugar más seguro para protegerse de los enfrentamientos.
El ataque dejó 102 personas muertas, entre ellas 48 menores de edad, además de decenas de heridos y varias personas desaparecidas. La magnitud de la tragedia convirtió a Bojayá en uno de los símbolos más dramáticos del impacto del conflicto armado sobre la población civil en Colombia.
Durante la ceremonia también se recordó que, antes de la masacre, la Defensoría del Pueblo y otros organismos nacionales e internacionales habían emitido alertas tempranas advirtiendo sobre el alto riesgo que enfrentaban las comunidades del Medio Atrato debido a la presencia y confrontación de grupos armados ilegales.
Precisamente, una de las principales conclusiones de las decisiones judiciales ha sido que el Estado tuvo conocimiento previo de la situación de riesgo, pero no adoptó medidas eficaces para prevenir el enfrentamiento ni proteger a los habitantes de Bellavista, razón por la cual fue declarado administrativamente responsable.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, acompañó el acto y reiteró que la tragedia pudo evitarse si las advertencias hubieran sido atendidas oportunamente. Señaló que el reconocimiento de responsabilidad constituye un paso importante para la dignificación de las víctimas, aunque insistió en que aún existen compromisos pendientes en materia de reparación integral.
El acto de perdón había sido programado inicialmente para el pasado 2 de mayo, cuando se conmemoraban 24 años de la masacre. Sin embargo, las fuertes lluvias que afectaron al departamento del Chocó impidieron el desplazamiento de la delegación oficial, por lo que la ceremonia fue aplazada hasta el 11 de julio de común acuerdo con las comunidades.
Durante el encuentro participaron representantes de las víctimas, líderes comunitarios, autoridades locales, organizaciones sociales y entidades del Estado. La ceremonia estuvo acompañada de actos simbólicos de memoria y de espacios de reflexión sobre las consecuencias humanitarias que dejó el conflicto armado en el territorio.
El reconocimiento realizado por el Ministerio de Defensa forma parte de las medidas de satisfacción ordenadas por el Tribunal Administrativo del Chocó dentro del proceso de reparación a las víctimas. Estas medidas buscan restablecer la dignidad de las comunidades afectadas y contribuir a garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse.
Aunque el acto fue recibido como un gesto significativo por distintos sectores, representantes de las víctimas señalaron que el perdón debe estar acompañado por acciones concretas del Estado para fortalecer la presencia institucional, garantizar la seguridad de las comunidades y cumplir plenamente las medidas de reparación ordenadas por la justicia.
Las comunidades de Bojayá también insistieron en la necesidad de avanzar en la búsqueda de las personas que aún permanecen desaparecidas, continuar los procesos de identificación de víctimas y preservar la memoria histórica de una población que sufrió de manera desproporcionada los efectos de la guerra.
La masacre de Bojayá sigue siendo uno de los casos emblemáticos analizados por el Sistema Integral para la Paz y por diversas instancias de justicia transicional, que han documentado las responsabilidades de los actores armados y las fallas institucionales que permitieron que ocurriera uno de los peores ataques contra civiles durante el conflicto colombiano.
Con esta petición oficial de perdón, el Estado colombiano reconoce nuevamente una deuda histórica con las víctimas de Bojayá. El desafío ahora será que ese reconocimiento trascienda el acto simbólico y se traduzca en el cumplimiento efectivo de las medidas de reparación, el fortalecimiento de la presencia institucional en el territorio y la garantía de que tragedias como la ocurrida en 2002 no vuelvan a repetirse.
