El nombramiento de Indalecio Dangond Baquero como ministro de Agricultura abrió un nuevo debate sobre el futuro del ordenamiento rural colombiano: la posible revisión de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) creadas durante el gobierno de Gustavo Petro. Aunque todavía no existe una decisión oficial de desmontarlas, sectores cercanos al nuevo gobierno han planteado la necesidad de revisar estas figuras, argumentando que podrían limitar la actividad productiva y la inversión en el campo.
Las APPA fueron una de las apuestas centrales de la política agraria del gobierno Petro. Su objetivo era proteger suelos estratégicos para la producción de alimentos frente a cambios de uso del territorio, expansión urbana, proyectos extractivos o actividades que pudieran desplazar la agricultura. El Gobierno saliente defendió estas zonas como una herramienta para garantizar la seguridad alimentaria y preservar tierras de alta importancia agrícola.
El debate alrededor de una eventual modificación de estas áreas refleja un cambio de visión sobre el campo colombiano. Mientras la administración Petro entendía el territorio rural como un espacio que debía ser ordenado desde criterios de protección ambiental, soberanía alimentaria y reforma agraria, el gobierno de Abelardo de la Espriella parece inclinarse por una política más enfocada en productividad, inversión, crédito, infraestructura y fortalecimiento empresarial del agro.
Desde sectores que respaldan la revisión de las APPA, el argumento principal es que algunas de estas delimitaciones podrían generar restricciones excesivas para propietarios rurales y productores. Según esa visión, una regulación rígida del uso del suelo puede afectar proyectos agrícolas, disminuir incentivos para invertir y limitar la capacidad de los territorios para desarrollar actividades económicas relacionadas con el campo.
Sin embargo, ambientalistas y defensores de la política de Petro advierten que desmontar o flexibilizar estas figuras podría tener consecuencias sobre la conservación de los suelos más fértiles del país. El argumento central es que Colombia ha perdido progresivamente tierras agrícolas de alta calidad por procesos de urbanización, degradación ambiental y cambios de uso del suelo, y que una vez estos terrenos se transforman resulta difícil recuperar su capacidad productiva.
El impacto ambiental de este giro no estaría únicamente relacionado con la agricultura. El ordenamiento del territorio define también la presión sobre ecosistemas estratégicos, fuentes hídricas y corredores de biodiversidad. Una mayor libertad para cambiar usos del suelo podría aumentar los riesgos de fragmentación de ecosistemas, pérdida de cobertura vegetal y conflictos entre actividades productivas y zonas ambientalmente sensibles.
El gobierno saliente defendió las APPA como una herramienta para evitar que tierras con vocación agrícola terminaran destinadas a otros usos. En Córdoba, por ejemplo, la administración Petro declaró una de las mayores áreas bajo esta figura, con más de 667.000 hectáreas, argumentando que buscaba proteger la producción de alimentos y el papel del campesinado en la economía rural.
El debate también tiene una dimensión política. La revisión de las zonas de protección sería interpretada por sectores opositores a Petro como una corrección de una política que consideran excesivamente restrictiva, mientras que sus defensores podrían verla como un retroceso frente a los esfuerzos por incorporar criterios ambientales en la planificación del campo. La discusión se convierte así en una nueva expresión de la disputa entre dos modelos de desarrollo rural.
Para Dangond, el desafío será encontrar un equilibrio entre producción y conservación. Su trayectoria, marcada por el crédito agropecuario y la promoción de negocios rurales, sugiere una visión donde el campo debe aumentar su productividad y atraer inversión. Pero como ministro deberá responder a la pregunta de si ese crecimiento económico puede lograrse sin debilitar los instrumentos de protección territorial construidos durante el gobierno anterior.
La controversia también revive una discusión más amplia sobre quién debe decidir el futuro del territorio: el Gobierno nacional mediante políticas generales de protección, o las autoridades locales y propietarios mediante decisiones sobre el uso del suelo. Ese conflicto ya había generado resistencia de algunos sectores empresariales y autoridades territoriales frente a las APPA, quienes argumentaron que podían afectar la autonomía regional.
Una eventual eliminación o modificación de estas zonas no significaría automáticamente la desaparición de todas las protecciones ambientales del país, pues las APPA no son equivalentes a parques naturales ni sustituyen otras categorías de conservación. Sin embargo, sí cambiaría la manera en que el Estado prioriza determinados territorios agrícolas y podría modificar el equilibrio entre producción, conservación y planificación ambiental.
En últimas, la discusión sobre las zonas de protección será una de las primeras pruebas del giro que representa Indalecio Dangond al frente del Ministerio de Agricultura. Su gestión deberá definir si la nueva política rural desmonta los instrumentos heredados del gobierno Petro o si los transforma bajo una lógica de mayor productividad. La decisión tendrá efectos no solo económicos, sino también ambientales, porque determinará qué territorios serán destinados a producir alimentos y cuáles conservarán funciones ecológicas estratégicas.
