El Gobierno de Abelardo de la Espriella designó al pastor y exsenador John Milton Rodríguez González como liquidador del Ministerio de Igualdad y Equidad, una decisión que rápidamente generó controversia por el perfil de quien tendrá a su cargo el cierre de una de las entidades más emblemáticas del anterior Gobierno.
La designación quedó formalizada mediante el Decreto 1219 de 2026, que sustituyó a Rafael Rodríguez Ortiz como responsable de conducir el proceso de liquidación. El nombramiento ocurre mientras avanza el proceso de desaparición institucional de la cartera, cuya ley de creación fue declarada inexequible por la Corte Constitucional.
El origen del proceso está en la Sentencia C-161 de 2024, mediante la cual la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 2281 de 2023, norma que creó el Ministerio de Igualdad y Equidad. El alto tribunal difirió los efectos de su decisión para evitar una interrupción abrupta de los programas y servicios que estaban a cargo de la entidad.
Posteriormente, el Gobierno puso en marcha la liquidación mediante el Decreto 626 de 2026. El proceso implica administrar activos y pasivos, revisar contratos, organizar archivos, atender obligaciones pendientes y garantizar la extinción jurídica ordenada de la entidad, de acuerdo con el régimen aplicable a las liquidaciones administrativas.
La controversia no está solamente en la decisión de liquidar el Ministerio, sino en quién fue escogido para ejecutar el cierre. Rodríguez es ingeniero industrial, pastor y exsenador de Colombia Justa Libres, partido del que fue cofundador y desde el cual desarrolló una trayectoria política vinculada con sectores cristianos conservadores.
Rodríguez también es fundador y pastor de Misión Paz a las Naciones, iglesia que creó en Cali en 1999. Su actividad religiosa se convirtió con el tiempo en una plataforma desde la cual alcanzó notoriedad política nacional y posteriormente llegó al Congreso de la República.
Su trayectoria política ha estado asociada a la defensa de posiciones conservadoras en debates sobre familia, valores religiosos y asuntos relacionados con derechos sexuales y reproductivos. Durante su paso por el Senado, por ejemplo, defendió posiciones provida y presentó iniciativas relacionadas con esa agenda.
Ese antecedente adquiere una dimensión simbólica cuando se observa la naturaleza del Ministerio que ahora deberá liquidar. La cartera fue creada durante el Gobierno de Gustavo Petro como una institución destinada a formular y ejecutar políticas de igualdad y protección para diferentes poblaciones y sectores históricamente vulnerables.
Por eso, el nombramiento puede interpretarse políticamente como un contraste entre dos proyectos ideológicos: mientras el Ministerio de Igualdad representó una de las apuestas institucionales más identificadas con la agenda progresista del Gobierno Petro, su proceso de cierre queda ahora en manos de un dirigente religioso identificado con sectores conservadores.
La cercanía política con el nuevo Gobierno también es parte de la discusión. Rodríguez respaldó la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, lo que convierte su designación en un nombramiento particularmente susceptible de ser leído desde la perspectiva de las alianzas políticas del nuevo Ejecutivo.
El decreto establece precisamente las responsabilidades propias del liquidador y señala que el proceso debe proteger el patrimonio público y garantizar una terminación ordenada de la entidad. En consecuencia, cualquier cuestionamiento sobre su nombramiento debe distinguir entre su trayectoria política y religiosa, por un lado, y el cumplimiento de los requisitos y obligaciones legales del cargo, por otro.
La designación también llega en medio de cuestionamientos sobre la situación administrativa que dejó el Ministerio. Medios de comunicación han recogido denuncias de excontratistas sobre demoras en pagos, reembolsos y dificultades para obtener respuestas durante el proceso de cierre. Esos reclamos deberán ser revisados dentro de la liquidación y no pueden atribuirse automáticamente al nuevo liquidador.
El debate, por tanto, trasciende la hoja de vida de John Milton Rodríguez. La pregunta política es si el Gobierno buscó únicamente a una persona para ejecutar un proceso administrativo complejo o si también quiso enviar un mensaje político sobre el cierre de una cartera asociada al proyecto de Gustavo Petro.
La escogencia de un pastor con trayectoria política para conducir la desaparición del Ministerio de Igualdad convierte el nombramiento en uno de los gestos más simbólicos de la nueva administración. La decisión no elimina los derechos constitucionales de las poblaciones protegidas por la legislación colombiana, pero sí representa un cambio evidente en el lenguaje político y en las prioridades institucionales del Gobierno.
Rodríguez tendrá ahora la responsabilidad de cerrar una entidad que apenas tuvo unos años de existencia y que nació en medio de una fuerte controversia política. El resultado de su gestión se medirá menos por su perfil religioso o sus posiciones ideológicas y más por la transparencia con la que administre los recursos, contratos, obligaciones, archivos y programas que quedaron a cargo del proceso de liquidación.
La controversia, sin embargo, difícilmente desaparecerá con la explicación jurídica del cargo. Para sus críticos, el nombramiento refleja una afinidad ideológica entre el nuevo Gobierno y el sector religioso conservador; para sus defensores, se trata de la designación de una figura con experiencia política para ejecutar una decisión que ya estaba determinada por la Corte Constitucional.
Lo cierto es que John Milton Rodríguez llega al Ministerio de Igualdad no para salvarlo, sino para conducir su cierre. Y precisamente esa circunstancia convierte su nombramiento en un símbolo del viraje político que experimenta el Estado colombiano con el cambio de Gobierno.
