El 15 de septiembre, el Gobierno de Abelardo De La Espriella presentó como un importante golpe contra el ELN el rescate de ocho personas que, según la versión oficial, permanecían secuestradas en una zona rural de Convención, Norte de Santander.
El presidente calificó la operación como una acción ofensiva de “precisión quirúrgica” y aseguró que las Fuerzas Militares, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía, con apoyo de inteligencia interagencial, habían logrado devolverles la libertad.
La Presidencia informó que unidades del Gaula fueron insertadas en el punto donde se encontraban las personas y ejecutaron una acción rápida para ponerlas a salvo. El anuncio fue acompañado de imágenes del operativo y de los liberados.
La operación ocurrió en una zona rural de Convención, dentro del Catatumbo, una región donde desde hace años confluyen el ELN, el Frente 33 de las disidencias de las FARC y otras estructuras armadas.
De acuerdo con las informaciones entregadas por las autoridades y medios de comunicación, los ocho liberados llevaban periodos diferentes de cautiverio, que iban desde algunos meses hasta cerca de dos años. Entre ellos había un menor de 17 años.
El operativo tuvo además un componente de inteligencia internacional. Noticias RCN informó que aproximadamente 60 uniformados participaron en la acción y que información suministrada por el Comando Sur de Estados Unidos y el uso de drones ayudaron a localizar el sitio.
Caracol Radio señaló que los drones permitieron obtener imágenes de la zona y precisar el lugar donde permanecían las personas. Después de la operación, los liberados fueron trasladados para recibir atención y realizar las verificaciones correspondientes.
Con esos elementos, el Gobierno construyó una narrativa inequívoca: se trataba de víctimas de secuestro en poder del ELN y su liberación era el resultado de una operación ofensiva de la Fuerza Pública.
El presidente aprovechó además el anuncio para enviar un mensaje político al ELN. Dijo que el secuestro no tendría justificación y que su Gobierno perseguiría a quienes secuestraran, extorsionaran y aterrorizasen a la población.
Sin embargo, al día siguiente apareció una versión completamente diferente. En un comunicado del Frente de Guerra Nororiental, el ELN negó que la operación pudiera ser descrita simplemente como el rescate de ocho civiles secuestrados en las condiciones señaladas por el Gobierno.
Según esa versión, las ocho personas pertenecerían al entorno del Frente 33 de las disidencias de las FARC y se encontraban en una finca desarmadas, a la espera de una entrega a una comisión humanitaria.
El ELN sostuvo que esa entrega estaba prevista para el 5 de agosto, pero que habría sido cancelada a última hora por razones de seguridad. La organización afirmó que las personas permanecieron posteriormente en el lugar hasta la llegada de la Fuerza Pública.
La acusación modifica sustancialmente el significado de la operación. Si esa versión fuera comprobada, no se habría tratado de una incursión que encontró y liberó inesperadamente a ocho víctimas de secuestro, sino de una operación sobre personas que ya estaban destinadas a ser entregadas.
La diferencia tampoco sería solamente semántica. En el primer escenario, el Gobierno habría ejecutado un rescate exitoso de personas privadas de la libertad por el ELN. En el segundo, habría intervenido sobre un grupo relacionado con una organización armada rival del ELN.
Pero existe una limitación fundamental: la versión del ELN tampoco ha sido demostrada independientemente. La organización armada tiene un interés evidente en desacreditar las operaciones de la Fuerza Pública y en presentar su propia actuación bajo una interpretación favorable a sus intereses.
Por esa razón, no es posible afirmar que el Gobierno haya fabricado un rescate ni que las ocho personas hayan sido efectivamente entregadas por el ELN. Lo que sí puede establecerse es que existen dos versiones incompatibles sobre las circunstancias de su liberación.
El propio relato oficial deja algunos elementos que merecen ser reconstruidos. Noticias RCN señaló que la operación fue apoyada por información de inteligencia y una fuente humana, mientras que otras versiones indicaron que los uniformados llegaron a un punto previamente identificado mediante vigilancia aérea.
También existe una diferencia sobre el objetivo inicial de la operación. Vanguardia informó que la misión habría comenzado con la búsqueda de tres uniformados secuestrados por el ELN y que, al llegar al lugar señalado por inteligencia, las tropas encontraron a las otras ocho personas. Esta versión no aparece explicada de la misma manera en el comunicado de Presidencia.
Ese detalle resulta relevante porque permitiría establecer qué sabía la Fuerza Pública antes de llegar a la finca y qué información obtuvo durante la operación.
También resulta necesario establecer quiénes eran exactamente los ocho liberados. La identificación individual de cada persona, su lugar de procedencia, sus antecedentes y las circunstancias de su retención permitirían determinar si existe alguna evidencia que los vincule con el Frente 33.
El contexto regional hace plausible que personas relacionadas con el Frente 33 hayan sido retenidas por el ELN. Ambas organizaciones mantienen una confrontación por el control territorial del Catatumbo, una disputa que ha producido asesinatos, desplazamientos, secuestros y otras graves afectaciones a la población civil.
La Corte Constitucional ha documentado precisamente la confrontación entre el ELN y el Frente 33 y sus consecuencias para la población. El tribunal ha señalado que los enfrentamientos entre ambas estructuras han generado desplazamientos masivos y riesgos para civiles y firmantes del Acuerdo de Paz.
En ese escenario, la condición de las personas encontradas en la finca adquiere especial importancia. No es lo mismo encontrar civiles secuestrados sin relación con las estructuras armadas que encontrar personas señaladas de pertenecer o colaborar con una organización enfrentada al grupo que las mantenía bajo su control.
Incluso si algunas de las ocho personas tuvieran vínculos con el Frente 33, eso tampoco resolvería automáticamente la discusión sobre su condición de víctimas. El hecho de pertenecer o ser señaladas como integrantes de una estructura armada no elimina la necesidad de establecer qué ocurrió con ellas ni bajo qué circunstancias estaban privadas de la libertad.
La controversia también debe observarse a la luz de otro episodio reciente. El ELN mantiene en su poder a tres integrantes de la Policía y a una civil capturados el 17 de agosto en Norte de Santander. La organización relaciona a la mujer con Andrey Avendaño, uno de los comandantes del Frente 33.
Esto muestra que el enfrentamiento entre ambas organizaciones no es un asunto secundario dentro de la actual situación de seguridad del Catatumbo. Las capturas, secuestros y operaciones de inteligencia están ocurriendo dentro de una disputa armada en la que el control de las personas puede convertirse también en un instrumento de presión.
Para el Gobierno de De La Espriella, el supuesto rescate tiene además un valor político. La operación encaja con el discurso de una política de seguridad basada en operaciones ofensivas y en la negativa a permitir que los grupos armados utilicen el secuestro como mecanismo de financiación o presión.
Por eso, determinar exactamente qué ocurrió en Convención no es un asunto menor. Si se trató de un rescate, la operación constituye un resultado concreto de la estrategia contra el ELN. Si se trató de una intervención sobre personas que estaban a la espera de una entrega, la forma de presentar el resultado habría otorgado al Gobierno una dimensión diferente de éxito operacional.
La reconstrucción debería comenzar por documentos y no por las versiones enfrentadas: informes del Gaula, actas de identificación y traslado de los liberados, declaraciones de las víctimas, información de la Fiscalía, registros de la comisión humanitaria que supuestamente recibiría a las personas y evidencia sobre la fecha del 5 de agosto.
Por ahora, el caso deja una pregunta abierta: ¿qué ocurrió realmente en aquella finca de Convención? El Gobierno sostiene que ejecutó un rescate de ocho secuestrados del ELN; el ELN afirma que intervino sobre integrantes del Frente 33 que esperaban una entrega. Mientras no aparezcan pruebas independientes que permitan reconstruir esa secuencia, lo periodísticamente verificable es la contradicción entre ambas versiones, no la confirmación de una de ellas.
