La rebaja del IVA abre un nuevo frente fiscal para el Gobierno

El 15 de noviembre, durante su balance de los primeros 100 días, De la Espriella anunció que no impondría IVA a productos de la canasta familiar ni nuevas cargas al sector agropecuario. Dos días después, Hacienda confirmó ante los coordinadores y ponentes que esos cambios quedarían por fuera del proyecto - Foto: Captura Vídeo

El 15 de noviembre, durante su balance de los primeros 100 días, De la Espriella anunció que no impondría IVA a productos de la canasta familiar ni nuevas cargas al sector agropecuario. Dos días después, Hacienda confirmó ante los coordinadores y ponentes que esos cambios quedarían por fuera del proyecto - Foto: Captura Vídeo

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que el Ministerio de Hacienda estudia reducir la tarifa general del IVA del 19 % al 18 % o incluso al 17 %. La posibilidad se conoció al mismo tiempo que el mandatario descartó nuevos gravámenes sobre productos de la canasta familiar y el sector agropecuario.

El anuncio abrió una discusión que combina el alivio tributario para algunos consumidores con una pregunta fiscal: cómo sostener el recaudo de un proyecto que fue presentado para enfrentar el déficit y financiar el presupuesto de 2027.

La reducción no está aprobada ni tiene fecha de entrada en vigor. El Gobierno la presentó como una alternativa en estudio y el Ministerio de Hacienda señaló que la Ley de Rescate Económico todavía está en construcción.

La propuesta original buscaba aumentar los ingresos mediante cambios en el IVA y otros impuestos, además de reducir gastos del Estado. En su diseño inicial, varios bienes que hoy están excluidos o gravados al 5 % pasarían a la tarifa general del 19 %.

Ese cambio habría alcanzado alimentos e insumos agropecuarios. Entre los productos que generaron debate estaban el café, el azúcar y las pastas, además de frutas, verduras y concentrados para animales, según la revisión del articulado publicada por El Colombiano.

El proyecto también incluía EfectIVA, un mecanismo para devolver parte o la totalidad del IVA pagado a hogares de menores ingresos. La lógica del Gobierno era ampliar la base del impuesto y compensar a los sectores vulnerables mediante transferencias.

Esa fórmula recibió críticas por la dificultad de asegurar que las devoluciones llegaran a todos los hogares elegibles y porque el mecanismo dependía, en buena medida, de la facturación electrónica. La discusión sobre cómo proteger a los hogares vulnerables ya estaba abierta antes del anuncio de bajar la tarifa general.

El 15 de noviembre, durante su balance de los primeros 100 días, De la Espriella anunció que no impondría IVA a productos de la canasta familiar ni nuevas cargas al sector agropecuario. Dos días después, Hacienda confirmó ante los coordinadores y ponentes que esos cambios quedarían por fuera del proyecto.

Retirar esos gravámenes evita el aumento que el proyecto habría aplicado a ciertos productos. No significa, por sí mismo, que los precios de los alimentos bajen: en muchos casos, la medida mantendría el tratamiento tributario vigente y evitaría el incremento propuesto.

La eventual reducción del 19 % al 17 % es una medida distinta. Afectaría a los bienes y servicios que hoy pagan la tarifa general, si finalmente se aprueba y si los comercios trasladan el menor impuesto a sus precios.

Como ejemplo, un producto con precio antes de IVA de $100.000 y gravado al 19 % cuesta $119.000 después del impuesto. Con una tarifa del 17 %, costaría $117.000 si el vendedor traslada completamente el cambio al comprador.

En ese caso, la reducción sería de dos puntos porcentuales en la tarifa, pero de cerca de 1,7 % en el precio total. El ahorro dependería del producto, de su tratamiento tributario y de cuánto de la rebaja llegue efectivamente al consumidor.

La propuesta tampoco modificaría automáticamente el precio de todos los bienes. Algunos están excluidos del IVA, otros son exentos y ciertos productos tienen tarifas diferenciales. El anuncio presidencial no detalló si esas categorías cambiarían ni cómo se reorganizaría el sistema.

La discusión sobre el costo fiscal tiene varias cifras que es necesario separar. La Silla Vacía calculó que, sin el IVA nuevo a la canasta y al agro, al proyecto le faltarían $27,6 billones para alcanzar la meta que había planteado.

En ese mismo ejercicio, el faltante subiría a $32 billones si la tarifa general bajara al 18 %, y a $36,4 billones si descendiera al 17 %. Frente al escenario sin esa rebaja, la diferencia sería de unos $4,4 billones en el primer caso y $8,8 billones en el segundo.

Esas cifras son estimaciones de escenarios fiscales, no una proyección oficial y definitiva del Gobierno sobre la pérdida anual de recaudo. El costo final dependería del texto que se presente, de los bienes incluidos, de la fecha de aplicación y de los cambios que apruebe el Congreso.

Por separado, El Colombiano citó una estimación preliminar según la cual retirar del proyecto los cambios de IVA a alimentos e insumos agropecuarios podría reducir el recaudo entre $10 y $12 billones. Ese monto corresponde a la exclusión de esos gravámenes; no debe sumarse automáticamente a las cifras de La Silla Vacía, pues se basan en cálculos y escenarios distintos.

El Gobierno ha señalado que reforzará la austeridad. Hacienda menciona un recorte permanente de más de $23 billones y la posible venta de activos improductivos por $4 billones; también advierte que los recortes no son ingresos y que vender activos toma tiempo.

Por esa razón, las cifras de ahorro o venta de activos no resuelven por sí solas cómo se cubriría una reducción del IVA. El Ejecutivo todavía debe explicar qué parte del faltante espera compensar con recortes, cuáles serían los nuevos ingresos y cómo se mantendría la meta fiscal.

Desde el punto de vista económico, bajar una tarifa puede formar parte de una reforma coherente si se acompaña de una base gravable más amplia, menos exenciones o fuentes alternativas de recaudo. Pero la propuesta inicial de ampliar el IVA pierde una parte importante de su alcance si se excluyen alimentos y al agro, mientras una tarifa general menor reduce aún más los ingresos previstos.

El director de Estudios Económicos de Aval Asset Management, Juan David Ballén, advirtió que el menor recaudo tendría que compensarse con más recortes, otros ingresos o una revisión de las exclusiones. También señaló que no basta con mirar la tarifa: el recaudo depende de cuántos bienes pagan IVA, del consumo y de la evasión.

Una rebaja general tampoco está necesariamente focalizada en quienes más necesitan alivio. En términos absolutos, quienes consumen más bienes y servicios gravados podrían ahorrar más pesos, mientras los hogares de menores ingresos pueden destinar una proporción mayor de sus recursos a bienes básicos, muchos de los cuales no pagan la tarifa general.

La protección de la canasta básica y la reducción general del IVA, por tanto, tienen efectos distintos. La primera evita el aumento tributario propuesto para ciertos bienes; la segunda podría abaratar productos actualmente gravados al 19 %, pero también reduciría ingresos que el Gobierno debe reemplazar.

El giro ocurrió después de que la propuesta de gravar alimentos e insumos recibiera críticas de partidos de distintas tendencias, incluidos sectores aliados, y pocos días antes de la movilización convocada para el 19 de noviembre. Ese contexto hace razonable interpretar el anuncio como una respuesta a la presión política y al costo público de la medida, aunque no permite establecer por sí solo que la popularidad fuera su único motivo.

Por eso, calificar la rebaja como populista depende de qué ocurra después del anuncio. Si queda como una promesa atractiva sin una financiación identificable, la crítica tendría fundamento; si Hacienda presenta una reforma con cuentas transparentes, compensaciones suficientes y una distribución clara de los costos, podría ser parte de un cambio tributario coherente.

La discusión se resolverá cuando el Gobierno publique el nuevo articulado y sus proyecciones. Hasta entonces, la tarifa del 17 % es una posibilidad política, no una reducción vigente; y el interrogante central sigue siendo cómo proteger a los hogares sin dejar sin financiación el ajuste fiscal que la Ley de Rescate pretende lograr.

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