El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella anunció la expulsión de 80 ciudadanos extranjeros que fueron identificados durante operativos realizados en 15 localidades de Bogotá. Según el balance de Migración Colombia, las personas acumulaban más de 1.100 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia y la seguridad ciudadana.
El procedimiento se desarrolló durante la madrugada del viernes 6 de noviembre de 2026 y contó con la participación de Migración Colombia, la Policía Nacional, el Ejército, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el acompañamiento de la Personería Distrital.
De acuerdo con la información oficial, entre las personas expulsadas se encontraban 74 hombres y seis mujeres. Las autoridades realizaron intervenciones en diferentes sectores de la capital y posteriormente cruzaron la información recopilada con las bases de datos de Migración Colombia y la Policía Nacional.
Las medidas correctivas que acumulaba este grupo estaban relacionadas con comportamientos como el porte de armas y elementos cortopunzantes, el consumo y porte de sustancias psicoactivas, su distribución o comercialización y el irrespeto a la autoridad.
Uno de los datos destacados por Migración Colombia fue que algunos de los ciudadanos registraban hasta 90 medidas correctivas individuales. La entidad señaló que estas situaciones evidenciaban reincidencia en comportamientos que afectan la convivencia y la seguridad en la capital.
La información también fue contrastada con el Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional, que registra estadísticas relacionadas con delitos y comportamientos de impacto para la seguridad ciudadana.
Según ese reporte, entre los extranjeros expulsados había personas con anotaciones judiciales relacionadas con hurto, tráfico de estupefacientes y extorsión. Sin embargo, es importante precisar que las más de 1.100 medidas correctivas no corresponden necesariamente a condenas penales, sino a registros de comportamientos contrarios a la convivencia.
Dentro del grupo también se encontraban dos mujeres y un hombre que fueron expulsados después de cumplir condenas por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y extorsión. Migración Colombia incluyó estos casos dentro del balance de la operación.
Una vez finalizadas las verificaciones, las autoridades trasladaron a los 80 ciudadanos hasta la base militar de CATAM, ubicada en Bogotá, en inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado. Allí abordaron un vuelo de apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana con destino a Cúcuta.
El traslado fue coordinado por Migración Colombia, la Policía Nacional y el Ejército. El objetivo era llevar a los ciudadanos hasta la zona de frontera para formalizar su entrega a las autoridades migratorias del país vecino.
La entrega se realizó en el Puente Internacional Atanasio Girardot, uno de los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela. Allí se completó el procedimiento de expulsión de los ciudadanos extranjeros que habían sido objeto de las medidas administrativas adoptadas por Migración Colombia.
Sin embargo, el procedimiento tuvo un resultado adicional en territorio venezolano. Diez de las personas entregadas fueron capturadas por las autoridades de ese país debido a que tenían órdenes de captura vigentes por delitos cometidos en Venezuela.
Este resultado fue destacado por las autoridades colombianas, pues permitió que los ciudadanos requeridos judicialmente quedaran a disposición de los organismos competentes en el país vecino. No obstante, Migración Colombia no detalló públicamente cuáles eran los delitos específicos atribuidos a cada uno de los diez capturados.
El director general de Migración Colombia, José Luis Castañeda, explicó que el operativo respondió a las instrucciones del presidente Abelardo de la Espriella para fortalecer la seguridad en Bogotá y aumentar la articulación entre las autoridades migratorias y la Fuerza Pública.
El funcionario sostuvo que el país mantiene sus puertas abiertas para los extranjeros que llegan a trabajar y respetar las normas, pero advirtió que quienes ingresen con la intención de cometer delitos deberán enfrentar las consecuencias previstas en la legislación colombiana.
La Presidencia también se pronunció sobre el procedimiento y presentó la expulsión como parte de la estrategia del Gobierno para combatir las actividades delictivas y reforzar los controles migratorios. De la Espriella afirmó que Colombia no debe convertirse en refugio para personas que utilizan su territorio para cometer delitos.
El mandatario señaló que las autoridades mantendrán una posición de firmeza frente a los extranjeros que incurran en actividades al margen de la ley. También insistió en diferenciar a quienes llegan al país para trabajar y contribuir al desarrollo nacional de quienes participan en actividades criminales.
La operación en Bogotá se suma a otras actuaciones adelantadas por Migración Colombia en diferentes regiones. La entidad ha realizado procedimientos de verificación y expulsión de ciudadanos extranjeros que, según sus investigaciones y registros, representan situaciones de riesgo para la seguridad o incumplen las disposiciones migratorias.
De hecho, el presidente De la Espriella había presentado un balance nacional de los controles migratorios durante un consejo de seguridad realizado en la frontera colombo-venezolana, el 3 de noviembre de 2026.
En esa oportunidad, el mandatario informó que entre el 7 de agosto y el 29 de octubre se habían realizado 812 deportaciones y expulsiones de extranjeros en todo el territorio nacional. De ese total, 462 procedimientos obedecieron a razones de seguridad nacional, alteraciones del orden público o requerimientos de autoridades extranjeras e Interpol.
El Gobierno también reportó 867 inadmisiones durante ese mismo periodo, correspondientes a personas a quienes se les negó el ingreso al territorio colombiano por diferentes causales contempladas en la legislación migratoria.
Durante su intervención, De la Espriella ordenó fortalecer las capacidades de Migración Colombia para mejorar los controles de ingreso y verificar las condiciones legales de permanencia de los ciudadanos extranjeros en el país.
El mandatario también hizo referencia a la necesidad de fortalecer la cooperación internacional, especialmente con Venezuela, debido a la extensión de la frontera compartida y a los vínculos familiares y comerciales entre las comunidades de ambos lados.
Según explicó, el intercambio de información, la coordinación de investigaciones y la cooperación judicial son herramientas necesarias para identificar a personas requeridas por las autoridades y evitar que las organizaciones criminales utilicen los pasos fronterizos para desarrollar sus actividades.
En ese contexto, la captura de diez de los extranjeros entregados en el Puente Internacional Atanasio Girardot constituye uno de los resultados concretos del procedimiento realizado en Bogotá y de la coordinación entre las autoridades de ambos países.
La operación también pone sobre la mesa la diferencia entre las medidas correctivas de convivencia y los antecedentes penales. Aunque Migración Colombia reportó más de 1.100 registros para las 80 personas, esa cifra no significa que todas tuvieran condenas judiciales ni que cada medida correspondiera a un delito.
Por su parte, la expulsión es una medida administrativa migratoria que debe estar sustentada en las disposiciones legales y las circunstancias particulares de cada caso. La información divulgada por las autoridades no incluye el detalle de los expedientes individuales ni las razones jurídicas específicas aplicadas a cada uno de los 80 ciudadanos.
Con este procedimiento, el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca reforzar su estrategia de control migratorio y seguridad ciudadana, mediante intervenciones coordinadas entre las autoridades nacionales y distritales. La administración anunció que mantendrá las verificaciones para identificar a extranjeros involucrados en actividades delictivas o comportamientos contrarios a la convivencia.
