El Gobierno nacional radicó ante el Congreso de la República una reforma minera que busca actualizar el marco jurídico de la minería en Colombia con un modelo que fortalece la participación del Estado, impulsa la industrialización del sector y promueve la formalización de la pequeña minería.
La iniciativa plantea una transformación del modelo de desarrollo minero para aprovechar la creciente demanda de minerales estratégicos asociados a la transición energética, con el objetivo de que la actividad no se limite a la extracción de recursos, sino que genere cadenas de valor en los territorios donde se desarrolla.
El proyecto incorpora medidas para avanzar hacia una minería alineada con la transición energética, la acción climática y el desarrollo territorial, al tiempo que busca reforzar la protección del agua, los ecosistemas y los derechos de los trabajadores del sector.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, hizo un llamado al Congreso para dar trámite a la iniciativa, al señalar que la reforma es necesaria para fortalecer la planeación minera y ambiental del país y garantizar la protección de las comunidades vinculadas a esta actividad.
Uno de los principales componentes de la propuesta es el fortalecimiento de la soberanía del Estado sobre los recursos del subsuelo. Para ello, plantea consolidar el conocimiento geológico como un bien público y mejorar la planeación estratégica de las áreas y minerales considerados esenciales para el país.
La reforma también propone un enfoque diferencial para la minería de pequeña escala, tradicional y ancestral. El proyecto contempla un régimen especial que facilite la formalización de miles de mineros, permita procesos de reconversión productiva cuando sean necesarios y establezca reglas específicas para comunidades étnicas que desarrollan actividades mineras.
En materia ambiental, la iniciativa plantea una licencia ambiental integral que cubra todas las etapas de los proyectos mineros, desde la exploración hasta el cierre y el periodo posterior al cierre, con el propósito de fortalecer la protección de los recursos naturales.
El articulado establece además la posibilidad de declarar la caducidad de títulos mineros cuando se generen daños a fuentes hídricas y amplía las causales para excluir determinadas zonas de la actividad minera por razones ambientales, culturales y sociales.
La responsabilidad de las empresas también ocupa un lugar central en la propuesta. El proyecto exige que los operadores presenten planes de cierre progresivo y definitivo desde el inicio de cada proyecto, respaldados por garantías económicas que permitan prevenir pasivos ambientales, laborales y sociales.
La iniciativa incluye medidas para proteger a los trabajadores mineros mediante mayores herramientas de fiscalización, garantías para los procesos de cierre laboral y mecanismos de acompañamiento para regiones que enfrenten reconversiones económicas derivadas de la transición productiva.
La viceministra de Minas, Sorrel Parisa Aroca Rodríguez, aseguró que el proyecto busca fortalecer los procesos de formalización minera y avanzar en la implementación de trámites más claros y frecuentes para los pequeños mineros.
Con la radicación del proyecto, el Gobierno inicia el trámite legislativo de una reforma que pretende modernizar el sector minero colombiano, combinando el aprovechamiento de los recursos minerales con la protección ambiental, el desarrollo territorial y el bienestar de las comunidades.
