El proyecto del Gobierno nacional para crear un Sistema de Información sobre Guardias Indígenas abrió un debate sobre los límites de la intervención estatal en las formas de organización de los pueblos originarios. La propuesta del Ministerio del Interior busca reunir información sobre estas estructuras comunitarias, pero el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Defensoría del Pueblo cuestionan sus posibles efectos sobre la autonomía y la seguridad de las comunidades.
La iniciativa fue publicada el 28 de septiembre de 2026 como un borrador de decreto que adicionaría disposiciones al Decreto 1066 de 2015. El plazo para presentar observaciones ciudadanas terminó el 4 de octubre, pero ese cierre no significa que la norma haya sido expedida.
La principal controversia es si el Estado puede recopilar y organizar información sobre las guardias sin afectar la autonomía con la que los pueblos indígenas crean, orientan y gobiernan estas estructuras. Para el Ministerio, contar con datos consolidados facilitaría la coordinación institucional; para sus críticos, incluso un sistema sin listados individuales podría generar riesgos en territorios atravesados por el conflicto armado.
El CRIC rechazó la propuesta el 30 de septiembre y pidió al Gobierno abstenerse de impulsar medidas que puedan restringir o representar un retroceso en los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. La organización sostuvo que la Guardia Indígena se fundamenta en la espiritualidad, la cosmovisión, el derecho propio y la autodeterminación, y que su existencia no depende del reconocimiento del Estado.
En su pronunciamiento, el CRIC advirtió que la información recopilada podría convertirse en una herramienta de vigilancia, estigmatización o judicialización de quienes ejercen labores de defensa territorial y comunitaria. Se trata de un riesgo planteado por la organización, no de una consecuencia demostrada de un sistema que todavía se encuentra en etapa de proyecto.
La crítica no se limita a la posibilidad de que se conozcan los nombres de los integrantes. El CRIC cuestiona que el Estado reúna información sobre organizaciones cuya legitimidad y funcionamiento provienen de sus propias autoridades y normas, y advierte que ese proceso podría abrir la puerta a nuevas formas de seguimiento institucional.
El borrador, sin embargo, establece que el sistema tendría carácter informativo y que no se diseñaría para registrar nominalmente a cada integrante. La información sería reportada por las autoridades indígenas, en los términos que ellas definan, y el mecanismo no tendría como finalidad otorgarles reconocimiento constitutivo ni convertirlas en organismos policiales.
Entre los datos contemplados están el pueblo indígena al que pertenece la guardia, el territorio donde actúa, el nombre que la comunidad le asigna, su número aproximado de integrantes y la información de contacto de una autoridad o persona designada para la interlocución. Aunque no se prevé un listado individual de miembros, la combinación de datos territoriales, organizativos y de contacto es uno de los puntos que genera preocupación.
La Defensoría del Pueblo se sumó a los cuestionamientos el 8 de octubre. En una comunicación dirigida al Ministerio del Interior, la entidad pidió reconsiderar la expedición del decreto hasta que se adelante un proceso de consulta previa y concertación con los pueblos indígenas. A su juicio, la publicación del borrador para recibir comentarios generales no reemplaza ese derecho cuando una medida puede afectar directamente a una comunidad étnica.
Para la Defensoría, la discusión no puede tratarse como un asunto exclusivamente administrativo. El diseño del sistema podría incidir en la autonomía, el gobierno propio, la representación institucional y la seguridad de las comunidades, aspectos que requieren una participación efectiva de los pueblos involucrados antes de adoptar la medida.
La entidad también cuestionó que el proyecto considere innecesaria la consulta previa porque no crea ni reconoce jurídicamente a las guardias. La Defensoría sostiene que la obligación de consultar no depende únicamente de que una norma establezca nuevas instituciones: también debe evaluarse si sus disposiciones pueden afectar directamente la organización y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Otro reparo apunta a la definición de guardia indígena que podría utilizar la administración. Según la Defensoría, una caracterización elaborada unilateralmente por el Estado podría terminar funcionando como criterio para determinar cuáles estructuras se reconocen en la interlocución institucional, pese a que su existencia y sus características se derivan del derecho propio de cada pueblo.
La entidad también advirtió que exigir que una autoridad esté previamente registrada ante la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías podría dejar en desventaja a comunidades cuyas formas de gobierno no coincidan con los esquemas administrativos previstos. Algunas estructuras tienen organización zonal, regional o espiritual, lo que plantea dudas sobre quién podría reportar la información y en representación de quién.
El manejo de los datos constituye otro foco de preocupación. La Defensoría señaló que información que, por separado, podría parecer ordinaria adquiere un carácter sensible cuando se combina con otros datos. En territorios con presencia de actores armados y amenazas contra las guardias, conocer el alcance territorial de una estructura, su organización y sus contactos podría facilitar la identificación de liderazgos y comunidades.
Ese señalamiento pone en el centro del debate las garantías de acceso, almacenamiento, circulación y protección de la información. La discusión no consiste solamente en determinar si el sistema incluirá nombres individuales, sino también en establecer qué entidades podrán consultar los datos, bajo qué condiciones y qué mecanismos impedirán usos distintos a los anunciados.
El CRIC ha insistido en que las responsabilidades estatales frente a los pueblos indígenas no deben condicionarse a la entrega de información. La preocupación es que, aun si el borrador indica que la participación es voluntaria, las comunidades puedan sentir presión para reportar datos si consideran que hacerlo influye en su relación con las instituciones o en la atención de sus necesidades.
El texto propuesto busca evitar esa interpretación: plantea que la inscripción no sea requisito para reconocer la existencia de una guardia ni para acceder a medidas de protección, fortalecimiento o reparación. La eficacia de esa salvaguarda dependerá, entre otros factores, de que la regla se conserve en la versión definitiva y de que las entidades públicas la apliquen sin convertir el reporte en una condición indirecta.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha defendido la iniciativa como una herramienta para mejorar la articulación con las autoridades indígenas y facilitar la coordinación de entidades que intervienen en asuntos de protección, atención a víctimas y acompañamiento territorial. El argumento del Gobierno parte de que la información disponible está fragmentada y no permite conocer con precisión cuántas guardias existen o dónde desarrollan sus labores.
Desde esa perspectiva, un sistema consolidado podría facilitar la interlocución y evitar que las instituciones dependan de información dispersa para coordinar acciones. Sin embargo, ese propósito no resuelve por sí solo las preguntas planteadas por las comunidades: la utilidad administrativa de una base de datos debe examinarse junto con sus riesgos, las reglas de acceso y la participación de quienes aportarían la información.
La discusión también plantea una diferencia sobre el papel del Estado. Mientras el Gobierno presenta el mecanismo como una vía para relacionarse mejor con organizaciones comunitarias, el CRIC sostiene que las guardias son instituciones propias cuya legitimidad no debe depender de procedimientos diseñados desde la administración nacional. La controversia enfrenta, así, dos preocupaciones que deben evaluarse en el diseño de cualquier medida: coordinación pública y autonomía indígena.
El director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Leonardo González, también cuestionó la propuesta y advirtió que las guardias no necesitan ser vigiladas o administradas por el Estado. Su preocupación se concentra en que la caracterización institucional pueda facilitar el seguimiento o la individualización de quienes participan en procesos de defensa territorial, en particular cuando existen amenazas contra líderes comunitarios.
El debate tiene además una dimensión jurídica. La consulta previa es un derecho de los pueblos étnicos cuando una medida puede afectarlos directamente, y la Defensoría considera que el proyecto debe discutirse en los espacios de concertación correspondientes. El Ministerio, en cambio, argumenta en el borrador que el sistema no crea las guardias ni condiciona su existencia, por lo que estima que su diseño no interfiere con la autonomía de los pueblos.
La diferencia no se limita a una discusión sobre la conveniencia de tener información. También involucra quién define las categorías utilizadas para describir a las guardias, quién escoge a sus interlocutores ante las instituciones y cómo se evita que una herramienta administrativa termine convirtiéndose en un filtro para relacionarse con el Estado. La Defensoría pidió que cualquier mecanismo se diseñe al servicio de los sistemas propios de protección y no como una condición para reconocerlos.
Por ahora, el proyecto no debe presentarse como un sistema ya implementado ni como una obligación vigente para todas las guardias indígenas. El Ministerio publicó una propuesta normativa y recibió observaciones hasta el 4 de octubre. Para establecer qué cambios podrían incorporarse, será necesario conocer la respuesta oficial a los comentarios y verificar si posteriormente se expide un decreto definitivo.
Las objeciones del CRIC y de la Defensoría dejan planteadas preguntas que la versión final tendría que resolver: si habrá consulta previa y concertación, cómo se protegerán los datos, qué funcionarios podrán acceder a ellos, cómo se evitará que la información se use para fines de inteligencia o judicialización y qué garantías tendrán las comunidades que decidan no participar. También será importante precisar cómo se representarán las distintas formas de gobierno propio sin imponer una definición estatal uniforme.
La controversia, en definitiva, no gira únicamente en torno a la creación de una base de datos. El punto central es cómo puede el Estado mejorar su coordinación con las guardias indígenas sin debilitar la autonomía que las sustenta ni exponer a sus integrantes y autoridades a nuevos riesgos. La respuesta dependerá de las garantías jurídicas, técnicas y políticas que acompañen cualquier decisión, así como de la participación efectiva de los pueblos indígenas en su elaboración.
