La situación financiera de la Nueva EPS volvió a ocupar el centro del debate nacional durante julio, luego de que el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, presentara los estados financieros de la entidad correspondientes a 2023 y 2024 y expusiera una serie de hallazgos sobre el manejo contable de la mayor EPS del país. Según el funcionario, la revisión permitió establecer que la dimensión real de la crisis era significativamente mayor a la que se había reportado.
Uno de los principales hallazgos revelados por Quintero fue el presunto ocultamiento de millones de facturas correspondientes a servicios de salud prestados por hospitales, clínicas y demás Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS). De acuerdo con el superintendente, esas cuentas no fueron registradas oportunamente en la contabilidad, lo que habría permitido presentar una situación financiera menos crítica de la que realmente enfrentaba la entidad.
El funcionario afirmó que, antes de la intervención de la Superintendencia, la Nueva EPS reportaba pérdidas cercanas a los 4,5 billones de pesos para 2023. Sin embargo, tras la depuración de la información financiera y la incorporación de las obligaciones que no habían sido contabilizadas, las pérdidas ascendieron a aproximadamente 6,5 billones de pesos, es decir, cerca de 2 billones adicionales frente a las cifras inicialmente conocidas.
Quintero sostuvo que ese incremento no obedeció a un deterioro reciente de las finanzas de la EPS, sino a la incorporación de obligaciones que permanecían por fuera de los estados financieros. En sus declaraciones aseguró que el ocultamiento de esas facturas hizo que la situación económica de la entidad pareciera más favorable de lo que realmente era, afectando la transparencia de la información contable.
Como parte del proceso de intervención, la Superintendencia informó que logró identificar y comenzar a procesar cerca de 10 millones de facturas represadas, algunas correspondientes a servicios prestados desde 2008. Según Quintero, esa depuración permitió reconocer pasivos que durante años no habían sido reflejados adecuadamente en los balances de la aseguradora.
Los hallazgos presentados durante julio también guardan relación con investigaciones adelantadas por los organismos de control desde años anteriores. La Superintendencia ya había advertido sobre un presunto mecanismo conocido como “jineteo”, mediante el cual algunas facturas permanecían represadas sin ser incorporadas oportunamente a la contabilidad, retrasando el reconocimiento de las obligaciones financieras de la EPS.
De manera paralela, la Fiscalía General de la Nación adelanta un proceso penal contra varios exdirectivos de la Nueva EPS, a quienes les imputó cargos por presuntamente ocultar alrededor de 14 millones de facturas entre 2019 y 2023. Según el ente acusador, esa práctica habría permitido elaborar estados financieros que no reflejaban la verdadera situación patrimonial de la entidad. Los exdirectivos han rechazado las acusaciones y no aceptaron los cargos.
Los estados financieros divulgados durante julio también mostraron la magnitud de la crisis que enfrenta la aseguradora. La Nueva EPS reportó pérdidas superiores a los seis billones de pesos y obligaciones que superan los 22 billones, cifras que evidencian las dificultades para responder oportunamente a los pagos de la red de prestadores de servicios de salud.
Pese al panorama financiero, Daniel Quintero defendió la continuidad del proceso de intervención y sostuvo que la publicación de los estados financieros representa un paso hacia la recuperación de la entidad. Según explicó, reconocer la totalidad de las obligaciones pendientes permite diseñar un plan de reorganización basado en información contable real y no en balances que omitan parte de los pasivos.
El superintendente también descartó que la única salida para la Nueva EPS sea una liquidación. A su juicio, una intervención orientada a sanear la contabilidad, depurar las cuentas y normalizar el flujo de recursos hacia hospitales y clínicas podría demostrar la viabilidad de la entidad y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud para millones de afiliados.
Las revelaciones conocidas durante julio reavivaron el debate sobre los mecanismos de vigilancia del sistema de salud y la necesidad de fortalecer los controles financieros sobre las EPS. Mientras avanzan las investigaciones administrativas y penales relacionadas con el presunto ocultamiento de facturas, el futuro de la Nueva EPS dependerá de la capacidad de su proceso de reorganización para estabilizar sus finanzas, recuperar la confianza de los prestadores y garantizar la atención de sus afiliados.
