El estadio Nemesio Camacho El Campín vuelve a estar en el centro de la controversia en Bogotá. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anunció la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio contra Sencia S.A.S., concesionaria encargada de la administración, operación y mantenimiento del escenario deportivo, para establecer si incurrió en incumplimientos relacionados con el estado de la gramilla.
La actuación se fundamenta en un informe de presunto incumplimiento presentado por la interventoría del contrato de concesión. El organismo distrital busca determinar si la empresa cumplió las obligaciones pactadas para garantizar las condiciones de la cancha, después de los cuestionamientos que surgieron por el deterioro del césped y la suspensión del partido entre Millonarios y Once Caldas, el pasado 13 de octubre, cuando el encuentro fue cancelado minutos antes de su inicio.
El IDRD convocó a Sencia a una audiencia pública para el jueves 29 de octubre de 2026, a las 9:00 a. m. En esa diligencia, la concesionaria podrá presentar sus explicaciones y ejercer su derecho de defensa, dentro del procedimiento contemplado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. La apertura de la actuación no significa que exista una sanción definitiva ni que se haya establecido formalmente la responsabilidad de la empresa.
El anuncio se produjo en medio de otra controversia relacionada con el contrato de asociación público-privada (APP) de El Campín. El concejal de Bogotá Juan David Quintero cuestionó el reconocimiento de $26.101.691.506 por costos de estructuración del proyecto, suma que Sencia habría pagado el 28 de octubre de 2024 a APP CDEC S.A.S., sociedad identificada como originadora de la iniciativa y que finalmente resultó adjudicataria de la concesión.
Quintero pidió explicaciones sobre el fundamento jurídico de ese pago. Según su interpretación, la minuta original del proceso de selección establecía que los costos de estructuración se reconocerían cuando el originador no resultara adjudicatario y el contrato terminara en manos de un tercero. El concejal sostuvo que esa condición cambió en el documento finalmente firmado y preguntó quién modificó la cláusula, quién autorizó el reconocimiento y cuáles fueron las razones jurídicas y financieras para hacerlo.
El cabildante también puso bajo cuestionamiento un otrosí firmado en julio de 2025, mediante el cual se ampliaron varios plazos del proyecto. De acuerdo con los datos expuestos por Quintero, la etapa de preconstrucción pasó de 12 a 16 meses, la construcción se extendió de 42 a 44 meses y el plazo para acreditar el cierre financiero aumentó de 360 días a 15,5 meses.
Otro de los reparos del concejal se refiere a las condiciones que permitirían mantener la explotación comercial del estadio existente mientras avanzan las obras del proyecto. Quintero solicitó aclaraciones sobre las modificaciones contractuales y cuestionó si estas alteraron las condiciones iniciales de la concesión. Ha insistido en que sus señalamientos buscan establecer si las decisiones se ajustaron a la normativa y si protegieron los intereses de la ciudad.
La respuesta del director del IDRD
Ante los cuestionamientos, el director del IDRD, Daniel García Cañón, respondió públicamente al concejal y rechazó que las sospechas se presenten como responsabilidades demostradas. El funcionario afirmó que respeta el ejercicio del control político, pero sostuvo que las acusaciones sobre su gestión y la de los directivos de la entidad deben estar respaldadas por pruebas.
Sobre los $26.101 millones, García aseguró que el Distrito no desembolsó esos recursos y que el pago se realizó entre dos empresas privadas: Sencia y APP CDEC S.A.S. También señaló que el reconocimiento de los costos de estructuración estaba contemplado desde agosto de 2023, antes de la adjudicación y de la firma del contrato de concesión.
El director agregó que el asunto fue explicado a la Contraloría de Bogotá en febrero de 2025, mediante una respuesta acompañada de soportes. Sin embargo, reconoció que las eventuales diferencias entre los documentos contractuales pueden y deben ser examinadas. Su explicación busca defender la actuación del Instituto, mientras que Quintero mantiene sus reparos sobre las condiciones bajo las cuales se reconoció el pago.
El concejal respondió que el hecho de que el IDRD hubiera remitido información a la Contraloría no significa que las preguntas estén resueltas. Según sus declaraciones recogidas por Infobae, Quintero recordó que se anunció una auditoría integral a la asociación público-privada y pidió que se examinen las condiciones del reconocimiento económico, las modificaciones contractuales y los soportes que sustentaron las decisiones.
La discusión también incluye el alcance de la supervisión del contrato. García sostuvo que la contratación de una interventoría especializada no libera al IDRD de sus responsabilidades de vigilancia y control. Según explicó, el Instituto conserva sus competencias y supervisa directamente el contrato de interventoría, por lo que rechazó la idea de que la existencia de ese mecanismo implique una renuncia a las funciones institucionales.
El debate sobre el nuevo estadio y las modificaciones
Otro de los puntos abordados por el director fue la construcción de un nuevo estadio. García afirmó que esa obra ya estaba contemplada en el proyecto desde 2023, cuando se adjudicó la APP, y por ello rechazó que las modificaciones posteriores hubieran cambiado el objeto del contrato. Sostuvo que los ajustes realizados cuentan con fundamentos jurídicos, técnicos y financieros y que no se adoptaron para favorecer intereses distintos de la adecuada ejecución del proyecto.
Quintero, por su parte, ha pedido que se expliquen las modificaciones de la minuta y del contrato definitivo, así como las ampliaciones de los plazos. El concejal considera que los documentos deben ser examinados por los organismos de control para determinar si las decisiones estuvieron justificadas y si las condiciones pactadas protegieron adecuadamente los intereses públicos. Por ahora, sus señalamientos deben entenderse como cuestionamientos que requieren verificación, no como irregularidades declaradas definitivamente por una autoridad.
En relación con los posibles conflictos de interés, García afirmó que cualquier incompatibilidad debe investigarse con nombres, fechas, documentos y pruebas. El director aseguró que el IDRD está dispuesto a entregar la información que soliciten las autoridades y que no obstaculizará ninguna investigación. Las declaraciones se conocen mientras los cuestionamientos sobre la estructuración y ejecución del contrato continúan en el debate público.
El funcionario también anunció que acudirá a las instancias legales competentes para que se evalúen las afirmaciones que, a su juicio, podrían constituir injuria o calumnia. García explicó que busca proteger su buen nombre y el de su equipo, al tiempo que reiteró su respeto por el control político y su compromiso con la transparencia en la gestión del Instituto.
El estado de la gramilla, motivo del proceso sancionatorio
A diferencia de los cuestionamientos sobre el pago de los costos de estructuración, el procedimiento administrativo anunciado el 23 de octubre está relacionado específicamente con los presuntos incumplimientos en el cuidado de la gramilla. El IDRD explicó que la actuación se deriva del informe de la interventoría y busca establecer si Sencia cumplió las obligaciones contractuales de administración, operación y mantenimiento del estadio.
La entidad también informó que el 20 de octubre reforzó las exigencias de seguimiento a la interventoría ante el concierto previsto para el 31 de octubre. Las medidas buscan verificar las condiciones del escenario antes, durante y después del evento, así como las acciones de protección, recuperación y contingencia para el césped. El Instituto sostuvo que la conservación de la cancha debe permitir la programación de partidos y proteger la seguridad de los jugadores.
El proceso sancionatorio se suma a la controversia pública sobre la concesión, pero no resuelve por sí mismo los cuestionamientos planteados por el concejal. La audiencia del 29 de octubre permitirá a Sencia presentar sus descargos, tras lo cual el IDRD deberá evaluar los elementos del expediente y determinar si existe un incumplimiento que amerite una sanción.
Por ahora, hay dos asuntos diferenciados: por un lado, la actuación administrativa por el estado de la gramilla y, por otro, los cuestionamientos sobre el pago de $26.101 millones y las modificaciones del contrato de concesión. Mientras el IDRD defiende la legalidad de sus decisiones y anuncia que exigirá a Sencia el cumplimiento de sus obligaciones, Quintero insiste en que las dudas sobre el contrato deben ser examinadas por los organismos de control. El desarrollo de esas actuaciones permitirá establecer las responsabilidades que correspondan.
