Un grupo de 33 académicos, investigadores y profesionales de la salud ambiental pidió mantener suspendidas las aspersiones aéreas con glufosinato de amonio para erradicar cultivos de uso ilícito en Colombia, al advertir que todavía existen incertidumbres sobre los riesgos sanitarios y ambientales de esta práctica.
La solicitud quedó consignada en una carta abierta de nueve páginas, fechada el 22 de octubre de 2026 y dirigida a la ministra de Salud, Ana María Vesga Gaviria, y a la directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Zulma Milena Cucunubá.
Los firmantes sostienen que reemplazar el glifosato por otro herbicida no constituye, por sí solo, una garantía de seguridad. Por eso, solicitan una evaluación independiente que considere las características toxicológicas del glufosinato, la formulación comercial que se pretende utilizar, las dosis previstas y las condiciones reales de aplicación.
La controversia se produce en medio de la propuesta gubernamental de desarrollar un plan piloto de aspersión aérea para erradicar cultivos de uso ilícito. Hasta el momento, el INS aún no había emitido el concepto sanitario favorable requerido para iniciar el programa.
Hallazgos experimentales y preguntas pendientes
Uno de los principales argumentos de la carta se refiere a los estudios toxicológicos que han identificado posibles efectos neurológicos y reproductivos en animales expuestos al glufosinato de amonio.
Los investigadores consideran que estos hallazgos deben incorporarse a la evaluación de riesgos antes de decidir sobre su utilización mediante aspersión aérea. Sin embargo, también aclaran que los resultados experimentales no pueden interpretarse automáticamente como prueba de que las mismas afectaciones ocurrirán en seres humanos.
El documento pide establecer qué evidencia existe sobre los posibles efectos neurológicos, reproductivos y del desarrollo, así como sobre la carcinogenicidad, y determinar cuáles son las incertidumbres de las evaluaciones disponibles.
La documentación toxicológica consultada permite confirmar que estos asuntos forman parte de las evaluaciones regulatorias del herbicida. Una evaluación de riesgos para la salud humana publicada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), por ejemplo, examina efectos relacionados con el desarrollo neurológico y establece valores de referencia para distintos escenarios de exposición. El documento identifica cambios morfológicos en el cerebro de animales utilizados en estudios de neurotoxicidad del desarrollo a determinadas dosis.
El producto y la forma de aplicación también importan
Los académicos advierten que la evaluación no debe limitarse al ingrediente activo. También debe considerar los coformulantes, es decir, los componentes adicionales de la formulación comercial, que pueden modificar las propiedades del producto y sus condiciones de uso.
La carta propone analizar la deriva del herbicida, entendida como su dispersión fuera del área prevista de aplicación, y estimar la exposición por inhalación, contacto con la piel y posible contaminación del agua o los alimentos.
Para ello, los investigadores solicitan modelos que contemplen las dosis y los volúmenes de aplicación, las condiciones operacionales, la cercanía de viviendas y escuelas, las fuentes hídricas y los cultivos de subsistencia.
También plantean que los resultados de esos modelos deben acompañarse de una explicación de sus supuestos y limitaciones. Cuando corresponda, añaden, las estimaciones deben contrastarse con mediciones ambientales y datos territoriales.
El objetivo es determinar si las condiciones de uso propuestas permiten prevenir o reducir adecuadamente la exposición de las personas que viven, trabajan o transitan cerca de las zonas intervenidas.
Embarazadas, niños y comunidades rurales
La carta pide prestar especial atención a mujeres embarazadas, personas en edad reproductiva, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y habitantes con enfermedades preexistentes.
Según los firmantes, las diferencias en las condiciones de vivienda, la nutrición, el acceso al agua potable y los servicios de salud pueden influir en las posibilidades de exposición y en la capacidad de prevenir o atender eventuales afectaciones.
El documento no afirma que todas estas poblaciones sufrirán daños por la exposición al glufosinato. Su planteamiento es que la evaluación debe identificar los escenarios relevantes para cada grupo y establecer, con base en la evidencia disponible, si requieren medidas específicas de protección.
Los investigadores también solicitan incorporar la ubicación de escuelas, viviendas dispersas, fuentes de agua, zonas de pesca y territorios de comunidades étnicas en la planificación de las operaciones.
Qué se sabe y qué no demuestra la evidencia
Hay que distinguir entre peligro y riesgo. El peligro se refiere a la capacidad de una sustancia para causar determinados efectos adversos; el riesgo depende, entre otros factores, de la probabilidad y la magnitud de la exposición en condiciones concretas.
La Organización Mundial de la Salud y la FAO han evaluado el glufosinato de amonio en el marco de sus trabajos sobre residuos de plaguicidas. Su base de datos registra evaluaciones toxicológicas y valores de referencia para esta sustancia.
Estas evaluaciones constituyen antecedentes relevantes, pero no resuelven automáticamente la cuestión específica de una aspersión aérea sobre territorios habitados. Para ello se requiere examinar el producto que se utilizaría y las condiciones particulares de aplicación y exposición.
Tampoco sería correcto concluir que la ausencia de estudios epidemiológicos prolongados demuestra que el herbicida causará daños, ni utilizar esa ausencia como prueba de que es seguro. La carta insiste precisamente en que las incertidumbres deben reconocerse y evaluarse antes de adoptar una decisión.
Una petición basada en el principio de precaución
Los firmantes recuerdan los antecedentes de la aspersión aérea con glifosato en Colombia y la Sentencia T-236 de 2017 de la Corte Constitucional, relacionada con las garantías que deben observarse ante los riesgos de estas operaciones.
Aclaran que las conclusiones sobre el glifosato no pueden trasladarse automáticamente al glufosinato, porque son sustancias diferentes. No obstante, sostienen que la experiencia anterior obliga a examinar las condiciones reales de aplicación, la exposición involuntaria de las comunidades y las posibles afectaciones ambientales.
La carta también reclama transparencia en los estudios, participación de las poblaciones potencialmente afectadas, consulta previa cuando sea legalmente exigible y mecanismos de vigilancia y respuesta ante posibles daños.
En su conclusión, los 33 académicos solicitan mantener suspendida la implementación de las aspersiones aéreas hasta que las autoridades acrediten que los riesgos relevantes han sido caracterizados y que existen medidas adecuadas para gestionarlos.
La petición no equivale a demostrar que toda aplicación de glufosinato causará daños en seres humanos. Plantea que la decisión sobre su uso aéreo debe apoyarse en evidencia científica verificable, una evaluación específica de la exposición y garantías suficientes para la salud pública y el ambiente.
