El senador Iván Cepeda anunció una denuncia contra el presidente Abelardo de la Espriella por presunto concierto para delinquir y otros posibles delitos, durante un debate de control político al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, realizado el 27 de octubre de 2026. El congresista aseguró que presentó documentos sobre transacciones comerciales, propiedades rurales y relaciones entre antiguos integrantes de la firma De la Espriella Lawyers y funcionarios que actualmente ocupan cargos públicos.
La denuncia anunciada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes busca que se investiguen presuntos vínculos entre De la Espriella y Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, alias Comandante Barbie, ganadero condenado por narcotráfico y señalado por promover estructuras paramilitares. Según el comunicado de Cepeda, las acusaciones también abarcan posibles irregularidades en operaciones inmobiliarias, conflictos de intereses y el origen de recursos aportados a una sociedad comercial.
Uno de los asuntos centrales es la finca Nueva Jerusalén, ubicada en Becerril, Cesar. Cepeda afirmó que De la Espriella adquirió el predio en 2013 a una hermana de Rodríguez Fuentes y cuestionó las condiciones de la operación, al señalar que el terreno habría sido comprado por debajo de su valor comercial. También sostuvo que la finca colinda con terrenos relacionados con procesos de despojo y se encuentra en una zona con títulos mineros de carbón.
El senador relacionó esa transacción con otras operaciones sobre predios rurales y con decisiones estatales acerca de bienes vinculados a antiguos integrantes de las AUC. En su exposición planteó que esas relaciones deben examinarse para determinar si existieron beneficios indebidos, intereses particulares en decisiones administrativas o actuaciones que pudieran tener consecuencias penales. La existencia de una compraventa, sin embargo, no demuestra por sí sola que haya sido irregular.
Otro de los puntos expuestos corresponde a Dominio De la Espriella, empresa relacionada con la comercialización del ron Defensor. De acuerdo con los estados financieros citados por Cepeda, el entorno familiar y societario de Rodríguez Fuentes, a través de Monte Horeb Group, habría representado el 40,8 % de los depósitos monetarios de la compañía en 2022 y el 38,1 % en 2023. El congresista pidió investigar el origen de esos recursos y planteó una posible línea de indagación por lavado de activos.
La denuncia también menciona la finca Polonia, ubicada en La Mojana, Sucre, que De la Espriella habría adquirido junto con su padre en marzo de 2008 por 115 millones de pesos. Cepeda sostuvo que el título inicial registraba 325 hectáreas y que una escritura posterior amplió la extensión a 392 hectáreas, con un excedente de 67 hectáreas que, según su interpretación, carecería de soporte técnico. Además, citó información cartográfica según la cual el polígono del predio abarcaría 60,9 hectáreas de ciénagas, pantanos y playones de uso público.
A partir de esos señalamientos, el senador anunció que solicitará actuaciones para establecer la situación jurídica de los terrenos y recuperar las áreas que considera pertenecientes a la Nación. La determinación sobre la naturaleza pública de esos espacios, los límites del predio y la eventual existencia de apropiación ilegal requiere revisar los títulos, los procedimientos de deslinde y las decisiones de las autoridades competentes.
La presentación también cuestiona los vínculos profesionales entre antiguos integrantes de De la Espriella Lawyers y funcionarios que hoy tienen responsabilidades en entidades encargadas de administrar bienes incautados, reparar a las víctimas o gestionar la restitución de tierras. Entre los nombres mencionados están Diana Patricia Bravo, presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE); Jensy Johana Osorio Porras, directora de la Unidad para las Víctimas, y Yoly Beatriz Illidge Pimienta, superintendente delegada de Notariado y Registro.
Cepeda sostuvo que esas relaciones previas podrían generar conflictos de intereses cuando los funcionarios participan en decisiones relacionadas con bienes o procesos en los que intervinieron antiguos clientes de la firma. Por esa razón, anunció que promoverá quejas disciplinarias para que se examine si los servidores públicos debieron declararse impedidos. La trayectoria profesional anterior de un funcionario no configura automáticamente una falta, por lo que el análisis depende de sus funciones concretas, los asuntos en los que intervino y las normas aplicables a cada caso.
Uno de los episodios señalados se refiere a la devolución de bienes relacionados con la estructura empresarial y familiar de Rodríguez Fuentes. Según el comunicado, 138 bienes fueron objeto de decisiones judiciales y administrativas, mientras que algunos predios, entre ellos La Alquería y La América, han estado vinculados a actuaciones de extinción de dominio y a iniciativas de adquisición para la reforma agraria. Cepeda cuestionó las decisiones sobre esos terrenos y pidió establecer si hubo afectaciones al patrimonio público o a las comunidades campesinas.
El congresista también incluyó en su exposición la operación inmobiliaria mediante la cual Cosenza S. A. S., empresa que atribuye al entorno familiar de De la Espriella, adquirió en 2020 un lote en Montería a Carlos Arturo Vega Pineda. Cepeda indicó que Vega había sido propietario de predios rurales en Unguía, Chocó, relacionados, según su exposición, con terrenos vinculados a Freddy Rendón, alias El Alemán, antiguo comandante paramilitar. Asimismo, señaló que el vendedor es investigado por la Fiscalía por presunto lavado de activos. Esa investigación y los antecedentes de propiedad deberán examinarse de manera independiente para establecer si tienen relevancia penal para la transacción.
Otro de los asuntos mencionados fue la mina Walter, en Alto Caribona, Bolívar, donde comunidades afrodescendientes realizaban explotación artesanal de oro. Cepeda recordó que la población fue víctima de violencia paramilitar y afirmó que la firma De la Espriella Lawyers asumió la representación legal en un litigio minero. Posteriormente, según su exposición, el título minero quedó en manos de Minecar Gold, compañía en la que habría participado Daniel Peñarredonda, antiguo socio del bufete hasta julio de 2025.
El senador agregó que Peñarredonda aparece identificado como «Coconspirador 1» en un expediente de una corte federal de Tampa, Florida, relacionado con un proceso por lavado de activos que involucra a alias Boliche. Esa referencia judicial, según la denuncia, constituye uno de los elementos que deben examinarse en el contexto de las relaciones empresariales mencionadas. La identificación de una persona en un expediente penal no equivale, por sí sola, a una condena ni demuestra responsabilidad de sus antiguos socios.
Entre los antecedentes que Cepeda llevó al debate también figuran las relaciones profesionales de De la Espriella con antiguos jefes de las AUC durante los procesos judiciales y las negociaciones de desmovilización. El senador recordó la participación del abogado en la Fundación Iniciativas para la Paz (FIPAZ) y sus actividades de representación legal de personas procesadas por parapolítica y de antiguos comandantes paramilitares. En su exposición sostuvo que esos antecedentes deben analizarse junto con las operaciones comerciales posteriores.
La denuncia anunciada no se limita al delito de concierto para delinquir. Según el comunicado publicado por Cepeda, también se solicitará investigar posibles delitos de interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público, financiación de la invasión de áreas de especial importancia ecológica y apropiación ilegal de baldíos. El senador planteó, además, que se examine un posible lavado de activos relacionado con los aportes a Dominio De la Espriella.
El congresista anunció que remitirá la información documental a autoridades de Estados Unidos y a integrantes del Congreso de ese país, teniendo en cuenta que De la Espriella adquirió la ciudadanía estadounidense en febrero de 2023, según el comunicado. Esa remisión busca que las autoridades examinen los hechos que puedan estar dentro de su competencia; no significa que exista una investigación formal abierta en ese país.
Para que las acusaciones se conviertan en responsabilidades judiciales, las autoridades deberán verificar la autenticidad y el alcance de los documentos, establecer la naturaleza de las transacciones y determinar si hubo conductas que encajen en los delitos señalados. También será necesario diferenciar los hechos ya examinados en otros expedientes de aquellos que puedan constituir elementos nuevos.
El anuncio de Cepeda se produce en medio de una controversia política sobre la administración de tierras y bienes incautados, así como sobre los nombramientos en entidades con competencias en esos asuntos. Su tesis es que determinadas relaciones comerciales y profesionales podrían comprometer la independencia de las instituciones encargadas de recuperar activos, reparar a las víctimas y ejecutar la reforma agraria. Esa interpretación constituye el fundamento político de la denuncia, pero deberá ser contrastada con los expedientes, las decisiones administrativas y las explicaciones de los funcionarios aludidos.
Hasta el momento, el comunicado del senador confirma el anuncio de las acciones judiciales, pero no basta para establecer que la denuncia haya sido formalmente radicada, admitida o que exista una investigación penal abierta contra De la Espriella por estos nuevos hechos. Tampoco se dispone en esa publicación de una respuesta del presidente a cada uno de los señalamientos específicos. La evolución del caso dependerá de las actuaciones que adopten las autoridades competentes y de las pruebas que puedan verificarse de manera independiente.
La controversia deja planteada una cuestión de fondo sobre la relación entre los intereses privados y la administración de bienes públicos: determinar si las operaciones y vínculos señalados por Cepeda tienen consecuencias jurídicas y si los funcionarios involucrados actuaron con la debida imparcialidad. La denuncia constituye el inicio de una solicitud de investigación, no una sentencia. El esclarecimiento de los hechos exigirá revisar los documentos originales, escuchar a las personas señaladas y conocer las decisiones que adopten los organismos judiciales y de control.
