La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a ocho antiguos integrantes de la Inteligencia Militar del Ejército Nacional a reconocer responsabilidad por crímenes cometidos contra dirigentes y militantes de la Unión Patriótica (UP), así como por graves violaciones de derechos humanos contra integrantes de las guerrillas del M-19, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Farc. Los hechos investigados ocurrieron principalmente en Bogotá entre 1985 y 1993.
La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, que identificó la participación de integrantes del antiguo Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI), la Brigada XX del Ejército, y estructuras vinculadas con la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE). Según los hallazgos, estas unidades habrían integrado un aparato clandestino que desarrolló operaciones de vigilancia, persecución, detención, tortura y eliminación de personas señaladas como amenazas para el Estado.
Los ocho comparecientes llamados a reconocer responsabilidad son los sargentos mayores retirados Luis Guillermo Hernández González y Mauricio Angarita; los sargentos viceprimeros retirados Julio Roberto Ortega Araque y Bernardo Alfonso Garzón Garzón; los coroneles retirados Carlos Armando Mejía Lobo y Óscar Diego Sánchez Vélez; el teniente coronel retirado Camilo Pulecio Tovar, y el brigadier general retirado Álvaro Hernán Velandia Hurtado.
La determinación hace parte de los avances de los macrocasos 06 y 08 de la JEP. El primero investiga el genocidio contra el partido político Unión Patriótica, mientras que el segundo aborda crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública y otros agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles durante el conflicto armado.
Uno de los principales resultados de la investigación fue la identificación de dos patrones macrocriminales. El primero estuvo dirigido contra la Unión Patriótica y comprendió prácticas de estigmatización, vigilancia, seguimiento, señalamientos públicos, amenazas y asesinatos de dirigentes y militantes de esa organización política.
El segundo patrón estuvo relacionado con detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos de integrantes del M-19, el EPL y las Farc. De acuerdo con la reconstrucción de la JEP, estas acciones buscaban obtener información sobre las estructuras insurgentes y sus integrantes, además de impedir un supuesto levantamiento insurreccional en Bogotá.
En total, la Sala documentó 27 hechos criminales que dejaron 33 víctimas: 18 relacionadas con la persecución contra la Unión Patriótica y 15 pertenecientes a organizaciones guerrilleras. Ocho personas continúan desaparecidas, por lo que la decisión también incluye órdenes dirigidas a obtener información que permita avanzar en su búsqueda.
La JEP describió el funcionamiento de una estructura clandestina dentro de la inteligencia estratégica del Ejército. Su operación habría estado organizada mediante una división de tareas: primero se identificaban y clasificaban personas consideradas objetivos; después se recopilaba información sobre sus actividades, domicilios y contactos, y finalmente se ejecutaban operaciones de seguimiento, detención o ataque.
Los informes de inteligencia y las bases de datos permitían construir perfiles de las personas señaladas. Los seguimientos servían para verificar sus rutinas y relaciones, y en algunos casos estaban acompañados de hostigamientos y amenazas. Las operaciones posteriores podían terminar en capturas sin orden judicial, interrogatorios bajo tortura, desapariciones o asesinatos.
En el caso de la Unión Patriótica, la investigación encontró que la estigmatización del movimiento fue incorporada a documentos de inteligencia, radiogramas, misiones de trabajo, archivos operacionales y discursos públicos. Sus integrantes eran presentados como parte de una supuesta estrategia de las Farc para utilizar la actividad política como instrumento de expansión de la insurgencia.
Esa interpretación permitió que actividades electorales, sindicales, comunitarias y de proselitismo fueran tratadas como expresiones de un proyecto subversivo. La JEP considera que ese señalamiento contribuyó a justificar la persecución y facilitó el tránsito de la estigmatización generalizada hacia la identificación individual de dirigentes y militantes.
La dimensión de la violencia contra la UP en Bogotá también fue destacada en la decisión. La investigación documentó 353 víctimas entre 1984 y 2016 y estableció que no hubo un solo año sin hechos violentos contra integrantes del partido entre 1984 y 2006. Además, el 53,8 % de la victimización registrada en la capital se concentró entre 1985 y 1993, periodo central de los hechos atribuidos a las estructuras investigadas.
Para la Sala, la persecución no estuvo limitada a ataques individuales. Las acciones también buscaban debilitar las organizaciones del partido, eliminar liderazgos, restringir su participación electoral y generar temor entre sus militantes y simpatizantes. El efecto acumulado fue reducir su capacidad de intervenir en la vida pública y desarrollar sus actividades políticas.
Entre los episodios documentados figura la detención, tortura, asesinato y desaparición forzada de Bertil Prieto, Francisco Luis Tobón, Víctor Manuel Nieto y José Alfredo Ávila, ocurrida el 26 de junio de 1987. La investigación incluyó también el seguimiento y posterior asesinato de José Miller Chacón, dirigente del Partido Comunista Colombiano y de la Unión Patriótica, el 25 de noviembre de 1993.
Otro de los casos identificados corresponde a las vigilancias y amenazas contra Aída Avella, entonces presidenta de la Unión Patriótica. La JEP encontró que esas acciones se intensificaron en 1993 y las relacionó con el contexto de ataques contra la dirigente y su posterior exilio.
El segundo patrón criminal, referido a integrantes de organizaciones guerrilleras, incluyó operaciones que se desarrollaban al margen de controles judiciales. Según la investigación, algunas personas fueron detenidas sin orden judicial, desarmadas y trasladadas a instalaciones militares oficiales o clandestinas, donde eran interrogadas mediante torturas.
La Sala advirtió que la pertenencia real o atribuida a una guerrilla no eliminaba la protección que correspondía a esas personas. Algunas víctimas no participaban directamente en las hostilidades o se encontraban fuera de combate cuando fueron detenidas, torturadas, asesinadas o desaparecidas.
Uno de los casos más representativos de este patrón es el de Nydia Érika Bautista, integrante del M-19. La mujer fue retenida el 30 de agosto de 1987 en Bogotá y trasladada a un lugar clandestino en Soacha, Cundinamarca, donde permaneció durante tres días. Allí fue sometida a torturas y violencia sexual antes de ser asesinada. Su cuerpo fue abandonado en inmediaciones de Guayabetal, también en Cundinamarca.
La investigación también estableció que el encubrimiento habría sido parte del funcionamiento de la estructura. Entre las prácticas identificadas aparecen la ausencia o alteración de registros, la elaboración de montajes para desviar investigaciones, las amenazas contra sobrevivientes y familiares de las víctimas y los hostigamientos a funcionarios de la Procuraduría y defensores de derechos humanos.
A esas acciones se sumaron posibles interferencias en investigaciones penales y decisiones institucionales que habrían favorecido el traslado o la protección de personal comprometido. Para la JEP, esas prácticas contribuyeron a prolongar la impunidad y trasladaron a las familias la responsabilidad de buscar información sobre sus seres queridos.
La Sala señaló que los ocho comparecientes habrían integrado una empresa criminal que operaba mediante un plan común y una distribución de funciones. Las secciones de análisis identificaban y clasificaban a las personas; los jefes de grupo y comandantes dirigían las operaciones, mientras que integrantes de las unidades operativas realizaban vigilancias, detenciones, traslados e interrogatorios.
La responsabilidad atribuida también contempla el papel de los mandos en la disposición de recursos, la transmisión de órdenes y el mantenimiento de la capacidad operativa de la estructura. La investigación busca establecer cómo se articulaban las distintas instancias de inteligencia y qué aportes realizaron los integrantes de la organización en la ejecución de los crímenes.
Además del llamado a reconocer responsabilidad, la JEP impartió órdenes para contribuir a la búsqueda de las personas desaparecidas. Los ocho comparecientes deberán entregar información y un plan detallado que permita orientar las labores de búsqueda, localización, identificación y entrega digna de las víctimas.
La información solicitada incluye datos sobre posibles lugares de inhumación, rutas, unidades militares involucradas y personas que puedan tener conocimiento de los hechos. La Sala busca que los aportes permitan avanzar en las labores forenses y ofrecer respuestas a las familias que llevan décadas esperando conocer el paradero de sus seres queridos.
Esta nueva decisión se suma a la determinación adoptada por la JEP en diciembre de 2025, cuando calificó como genocidio el ataque contra la Unión Patriótica y atribuyó responsabilidad penal a cinco antiguos altos mandos del Ejército. En esa oportunidad, el tribunal renombró el Caso 06 como ‘Genocidio contra el partido político Unión Patriótica’, al concluir que existió una intención deliberada de destruir esa colectividad política.
En aquella decisión fueron imputados el mayor general retirado Iván Ramírez Quintero, el brigadier general retirado Rito Alejo del Río Rojas y los tenientes coroneles retirados Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez. La JEP estimó entonces que el genocidio contra la UP dejó al menos 8.924 víctimas, entre personas asesinadas, desaparecidas y afectadas por atentados, desplazamiento, exilio, tortura, detenciones arbitrarias y otras formas de violencia.
El proceso contra los ocho integrantes de Inteligencia Militar debe entenderse como una actuación judicial en curso y no como una condena definitiva. La Sala les atribuye responsabilidades dentro de los patrones criminales investigados y les solicita pronunciarse sobre los hechos y las conductas identificadas. La determinación de responsabilidades individuales dependerá del desarrollo de las etapas previstas por la justicia transicional.
Si los comparecientes reconocen responsabilidad y aportan verdad plena, la JEP podrá avanzar hacia una audiencia pública de reconocimiento, con participación de las víctimas. En ese escenario, el proceso podría conducir a sanciones propias, que tienen un componente restaurativo y contemplan restricciones efectivas de derechos y libertades, sin que correspondan a una pena ordinaria de prisión.
Si, por el contrario, niegan su responsabilidad o no reconocen los hechos atribuidos, sus casos podrían pasar a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP para continuar por la vía adversarial. En caso de ser encontrados responsables en un juicio, las sanciones podrían llegar hasta 20 años de prisión, de acuerdo con las reglas del sistema.
La decisión representa un nuevo avance en el esclarecimiento de la persecución contra la Unión Patriótica y de las operaciones clandestinas atribuidas a estructuras de inteligencia militar durante el conflicto armado. También vuelve a poner en el centro la responsabilidad de los organismos estatales en graves violaciones de derechos humanos y la necesidad de reconstruir lo ocurrido, identificar a todos los responsables y establecer el destino de las personas desaparecidas.
