La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó al general retirado Mario Montoya Uribe y a otros 11 antiguos integrantes de la Fuerza Pública por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos contra la población civil de la Comuna 13 de Medellín y sectores aledaños. La decisión comprende hechos relacionados con operaciones militares como Mariscal y Orión, así como desapariciones forzadas, homicidios, desplazamientos y torturas ocurridos entre 2001 y 2004.
La imputación fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad dentro del subcaso Antioquia del macrocaso 08, que investiga los crímenes cometidos por integrantes de la Fuerza Pública y otros agentes estatales en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles durante el conflicto armado. La investigación fue liderada por los magistrados Óscar Parra Vera y Gustavo Salazar Arbeláez.
Entre los comparecientes señalados está Montoya, quien comandó la Cuarta Brigada del Ejército en Antioquia entre 2001 y 2006 y posteriormente fue comandante del Ejército Nacional entre 2006 y 2008. Durante su periodo al frente de la brigada se desarrolló la Operación Orión, una de las mayores intervenciones militares y policiales realizadas en un entorno urbano en Colombia.
La JEP identificó 951 hechos victimizantes que afectaron a 891 personas en la Comuna 13 y zonas cercanas. El universo provisional incluye 87 víctimas de desaparición forzada, 80 de homicidio, 289 de desplazamiento forzado, 74 hechos de lesiones personales, 34 de tortura, siete víctimas de violencia sexual y 380 personas afectadas por privaciones graves de la libertad.
La Sala advirtió que algunas personas sufrieron más de una conducta criminal, por lo que las cifras de hechos y víctimas no corresponden a categorías excluyentes. También documentó actos de persecución contra lideresas de la Asociación de Mujeres de las Independencias (AMI), ocurridos entre 2002 y 2004.
La investigación estableció que las violaciones hicieron parte de un patrón macrocriminal articulado alrededor de dos prácticas: la estigmatización de la población civil como supuesta colaboradora de las guerrillas y los acuerdos de no agresión, tolerancia y colaboración entre integrantes de la Fuerza Pública y estructuras paramilitares.
Según la reconstrucción de la JEP, habitantes de la Comuna 13, entre ellos jóvenes, mujeres, comerciantes, estudiantes, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, fueron señalados como integrantes o colaboradores de las Farc, el ELN y los Comandos Armados del Pueblo (CAP). Esos señalamientos habrían facilitado su persecución, captura, desaparición forzada, homicidio y desplazamiento.
La segunda práctica identificada por la Sala se relaciona con presuntas alianzas entre unidades de la Cuarta Brigada, integrantes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y estructuras paramilitares, especialmente el Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandado por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna.
La JEP sostuvo que esas relaciones permitieron la consolidación territorial de los paramilitares en la Comuna 13 y sus alrededores. La expansión habría ocurrido mediante acuerdos explícitos y tácitos con agentes estatales, acciones armadas, control social y la incorporación de bandas locales para eliminar o someter a sus rivales.
Dentro de ese contexto se desarrolló la Operación Orión, que comenzó el 16 de octubre de 2002 y se extendió hasta el día 23. La intervención buscaba recuperar el control territorial de la Comuna 13, donde operaban milicias urbanas de las Farc, el ELN y los CAP. En ella participaron unidades del Ejército y la Policía, durante el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.
La investigación de la JEP encontró que integrantes del Bloque Cacique Nutibara habrían participado en el desarrollo de las operaciones y señalado a habitantes como supuestos colaboradores de las guerrillas. Algunos de esos señalamientos habrían sido utilizados para justificar capturas y otras actuaciones contra civiles, mientras que personas identificadas fueron víctimas de homicidios y desapariciones.
La Sala también examinó las operaciones Mariscal, Otoño, Contrafuego y Metro, desarrolladas entre 2001 y 2003. En total, la investigación reconstruyó 41 operaciones militares y policiales realizadas en la Comuna 13 durante ese periodo, en un contexto de expansión paramilitar y confrontación con las milicias urbanas.
Los homicidios identificados fueron agrupados por la JEP en tres modalidades: ejecuciones cometidas directamente por integrantes de la Fuerza Pública, crímenes perpetrados conjuntamente por agentes estatales y paramilitares, y asesinatos cometidos por estructuras paramilitares bajo acuerdos previos de no persecución o tolerancia por parte de integrantes de las instituciones.
La Sala atribuyó a Montoya responsabilidad como autor por omisión impropia. La imputación se fundamenta en el presunto incumplimiento de sus deberes de mando, control, verificación, investigación y protección, pese a que, por su condición de comandante de la Cuarta Brigada, tenía una posición de garante frente a la población civil y las unidades bajo su responsabilidad.
En términos jurídicos, la imputación no sostiene que Montoya haya ejecutado personalmente cada homicidio, desaparición o tortura. La hipótesis de la JEP es que habría permitido, tolerado o no impedido la comisión de los crímenes, pese a tener obligaciones y capacidad de mando para adoptar medidas destinadas a prevenirlos.
La Sala también examinó la presencia de unidades militares en el territorio, la ubicación de bases de la Cuarta Brigada, la distribución de tropas y las relaciones institucionales que habrían facilitado la actuación de los paramilitares. Según la investigación, la presencia de esas estructuras ilegales era visible y persistente, por lo que los mandos no habrían podido desconocer sus actividades.
Además de Montoya, la JEP imputó por omisión impropia al coronel retirado Bernardo Gutiérrez Camelo, quien fue jefe de inteligencia B-2 de la Cuarta Brigada; al coronel retirado Jairo Bocanegra de la Torre, excomandante del Batallón de Ingenieros número 4; al brigadier general retirado José Leonardo Gallego Castrillón, excomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, y al coronel retirado Álvaro Botero Mejía, antiguo subcomandante operativo de esa institución.
La Sala señaló que estos antiguos mandos habrían incumplido sus obligaciones de prevención y control, permitiendo, tolerando o no impidiendo la comisión de los crímenes. En el caso de Gallego, la imputación se relaciona con su responsabilidad como superior de la Policía Metropolitana durante parte del periodo investigado.
Otros seis comparecientes fueron imputados como coautores por sus aportes a la planeación, ejecución o encubrimiento de los crímenes. Se trata del coronel retirado Juan Armando René Cadena Montenegro, el capitán retirado Carlos Mauricio Rojas Martínez, el coronel retirado Julián Ernesto Cadena Castillo, el coronel retirado Darío Enrique Cortés Castillo, el mayor retirado Sergio Enrique Pérez García y el sargento Dagoberto de Jesús Bermúdez Villa.
La JEP atribuyó a Cortés Castillo un papel relacionado con la política de estigmatización, al señalar que desde su función en la Regional de Inteligencia Militar número 6 habría contribuido a presentar a habitantes y líderes comunitarios como integrantes o colaboradores de las milicias. Los señalamientos contra la población habrían facilitado su identificación como objetivos de persecución.
El mayor retirado Jhon Jairo López Valencia recibió una imputación mixta. La Sala lo señaló como coautor de los homicidios cometidos durante la Operación Contrafuego y como autor por omisión impropia frente a homicidios, lesiones, privaciones de la libertad y desapariciones forzadas relacionadas con las operaciones Mariscal y Orión.
En total, la decisión comprende a ocho antiguos integrantes del Ejército y cuatro de la Policía Nacional. Los 12 comparecientes deberán responder por su presunta participación en el patrón de violencia identificado por la JEP, aunque la modalidad de responsabilidad atribuida a cada uno depende de sus funciones y del papel que habrían desempeñado en los hechos.
La imputación también vuelve a poner en primer plano las desapariciones forzadas de la Comuna 13 y las denuncias de familiares de víctimas que durante años señalaron a La Escombrera como uno de los lugares donde habrían sido ocultados cuerpos. En diciembre de 2024, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas confirmó el hallazgo de restos humanos en ese sector, un resultado que dio nuevo impulso a las exigencias de verdad de las familias.
La investigación de la JEP sobre la Comuna 13 se desarrolla de manera independiente de otros procesos que involucran a Montoya. El general retirado también ha sido investigado por los llamados falsos positivos, es decir, asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas en combate. Esa línea corresponde al macrocaso 03 y no debe confundirse con la imputación por los crímenes de la Comuna 13, que hace parte del macrocaso 08.
Con la imputación, los 12 comparecientes tendrán la oportunidad de reconocer los hechos y su responsabilidad o controvertir las conclusiones de la Sala mediante argumentos y pruebas. La decisión no equivale a una sentencia condenatoria ni establece que las responsabilidades atribuidas hayan quedado definitivamente probadas.
Si reconocen responsabilidad y cumplen las condiciones del sistema transicional, el expediente podrá avanzar hacia el Tribunal para la Paz, que evaluará la imposición de sanciones propias, de carácter restaurativo, orientadas a contribuir a los derechos de las víctimas y a la reparación. Si no reconocen los hechos, el proceso podrá pasar a la Unidad de Investigación y Acusación para el desarrollo de una etapa adversarial.
En ese escenario, si se presenta acusación y posteriormente se establece responsabilidad, los comparecientes podrían recibir sanciones ordinarias de hasta 20 años de prisión, conforme a las reglas de la JEP. La ruta procesal dependerá de las decisiones que adopten los antiguos integrantes de la Fuerza Pública y de las actuaciones posteriores de los órganos de la Jurisdicción.
La decisión representa un nuevo avance en el esclarecimiento judicial de los crímenes cometidos en la Comuna 13 durante los primeros años de la década del 2000. La JEP no solo examina las actuaciones de quienes participaron directamente en las operaciones, sino también las responsabilidades de los mandos que tenían la obligación de controlar a sus subordinados y proteger a la población civil.
Más de dos décadas después de la Operación Orión, las víctimas y sus familias siguen buscando respuestas sobre los homicidios, las desapariciones y los desplazamientos que marcaron a ese sector de Medellín. La imputación contra Montoya y los otros 11 comparecientes abre una nueva etapa para establecer responsabilidades dentro de la Fuerza Pública y esclarecer las presuntas alianzas con estructuras paramilitares.
