La controversia sobre lo que sabía el Gobierno israelí antes del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 acaba de entrar en una nueva fase después de una investigación de Haaretz que asegura que el primer ministro Benjamin Netanyahu recibió personalmente una advertencia sobre una operación de gran escala que estaría preparando Yahya Sinwar, entonces jefe de Hamás en Gaza.
Según la investigación, basada en testimonios y documentos vinculados al libro Hostages: 843 Days of Abandonment, el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, habría hablado por teléfono durante unos 45 minutos con Netanyahu aproximadamente diez días antes del ataque. La advertencia habría señalado directamente a Sinwar y habría alertado sobre una operación capaz de provocar un gran derramamiento de sangre y desestabilizar la región.
El contenido atribuido a esa conversación resulta particularmente sensible porque no se trataría simplemente de una advertencia genérica sobre el aumento de la tensión en Gaza. La versión publicada por Haaretz sostiene que Bin Zayed transmitió información concreta sobre las intenciones de Sinwar y que el dirigente emiratí estaba preocupado incluso por las consecuencias que una ofensiva de ese tipo tendría sobre los Acuerdos de Abraham y la estabilidad regional.
La oficina de Netanyahu ha negado categóricamente que esa conversación haya ocurrido. El primer ministro sostiene que no habló con el presidente emiratí durante el período señalado y que, por tanto, tampoco pudo haber recibido de él la advertencia descrita por Haaretz. Su oficina calificó la información de falsa y anunció acciones legales contra el periódico y los periodistas responsables de la investigación.
La posición de Emiratos tampoco equivale a una confirmación explícita de la llamada. Abu Dabi se ha negado a comentar las especulaciones sobre conversaciones entre dirigentes, aunque su Ministerio de Exteriores señaló que Emiratos e Israel mantienen canales de comunicación directos y que, cuando es necesario, la información de inteligencia relevante es compartida entre ambos países.
La importancia de la revelación, por tanto, está todavía condicionada por una disputa fundamental sobre los hechos: Haaretz sostiene que la llamada existió y que Netanyahu recibió la advertencia; Netanyahu afirma que nunca ocurrió. La cuestión deberá resolverse mediante registros de comunicaciones, testimonios adicionales, documentos oficiales u otras evidencias independientes.
Pero incluso si se dejara temporalmente de lado la llamada con Bin Zayed, la discusión sobre el conocimiento previo de Israel no comenzó en 2026. Desde hace años existen investigaciones que han demostrado que los servicios de seguridad israelíes disponían de información considerable sobre las capacidades y los planes de Hamás.
Uno de los elementos más conocidos es el documento denominado “Jericho Wall”, un plan de Hamás que describía un ataque con características que guardan una semejanza extraordinaria con lo que finalmente ocurrió el 7 de octubre. El documento había circulado entre funcionarios israelíes antes de la masacre, aunque la interpretación predominante fue que Hamás no tenía capacidad o intención de ejecutar un ataque de esa magnitud.
El problema, por tanto, no parece haber sido exclusivamente la ausencia de información. Una parte esencial del fracaso estuvo en la interpretación. Los servicios de inteligencia habían observado entrenamiento, preparación y capacidades de Hamás, pero la hipótesis dominante era que la organización buscaba contener la confrontación y mantener determinadas ventajas políticas y económicas en Gaza.
Esa interpretación produjo una de las fallas de inteligencia más graves de la historia reciente de Israel. La amenaza estaba parcialmente identificada, pero fue considerada improbable. La existencia de un plan no fue traducida en una evaluación correcta de la voluntad de Hamás de ejecutarlo.
La nueva revelación introduce una diferencia potencialmente importante. Si se confirma que Netanyahu recibió personalmente una advertencia diez días antes del ataque, la discusión dejaría de concentrarse exclusivamente en los servicios de inteligencia y alcanzaría directamente al nivel político más alto del Estado israelí.
La pregunta sería entonces mucho más concreta: ¿qué sabía el primer ministro y qué hizo después de conocerlo?
Según la versión publicada por Haaretz, Netanyahu reaccionó con relativa tranquilidad ante la advertencia de Bin Zayed y habría considerado más probable que una eventual amenaza grave procediera de Cisjordania que de Gaza. De acuerdo con esa reconstrucción, la información tampoco habría sido trasladada de manera adecuada a los principales responsables de seguridad.
Si esa reconstrucción fuera confirmada, el problema ya no sería solamente el de una inteligencia que se equivocó. Sería necesario determinar si existió una decisión política de minimizar una advertencia concreta recibida directamente por el jefe de Gobierno.
Ahí aparece una de las preguntas más incómodas para Netanyahu: durante años, el primer ministro ha sostenido que el desastre del 7 de octubre fue consecuencia de fallas de las instituciones de seguridad y de inteligencia. Sus críticos responden que, como jefe del Gobierno, tenía responsabilidad última sobre el sistema de seguridad y que no puede atribuir toda la responsabilidad a quienes estaban debajo de él.
La controversia adquiere todavía más fuerza porque Netanyahu ha rechazado durante años los reclamos para crear una comisión estatal independiente que investigue integralmente las circunstancias que condujeron al ataque. La oposición sostiene que una investigación de esa naturaleza debe establecer la responsabilidad de los organismos de inteligencia, las Fuerzas de Defensa y también del Gobierno.
Gadi Eisenkot, antiguo jefe del Estado Mayor y uno de los principales adversarios políticos de Netanyahu, acusó al primer ministro de haber ignorado numerosas advertencias antes del ataque. Naftali Bennett, también ex primer ministro, ha sostenido que Netanyahu tiene responsabilidad personal por el fracaso que terminó con la muerte de más de un millar de israelíes y la captura de 251 personas.
Las acusaciones son especialmente delicadas porque Israel se encuentra nuevamente en período electoral. Las elecciones nacionales están previstas para el 27 de octubre de 2026 y la responsabilidad política por el 7 de octubre se ha convertido nuevamente en uno de los principales asuntos de la disputa electoral.
Netanyahu, por su parte, sostiene que la nueva información forma parte de una campaña política destinada a perjudicarlo antes de las elecciones. Su decisión de amenazar con una demanda por difamación contra Haaretz eleva todavía más la confrontación entre el primer ministro y el medio que publicó la investigación.
Sin embargo, la controversia no depende únicamente de la existencia o inexistencia de aquella llamada. Incluso si se demostrara que nunca ocurrió, seguirían existiendo preguntas sobre las demás advertencias que llegaron a Israel antes del ataque y sobre las razones por las cuales no fueron convertidas en una respuesta preventiva.
Una de esas preguntas tiene que ver con la información acumulada durante meses y años. Las autoridades israelíes habían identificado ejercicios de Hamás, movimientos de combatientes, preparación para atravesar la frontera y planes relacionados con la captura de rehenes. El desafío era determinar si esas señales constituían entrenamiento rutinario o la preparación concreta de una ofensiva.
El ataque demostró que la interpretación dominante había sido equivocada. Hamás consiguió atravesar la frontera, atacar instalaciones militares y comunidades israelíes y capturar a cientos de personas. La magnitud de la operación expuso una combinación de errores de inteligencia, fallas operativas y deficiencias políticas que todavía no han sido completamente esclarecidas.
Es en este punto donde aparece la controversia sobre el supuesto casus belli. El 7 de octubre proporcionó a Israel una justificación inmediata para declarar una guerra de gran escala contra Hamás y para movilizar a la sociedad israelí detrás de una respuesta militar extraordinaria.
Pero que un acontecimiento haya funcionado como casus belli no demuestra que haya sido permitido deliberadamente para obtenerlo. Esa diferencia es fundamental para evaluar las acusaciones contra Netanyahu.
La hipótesis más extrema sostiene que el Gobierno israelí conocía el ataque, podía impedirlo y decidió permitirlo porque necesitaba una justificación para una guerra contra Hamás. Hasta ahora, no existe evidencia pública suficiente que permita afirmar esa conclusión como un hecho.
Una hipótesis menos extrema, pero igualmente grave, sería que Netanyahu recibió advertencias importantes, decidió no darles el peso necesario y posteriormente utilizó el ataque para justificar una guerra que políticamente favorecía a su Gobierno. Esa posibilidad tampoco está demostrada, pero es una de las preguntas que una investigación independiente tendría que examinar.
Existe incluso una tercera posibilidad: que Netanyahu y otros dirigentes recibieran información que consideraron insuficiente, interpretaran incorrectamente las intenciones de Hamás y cometieran un error de cálculo catastrófico. Esta explicación puede resultar políticamente devastadora sin requerir una conspiración para permitir el ataque.
La diferencia entre estas hipótesis depende de la evidencia sobre las decisiones tomadas en los días previos al 7 de octubre. Sería necesario reconstruir quién recibió cada advertencia, cuándo la recibió, qué evaluación hizo, qué órdenes impartió y qué medidas defensivas fueron consideradas y descartadas.
También resulta necesario establecer si la información que supuestamente llegó a Netanyahu desde Emiratos fue compartida con el Shin Bet, Aman, las Fuerzas de Defensa y otros responsables de la seguridad. Si la advertencia existió y no fue transmitida, la responsabilidad política sería sustancialmente distinta a la de una advertencia que sí llegó a los organismos correspondientes pero fue interpretada de manera equivocada.
La investigación debería examinar igualmente las comunicaciones entre Israel, Egipto y Emiratos durante los días anteriores al ataque. La existencia de advertencias procedentes de diferentes canales sería particularmente relevante porque permitiría establecer si se trató de señales aisladas o de un patrón de información convergente.
Otra cuestión clave es determinar qué sabía Netanyahu sobre Yahya Sinwar. La nueva investigación sostiene que Bin Zayed habría mencionado expresamente al líder de Hamás. Si ese punto pudiera demostrarse, la discusión tendría un nivel de especificidad considerablemente mayor que las advertencias generales sobre una posible escalada.
El contexto político también importa. Antes del 7 de octubre, Netanyahu enfrentaba una profunda crisis interna alrededor de su proyecto de reforma judicial y una sociedad altamente polarizada. El ataque produjo una transformación radical de las prioridades nacionales y colocó la seguridad y la guerra en el centro de la política israelí.
Eso no significa que Netanyahu haya provocado la guerra ni que necesitara necesariamente el ataque para obtener apoyo a una operación militar. Israel ya había realizado numerosas campañas militares contra Hamás antes de 2023. Por eso, la tesis de que el Gobierno necesitaba un casus belli debe ser examinada con cautela y no puede deducirse simplemente del hecho de que la guerra haya fortalecido inicialmente la posición del Gobierno.
Lo que sí resulta indiscutible es que el ataque modificó completamente el escenario político. Netanyahu pasó de enfrentar una intensa crisis interna a dirigir un país movilizado para una guerra que terminaría extendiéndose mucho más allá de Gaza y afectando las relaciones de Israel con Líbano, Irán, Estados Unidos y numerosos países árabes.
La nueva revelación coloca ahora una pregunta adicional sobre esa cadena de acontecimientos: si Netanyahu recibió realmente una advertencia específica diez días antes, ¿por qué el aparato de seguridad israelí no fue alertado de manera proporcional y qué decisiones fueron adoptadas en los días siguientes?
La respuesta tendrá que surgir de documentos y testimonios verificables, no solamente de declaraciones políticas. La negativa de Netanyahu constituye una respuesta relevante, pero también hace más importante determinar si existen registros independientes que permitan confirmar o descartar la llamada con Bin Zayed.
Mientras tanto, la revelación no permite afirmar que Israel supiera exactamente cuándo comenzaría el ataque ni que Netanyahu quisiera que ocurriera. Tampoco permite demostrar que el 7 de octubre fuera deliberadamente tolerado para obtener un casus belli. Lo que sí hace es aumentar la presión para esclarecer si el primer ministro recibió información que pudo haber cambiado las decisiones adoptadas antes del ataque.
La pregunta central, por tanto, ya no es únicamente “¿sabía Israel?”. La evidencia acumulada indica que distintos organismos israelíes disponían de información importante antes del 7 de octubre. La pregunta decisiva es qué sabía Netanyahu personalmente, cuándo lo supo, a quién informó y qué hizo con esa información.
Si la llamada con Mohamed bin Zayed se confirma, la controversia adquirirá una dimensión completamente nueva. Netanyahu tendría que explicar por qué una advertencia directa sobre una posible operación de Hamás no produjo una respuesta de seguridad acorde con su gravedad.
Y si, por el contrario, se demuestra que la llamada nunca existió, todavía quedará pendiente explicar por qué tantas señales previas fueron ignoradas o interpretadas erróneamente. En ambos escenarios permanecerá la misma cuestión histórica: cómo un Estado con uno de los aparatos de inteligencia más sofisticados del mundo no pudo impedir una operación que, al menos en parte, había anticipado sobre el papel.
El verdadero desafío para Netanyahu no es solamente defenderse de una acusación periodística. Es responder a una pregunta que atraviesa todo el debate sobre el 7 de octubre: si la tragedia fue consecuencia de un fracaso catastrófico, de una negligencia política o de decisiones conscientes que todavía no han sido completamente reveladas. Esa diferencia determinará no solo la responsabilidad histórica del primer ministro, sino también la interpretación de la guerra que comenzó después.
