La decisión del presidente José Antonio Kast de no realizar este año un acto oficial por el 53.º aniversario del golpe de Estado de 1973 rompe con una práctica mantenida por los gobiernos chilenos desde el retorno a la democracia en 1990. El cambio no implica la prohibición de homenajes ni la eliminación de la fecha del calendario público, pero sí modifica el papel que tradicionalmente había asumido el Ejecutivo frente a uno de los acontecimientos más traumáticos de la historia reciente del país.
El 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente Salvador Allende, bombardearon La Moneda y establecieron una junta militar encabezada inicialmente por Augusto Pinochet. El régimen que comenzó entonces se prolongó durante 17 años y estuvo acompañado por graves violaciones de derechos humanos. La propia institucionalidad chilena ha incorporado esos hechos a sus políticas de memoria y a la construcción de la democracia posterior.
Por eso la ausencia de Kast no puede entenderse únicamente como una modificación de agenda presidencial. Durante más de tres décadas, incluso los gobiernos de derecha habían considerado necesario algún tipo de pronunciamiento o conmemoración. La diferencia está en que esta vez La Moneda decidió no ocupar ese espacio institucional.
Un antecedente especialmente relevante es Sebastián Piñera. Durante su segundo mandato, el entonces presidente participó en actividades oficiales relacionadas con el aniversario del golpe. En 2018, por ejemplo, asistió a una ceremonia ecuménica y definió el 11 de septiembre como el día del quiebre de la democracia chilena. Al mismo tiempo, reconoció que se trataba de una fecha que continuaba generando interpretaciones diferentes y divisiones.
Piñera no construyó su discurso desde una lectura de izquierda del pasado. Su estrategia consistió más bien en reconocer el quiebre institucional y las violaciones de derechos humanos, pero presentar la memoria como una oportunidad para extraer lecciones y evitar que las divisiones del pasado volvieran a repetirse.
En 2020, Piñera volvió a referirse al golpe. Su declaración reconoció explícitamente que Chile había perdido su democracia el 11 de septiembre de 1973 y que el régimen militar se extendió durante 17 años. El mandatario volvió a insistir en que recordar debía servir para aprender del pasado y orientar el futuro.
Ese antecedente resulta importante porque permite establecer una diferencia con la decisión de Kast. La derecha de Piñera podía cuestionar las interpretaciones de la izquierda sobre las causas del golpe y enfatizar la crisis política que precedió a 1973, pero no retiraba al Estado de la conmemoración.
La diferencia tampoco significa que Piñera y los gobiernos de izquierda hubieran compartido una misma interpretación histórica. La disputa sobre las causas del golpe, el gobierno de Allende, la responsabilidad de los distintos actores y el significado de la dictadura ha continuado formando parte de la política chilena.
Lo que sí existía era un punto de coincidencia institucional: el 11 de septiembre era una fecha suficientemente relevante como para que el Estado la reconociera públicamente. Esa práctica se consolidó durante la democracia y permitió que gobiernos con proyectos políticos diferentes incorporaran la memoria del golpe a sus propias narrativas.
Kast rompe con esa continuidad. El presidente decidió mantener su agenda habitual y no organizar un acto oficial ni emitir un mensaje presidencial específico para la conmemoración. Desde el Gobierno, la explicación fue que el país debe concentrarse en sus problemas actuales y mirar hacia el futuro, sin quedar atrapado en las divisiones del pasado.
La decisión adquiere una dimensión adicional por la propia trayectoria política de Kast. A diferencia de Piñera, el actual mandatario ha sido identificado durante años con posiciones mucho más favorables hacia el legado político de Augusto Pinochet. Además, fue el único presidente chileno elegido en democracia que había votado por la continuidad de Pinochet en el plebiscito de 1988.
Eso hace que la ausencia de una ceremonia tenga una lectura política inevitable, incluso si el Gobierno sostiene que se trata de una decisión orientada a la unidad nacional. El mismo acto administrativo —no organizar una ceremonia— adquiere un significado diferente dependiendo de quién lo toma y de la relación que ese mandatario ha tenido históricamente con el régimen militar.
La Moneda, sin embargo, no ha planteado formalmente una prohibición de recordar el golpe. El Gobierno ha señalado que las personas y organizaciones que quieran conmemorar la fecha pueden hacerlo. La diferencia está en que el Ejecutivo no considera necesario que el presidente encabece una ceremonia oficial.
Ese matiz es fundamental. No se trata de afirmar que Kast haya eliminado la memoria del golpe ni que Chile haya dejado de reconocer jurídicamente la existencia de la dictadura. Se trata de observar un desplazamiento: el Estado deja de colocar la conmemoración en el centro de su agenda presidencial y permite que el espacio sea ocupado principalmente por otros actores.
La respuesta desde la oposición mostró precisamente ese desplazamiento. Gabriel Boric acudió al Cementerio General y participó en el homenaje a Salvador Allende, acompañado por familiares del expresidente y representantes de sectores opositores. Su mensaje buscó defender la memoria como una responsabilidad democrática, incluso en ausencia de una ceremonia organizada por La Moneda.
Boric planteó, además, una idea políticamente significativa: para recordar la historia no necesariamente se necesita una ceremonia oficial. Con ello, la oposición pudo convertir la ausencia del Gobierno en una oportunidad para reivindicar que la memoria también puede mantenerse desde la sociedad, los partidos, las familias y las organizaciones civiles.
El contraste entre Kast y Boric produjo así dos imágenes diferentes del 11 de septiembre. Mientras el presidente en ejercicio decidió no convertir la fecha en un acto de Estado, el expresidente acudió al lugar donde está enterrado Allende para reafirmar públicamente el vínculo entre memoria, democracia y derechos humanos.
La disputa también involucró a sectores de la derecha. La ausencia de una ceremonia fue defendida por dirigentes oficialistas como una forma de evitar nuevas divisiones y actuar como Gobierno de todos los chilenos. La vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, por ejemplo, sostuvo que Kast estaba actuando como presidente de todos los chilenos y cuestionó la idea de que la derecha debiera convertir la fecha en una celebración para la izquierda.
La discusión revela que la memoria del golpe ya no funciona solamente como una división entre izquierda y derecha. También existe una discusión dentro de la derecha sobre hasta dónde debe llegar el reconocimiento institucional del pasado y si la democracia chilena debe mantener determinadas formas de conmemoración como parte de su propio relato fundacional.
La ausencia del acto presidencial tampoco significó una ausencia de memoria en las calles. Durante el 11 de septiembre se realizaron romerías, homenajes, actividades políticas y actos de organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas. La fecha continuó ocupando un lugar importante en el espacio público, aunque el Ejecutivo hubiera decidido reducir su participación.
La jornada estuvo acompañada también por protestas y episodios de violencia. En Santiago se produjeron enfrentamientos con Carabineros, barricadas y otros incidentes, mientras que también hubo movilizaciones en otras ciudades. El balance posterior de las autoridades registró 284 personas detenidas durante las manifestaciones vinculadas al aniversario.
Es importante separar esos episodios de las actividades de memoria. Las protestas violentas constituyeron una parte de la jornada, pero no representan por sí solas el conjunto de las conmemoraciones realizadas en Chile. Hubo también homenajes, actos familiares, actividades culturales y manifestaciones políticas desarrolladas sin enfrentamientos.
Esa distinción adquiere relevancia porque existe el riesgo de que la discusión sobre el pasado termine desplazándose hacia una discusión exclusivamente sobre seguridad y orden público. En ese escenario, el significado histórico del golpe podría quedar subordinado a las imágenes de barricadas, enfrentamientos y detenidos.
La calle, sin embargo, demuestra que la memoria continúa siendo políticamente activa. La decisión de Kast no cerró la discusión sobre 1973; por el contrario, trasladó una parte de ella desde las instituciones hacia la sociedad civil, los partidos y las movilizaciones.
Ahí aparece la dimensión de la llamada “guerra cultural”. El conflicto no consiste necesariamente en que un sector pretenda borrar un acontecimiento histórico y otro quiera conservarlo. También puede expresarse en una disputa por determinar qué hechos reciben reconocimiento institucional, qué palabras se utilizan para describirlos y qué lugar ocupan dentro de la identidad política de una sociedad.
En ese sentido, el cambio producido por Kast es principalmente una modificación de jerarquía simbólica. El golpe sigue existiendo como acontecimiento histórico, la dictadura sigue siendo parte de la historia chilena y las organizaciones continúan teniendo libertad para conmemorar. Lo que cambia es el nivel de protagonismo que el Ejecutivo concede a esa memoria.
Ese tipo de transformación puede parecer menor porque no supone necesariamente una reforma legal. Sin embargo, las políticas de memoria también se construyen mediante ceremonias, discursos, museos, programas educativos, sitios de memoria, investigaciones y decisiones sobre qué acontecimientos merecen una presencia permanente en la agenda estatal.
Por eso el debate chileno tiene implicaciones que van más allá de una ceremonia de septiembre. La pregunta es qué ocurre cuando un Gobierno decide que determinados episodios históricos deben dejar de ocupar un lugar central en la comunicación presidencial y ser trasladados a otros espacios de la sociedad.
El caso resulta todavía más sensible porque el Gobierno de Kast ha realizado otros cambios en la manera de abordar el pasado. Entre ellos se encuentra la reestructuración del Plan Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas durante la dictadura, que ha mantenido su existencia institucional, pero ha experimentado cambios de responsables y de funcionamiento. Esto alimenta la preocupación de organizaciones de derechos humanos sobre el rumbo de las políticas de memoria, aunque no permita afirmar que el Gobierno haya eliminado ese mecanismo.
La diferencia con Piñera, entonces, resulta útil para entender la magnitud del cambio. Piñera también hablaba de mirar hacia adelante y superar las divisiones, pero lo hacía después de reconocer públicamente el golpe como un quiebre democrático. Kast conserva la apelación al futuro, pero acompaña esa idea con una retirada del Ejecutivo de la conmemoración oficial.
La respuesta de Boric y de las organizaciones que salieron a las calles muestra que el espacio dejado por el Estado no permanece vacío. Otros actores pueden ocuparlo y convertir la memoria en una herramienta de disputa política. El resultado puede ser una sociedad donde el Estado conmemore menos, pero donde la confrontación sobre el significado de la historia se vuelva más visible fuera de las instituciones.
El verdadero cambio, por tanto, no está solamente en que Kast no haya pronunciado un discurso el 11 de septiembre. Está en que por primera vez desde el retorno a la democracia un presidente decidió que el Ejecutivo no debía ocupar el lugar central en la conmemoración de la ruptura democrática de 1973. Esa decisión marca una ruptura con una tradición que había sobrevivido incluso a gobiernos de derecha.
Chile enfrenta así una nueva fase de su disputa por la memoria. Kast apuesta por reducir el peso institucional de un pasado que considera necesario superar; Boric y la oposición responden reivindicando la memoria como una condición para la democracia; y las organizaciones sociales mantienen la fecha en las calles. La pregunta que queda abierta es si se trata solamente de un cambio de protocolo presidencial o del comienzo de una transformación más profunda en la manera como el Estado chileno construye y transmite su memoria histórica.
