La instalación del nuevo Congreso quedó precedida por una fuerte controversia entre el representante electo Óscar Benavides y el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de la decisión del organismo de modificar la asignación de una de las dos curules correspondientes a las circunscripciones especiales de comunidades afrodescendientes para la Cámara de Representantes.
La disputa surgió durante la etapa final del escrutinio nacional, cuando el CNE resolvió varias reclamaciones relacionadas con el reparto de las curules afro. Tras revisar el proceso electoral, el organismo determinó adjudicar la segunda curul a Winsner Sandoval, decisión que dejó por fuera al Partido Libre, colectividad a la que pertenece Benavides.
Óscar Benavides reaccionó con dureza frente a esa determinación y aseguró públicamente que al Partido Libre le fue “arrebatada” una curul que, según su interpretación de los resultados electorales, le correspondía legítimamente. El congresista electo calificó la actuación del Consejo como una decisión irregular y anunció que acudirá a la jurisdicción contencioso-administrativa para buscar la nulidad del acto electoral.
Durante una de las audiencias celebradas por el Consejo Nacional Electoral se produjo un fuerte intercambio entre Benavides y los magistrados del organismo. En videos difundidos posteriormente en redes sociales se observa al representante cuestionando el procedimiento seguido por el CNE y expresando su inconformidad con la decisión adoptada.
El congresista también afirmó que detrás del cambio en la asignación de la curul existirían intereses políticos y llegó a mencionar al exsenador Eduardo Pulgar. Sin embargo, hasta el momento esas afirmaciones corresponden a denuncias formuladas por Benavides y no han sido respaldadas por decisiones judiciales o pruebas presentadas públicamente por las autoridades competentes.
Desde la perspectiva del Consejo Nacional Electoral, la actuación hizo parte del procedimiento ordinario de revisión del escrutinio nacional. El organismo sostuvo que su función constitucional consiste precisamente en resolver reclamaciones, verificar los resultados y expedir la declaratoria definitiva de elección una vez concluye el proceso electoral.
El trasfondo jurídico del caso radica en la aplicación de las reglas para distribuir las dos curules reservadas a las comunidades afrodescendientes. La controversia no cuestiona la validez general de las elecciones legislativas, sino la interpretación sobre cuál organización política obtuvo el derecho a ocupar el segundo escaño reservado por la Constitución.
Para Benavides, la decisión desconoció la voluntad expresada por los electores en las urnas y modificó injustificadamente el resultado que, a su juicio, había favorecido al Partido Libre. Por esa razón anunció que utilizará todos los mecanismos legales disponibles para intentar recuperar la representación que considera le corresponde.
Mientras tanto, la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral mantiene plena vigencia. En el ordenamiento jurídico colombiano, los actos electorales producen efectos mientras no sean suspendidos o anulados por la jurisdicción competente, en este caso el Consejo de Estado.
La controversia pone nuevamente en evidencia el papel del Consejo Nacional Electoral como máxima autoridad administrativa en materia de escrutinios y declaratorias de elección. Sus decisiones pueden ser objeto de control judicial, pero conservan fuerza ejecutoria mientras los tribunales no dispongan lo contrario.
El caso también refleja la importancia política de las circunscripciones especiales afrodescendientes, creadas para garantizar la representación de estas comunidades en la Cámara de Representantes. Precisamente por tratarse de solo dos curules, cualquier modificación en la asignación adquiere una relevancia considerable tanto para las organizaciones participantes como para el equilibrio político del Congreso.
En el ámbito jurídico, la discusión probablemente se trasladará ahora a los tribunales. Allí deberá determinarse si el Consejo Nacional Electoral aplicó correctamente las normas sobre escrutinio y asignación de curules o si, como sostiene Benavides, existieron errores que afectaron el resultado final.
De prosperar una eventual demanda, los jueces podrían revisar la legalidad del acto administrativo expedido por el CNE y, si encuentran fundamentos suficientes, modificar la asignación de la curul. En caso contrario, la decisión del Consejo permanecerá en firme y el congresista favorecido conservará el escaño.
Mientras se inicia ese proceso judicial, la confrontación entre Óscar Benavides y el Consejo Nacional Electoral se ha convertido en uno de los primeros conflictos políticos del nuevo Congreso. Más allá de las declaraciones cruzadas, será la jurisdicción contencioso-administrativa la encargada de definir si la asignación de la segunda curul afro se ajustó o no a las reglas del sistema electoral colombiano.
