El Gobierno de Abelardo De la Espriella enfrenta una primera tensión entre su discurso de austeridad y una pieza que, aunque protocolaria, incorpora una elaboración especial y varios elementos asociados directamente con la identidad de la actual Presidencia.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, abrió el 18 de septiembre un estudio de mercado para conocer cuánto costaría fabricar una nueva moneda protocolaria destinada a las actividades oficiales del jefe de Estado.
La invitación contempla inicialmente un mínimo de 100 unidades. La pieza tendría seis centímetros de diámetro, cinco milímetros de grosor, acabado en baño de oro antiguo, relieves, esmaltes y un estuche individual.
Por ahora no existe un contrato adjudicado ni un precio definitivo. La etapa actual corresponde a una solicitud de cotizaciones, por lo que todavía no es posible establecer cuánto dinero terminaría destinando el Estado a esta adquisición.
El Plan Anual de Adquisiciones de la Presidencia contempla, sin embargo, una partida de 14 millones de pesos para monedas protocolarias durante 2026. Esa cifra corresponde a la planeación y no necesariamente al valor final de la compra.
El diseño es el elemento que hace más visible la discusión. En una de sus caras aparece la fachada de la Casa de Nariño, la bandera de Colombia y, en el centro, la cabeza de un tigre en alto relieve.
El animal estaría esmaltado en naranja, negro y blanco, con ojos verde esmeralda. El documento técnico atribuye al tigre los conceptos de fuerza, agilidad y vigilancia.
Debajo de la figura aparecen las iniciales “A.D.L.E.”, correspondientes a Abelardo De la Espriella. A los lados de la composición figuran los años 2026 y 2030, correspondientes al periodo presidencial.
La parte superior incorpora el lema “Honor y lealtad”, mientras que en la inferior aparece la referencia a la Jefatura para la Protección Presidencial.
El reverso profundiza en esa relación con la seguridad del mandatario. Allí están previstas las figuras de un operador de protección táctica con distintivo GOES, un casco espartano y una agente de protección ejecutiva.
La pieza también incluye el nombre de Carlos Andrés Caicedo Páez, jefe para la Protección Presidencial. De acuerdo con la documentación divulgada sobre el proceso, su presencia constituye un elemento particular frente a diseños anteriores.
La moneda no tendría valor comercial ni sería una pieza de circulación. Se trata de un objeto protocolario que la Presidencia utiliza como obsequio para visitantes, autoridades, diplomáticos, invitados especiales y otras personas vinculadas con actividades oficiales.
La existencia de este tipo de objetos, por sí sola, no es nueva. Durante el gobierno de Iván Duque también se adquirieron monedas protocolarias y la administración de Gustavo Petro mantuvo la práctica en los años siguientes.
En 2021, durante el gobierno Duque, aparecen en los registros de contratación dos adquisiciones de monedas protocolarias, una cercana a 42 millones de pesos y otra por 41,9 millones. Una de ellas contempló 1.409 unidades.
La moneda de Duque también incorporaba elementos personales del mandatario. El diseño incluía su nombre y firma, además de la Casa de Nariño, la bandera colombiana y los años correspondientes a su periodo presidencial.
Durante el gobierno Petro se realizaron adquisiciones de este tipo en 2023, 2024 y 2025. En 2023 se contempló un mínimo de 206 unidades por cerca de 9,9 millones de pesos, mientras que en 2024 se compraron 87 por aproximadamente cinco millones.
La comparación muestra que la personalización de las monedas tampoco comenzó con De la Espriella. Duque y Petro incorporaron sus nombres o firmas y elementos asociados con sus respectivas administraciones.
La diferencia de la propuesta actual está en la naturaleza de algunos de sus símbolos. El tigre fue utilizado como elemento de identificación política de De la Espriella y ahora aparece integrado en una pieza oficial de la Presidencia junto con sus iniciales.
Ese tránsito de un símbolo asociado con la identidad política del mandatario hacia un objeto institucional abre una discusión distinta de la estrictamente presupuestal: hasta dónde puede llegar la personalización de los símbolos de la Presidencia sin confundirse con la identidad personal de quien ocupa el cargo.
Pero el principal cuestionamiento económico es otro. El propio De la Espriella ha convertido la austeridad y la reducción del gasto en uno de los ejes de su discurso de gobierno.
El 28 de agosto, durante un consejo de ministros, el presidente afirmó que “cada peso que cuesta el funcionamiento del Estado tiene que estar justificado” y ordenó revisar gastos de funcionamiento, estructuras y contratación pública.
En septiembre, al presentar el presupuesto de 2027, el mandatario aseguró que el Gobierno estaba haciendo un esfuerzo de austeridad cercano a 17,4 billones de pesos, mediante reducciones en transferencias, compras de bienes y servicios y proyectos de inversión considerados no prioritarios.
El Gobierno también ha insistido en que recibió una situación fiscal crítica y que Colombia necesita reducir el gasto público. De la Espriella ha sostenido que cada peso de los colombianos debe tener una justificación y un propósito.
En ese contexto, la moneda protocolaria plantea una pregunta que todavía no puede responderse con una cifra: ¿cómo justifica el Gobierno este tipo de gasto dentro de la política de austeridad que exige reducir erogaciones y concentrar los recursos en las prioridades del Estado?
La pregunta no implica que la moneda constituya por sí misma un despilfarro. El costo aún no se conoce, la cantidad inicial proyectada es relativamente pequeña y este tipo de piezas tiene antecedentes en administraciones anteriores.
El punto de tensión está en que el Gobierno exige revisar incluso gastos y estructuras del Estado mientras mantiene una práctica protocolaria que implica fabricar una pieza con baño dorado, alto relieve, esmaltes, estuche y una iconografía particularmente vinculada con el actual mandatario.
La respuesta dependerá de tres datos que todavía faltan: cuánto costará finalmente cada moneda, cuánto representará la compra total para el presupuesto público y qué justificación administrativa dará la Presidencia para mantener estas piezas dentro de su política de austeridad.
La moneda, por ahora, no demuestra que el Gobierno haya incumplido su compromiso de reducir el gasto. Pero sí ofrece un caso concreto para medir hasta dónde llega la austeridad cuando se trata de gastos protocolarios y, al mismo tiempo, cuánto espacio conserva la Presidencia para construir una identidad propia alrededor de quien ocupa el cargo.
