El anuncio del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de ordenar el derribo del Monumento a la Resistencia, ubicado en Puerto Resistencia, en Cali, abrió una nueva controversia política y jurídica en torno a uno de los símbolos más representativos del estallido social de 2021. La estructura, levantada por organizaciones sociales y habitantes del sector durante las protestas, se ha convertido en un punto de disputa sobre la memoria de aquellos acontecimientos y sobre el papel que debe asumir el Estado frente a este tipo de expresiones colectivas.
Durante la campaña presidencial, De la Espriella aseguró que una de sus primeras decisiones como jefe de Estado sería demoler el monumento. En sus declaraciones lo calificó como un “adefesio” y sostuvo que constituye una exaltación de la denominada Primera Línea, a la que responsabiliza por hechos de violencia, bloqueos y ataques contra la fuerza pública ocurridos durante el paro nacional.
El presidente electo también afirmó que la estructura representa una “oda al terrorismo”, argumentando que el Estado no puede mantener un monumento que, desde su perspectiva, reivindique conductas que considera delictivas. Sus declaraciones se inscriben dentro de una postura más amplia de revisión de las políticas de memoria impulsadas durante el gobierno saliente y de una narrativa que pone el énfasis en los efectos de la violencia registrada durante las manifestaciones.
En contraste, quienes participaron en la construcción del monumento sostienen que la obra no constituye un homenaje a hechos violentos, sino un reconocimiento a las personas que participaron en las movilizaciones sociales y a quienes murieron o resultaron lesionadas durante la respuesta institucional a las protestas. Para organizaciones comunitarias y artistas, el monumento simboliza la resistencia ciudadana y la defensa de derechos fundamentales.
Tras conocerse las declaraciones del presidente electo, líderes comunitarios de Puerto Resistencia respondieron que defenderán la estructura y rechazaron cualquier intento de demolerla. Diversas organizaciones sociales han señalado que el monumento fue construido mediante un proceso comunitario y que su significado trasciende los cambios de gobierno, al representar una memoria construida desde los territorios.
La controversia también tiene una dimensión jurídica. Aunque el presidente electo ha anunciado que ordenará el derribo del monumento en Puerto Resistencia, distintos expertos recuerdan que la estructura se encuentra en espacio público del municipio de Cali y que obtuvo una licencia urbanística expedida por la administración municipal. Por ello, no resulta claro que el Gobierno nacional tenga competencia directa para disponer unilateralmente de su demolición.
En caso de que el Ejecutivo intente avanzar en esa dirección, es probable que se produzcan controversias administrativas y judiciales sobre la distribución de competencias entre la Nación y las autoridades locales. Además, cualquier actuación podría dar lugar a acciones promovidas por organizaciones defensoras del patrimonio cultural, de los derechos humanos o de la memoria histórica.
El debate trasciende el destino físico del monumento. En Colombia, la Constitución reconoce el pluralismo y la libertad de expresión, mientras que la jurisprudencia constitucional ha resaltado la importancia de preservar espacios destinados a la memoria de las víctimas y del conflicto, aunque ello no implica que toda manifestación material adquiera automáticamente una protección jurídica especial. Cada caso depende de su naturaleza, del procedimiento mediante el cual fue erigido y del régimen legal que le resulte aplicable.
La discusión también refleja las profundas diferencias que persisten sobre la interpretación del estallido social de 2021. Para unos sectores, las protestas representaron una movilización ciudadana sin precedentes frente a problemas estructurales del país y estuvieron marcadas por graves violaciones a los derechos humanos. Para otros, estuvieron acompañadas por actos de vandalismo, destrucción de infraestructura y afectaciones económicas que no pueden ser legitimados mediante símbolos públicos.
Puerto Resistencia se convirtió en uno de los principales epicentros de las manifestaciones en Cali y, durante varias semanas, concentró enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública, bloqueos y múltiples denuncias de uso excesivo de la fuerza. Ese contexto explica por qué el monumento concentra una carga simbólica tan intensa y genera interpretaciones profundamente opuestas sobre su significado.
La eventual demolición de la estructura también podría tener efectos sobre las políticas de memoria impulsadas durante los últimos años. Diversos especialistas advierten que las expresiones de memoria no solo cumplen una función conmemorativa, sino que también buscan preservar el debate público sobre hechos traumáticos y facilitar procesos de reconocimiento para las comunidades afectadas.
Al mismo tiempo, los defensores de la iniciativa del presidente electo sostienen que el Estado debe evitar que el espacio público sea utilizado para exaltar organizaciones o actuaciones que consideran responsables de hechos violentos. Desde esa perspectiva, retirar el monumento constituiría una forma de reafirmar el principio de autoridad y de evitar que símbolos asociados con el paro nacional sean interpretados como una legitimación de los disturbios.
El caso ilustra, además, una tensión recurrente en las sociedades que han atravesado episodios de conflictividad social: quién decide qué acontecimientos merecen ser recordados mediante monumentos, cuáles narrativas adquieren reconocimiento oficial y cómo conciliar memorias contrapuestas dentro del espacio público.
Por ahora, el anuncio del presidente electo constituye una promesa política cuya ejecución dependerá de las competencias legales, de las decisiones de las autoridades territoriales y, eventualmente, del control de los jueces. El debate no se limitará a determinar si el monumento permanece o desaparece, sino también a establecer hasta dónde puede intervenir el Gobierno nacional sobre símbolos construidos en el ámbito local.
Así, el futuro del Monumento a la Resistencia se perfila como uno de los primeros escenarios en los que se pondrán a prueba las diferencias entre el nuevo gobierno y los sectores que reivindican el legado del estallido social. Más allá de la estructura de concreto y acero, la discusión refleja una disputa más amplia sobre la memoria colectiva, la interpretación de las protestas de 2021 y el papel del Estado en la construcción de los relatos sobre uno de los episodios más polarizantes de la historia reciente de Colombia.
