Las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) se perfilan como uno de los primeros grandes frentes de controversia del gobierno de Abelardo de la Espriella. Según ha informado El Colombiano, el presidente electo tiene previsto anunciar el próximo 8 de agosto, durante una visita a la Alta Guajira, la derogatoria de los decretos expedidos por el gobierno de Gustavo Petro que permitieron la creación y funcionamiento de estas entidades, una de las reformas más significativas en materia de autonomía indígena desde la Constitución de 1991.
La decisión, de concretarse, abriría un debate que trasciende la política y se instala en el terreno constitucional. El nuevo gobierno sostiene que las ETI fueron implementadas mediante un mecanismo jurídico inadecuado y que una transformación de semejante alcance debía ser desarrollada por el Congreso mediante una ley orgánica y no por decretos del Ejecutivo. Esa sería la principal justificación para dejar sin efectos las normas expedidas durante la administración anterior.
Las organizaciones indígenas, por el contrario, consideran que la medida representaría el desmonte de un avance que tardó más de tres décadas en materializarse. Recuerdan que las ETI no fueron una creación del gobierno Petro, sino un mandato contenido en la Constitución de 1991 que permaneció sin desarrollo efectivo durante 34 años, pese a que sucesivos gobiernos prometieron reglamentarlas.
La Constitución reconoció a los territorios indígenas como una de las entidades territoriales del Estado colombiano junto con departamentos, municipios y distritos. Sin embargo, dejó pendiente la expedición de una ley orgánica que definiera su funcionamiento, competencias y relación con las demás entidades territoriales. Esa ley nunca fue aprobada por el Congreso, convirtiendo a las ETI en una figura constitucional que existía en el papel, pero no en la práctica.
Durante más de tres décadas hubo distintos intentos para desarrollar ese mandato. Ninguno prosperó por la complejidad jurídica del tema, la falta de consensos políticos y las profundas implicaciones que tendría reconocer mayores niveles de autonomía administrativa, fiscal y política a los pueblos indígenas. La discusión siempre implicó redefinir competencias, recursos públicos, ordenamiento territorial y la relación entre el Estado y los pueblos originarios.
Fue el gobierno de Gustavo Petro el que decidió avanzar mediante decretos reglamentarios. En 2025 expidió el Decreto 488, que estableció las bases para el funcionamiento de las ETI, y posteriormente formalizó la creación de 22 entidades territoriales indígenas. Para el Ejecutivo de entonces, la decisión buscaba saldar una deuda histórica derivada de la inacción legislativa durante más de tres décadas.
Precisamente esa implementación es la que ahora pretende revertir el gobierno entrante. Desde su perspectiva, el problema no radica en la existencia de las ETI como figura constitucional, sino en el procedimiento utilizado para ponerlas en funcionamiento. Sus voceros sostienen que un asunto relacionado con la organización territorial del Estado requiere una ley aprobada por el Congreso y no puede quedar sustentado únicamente en decretos presidenciales.
Sin embargo, para los pueblos indígenas la discusión no es solamente jurídica. Las ETI representan un reconocimiento efectivo de su capacidad para administrar recursos, ejercer gobierno propio y participar en la toma de decisiones sobre sus territorios conforme a sus sistemas de autoridad. Por ello, la eventual derogatoria de los decretos es vista como una amenaza directa a la autonomía que apenas comenzaba a consolidarse.
Esa percepción explica por qué las ETI resultan incómodas para algunos sectores políticos. Al fortalecer el autogobierno indígena, también modifican la distribución tradicional del poder territorial. Las nuevas entidades adquieren competencias administrativas y de gestión que históricamente estaban concentradas en alcaldías, gobernaciones o entidades nacionales, lo que inevitablemente genera tensiones sobre la administración de recursos y el alcance de la autoridad estatal.
El debate también tiene una dimensión económica. Buena parte de las ETI se ubican en territorios con una enorme riqueza ambiental, minera y energética. En regiones como la Amazonía, La Guajira o el Pacífico confluyen intereses relacionados con proyectos extractivos, infraestructura y transición energética. Para algunos analistas, fortalecer la autonomía territorial indígena implica otorgar mayor capacidad de incidencia a las comunidades sobre decisiones que afectan esos territorios estratégicos.
Desde la perspectiva del nuevo gobierno, esa mayor autonomía no necesariamente debe desaparecer, pero sí estar respaldada por un desarrollo legislativo que ofrezca mayor seguridad jurídica. No obstante, hasta ahora no se conoce un proyecto de ley que sustituya de manera inmediata los decretos cuya derogatoria ha sido anunciada.
Esa ausencia es precisamente uno de los elementos que alimenta las críticas. Diversos constitucionalistas advierten que, si los decretos son eliminados sin un régimen alternativo, las comunidades podrían quedar nuevamente en el escenario que existió durante más de treinta años: una figura reconocida por la Constitución, pero sin herramientas reales para ejercer las competencias que esa misma Carta les reconoce.
En términos de derechos, ese escenario podría dar lugar a un debate sobre el principio de no regresividad. Aunque tradicionalmente se aplica a derechos económicos y sociales, la Corte Constitucional ha sostenido que los avances en la protección de comunidades indígenas requieren una justificación particularmente sólida cuando el Estado pretende reducir su alcance. Por ello, varios expertos consideran que desmontar las ETI sin ofrecer una alternativa equivalente podría interpretarse como un retroceso en la garantía de los derechos de los pueblos indígenas.
La controversia, por tanto, difícilmente terminará con la expedición de un decreto. Si el nuevo gobierno concreta su intención de dejar sin efectos las normas expedidas por la administración Petro, es previsible que organizaciones indígenas interpongan acciones judiciales y que el asunto llegue al Consejo de Estado y eventualmente a la Corte Constitucional. Allí se definirá no solo la validez de los decretos, sino también el alcance de la autonomía territorial indígena prevista en la Constitución.
Más allá de la discusión jurídica, el caso de las ETI simboliza dos visiones distintas sobre el Estado colombiano. Mientras el gobierno de Petro entendió que debía acelerar el cumplimiento de una promesa constitucional postergada durante 34 años, el gobierno de Abelardo de la Espriella sostiene que ese desarrollo debe hacerse respetando la distribución de competencias entre el Ejecutivo y el Congreso. El resultado de ese pulso definirá no solo el futuro de las Entidades Territoriales Indígenas, sino también el alcance que tendrá el reconocimiento de la diversidad étnica consagrado por la Constitución de 1991.
