Las declaraciones del ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona, sobre los costos de la Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, realizada en Santa Marta en abril de 2026, abrieron un nuevo frente de discusión en torno al manejo de los recursos públicos y a la precisión de la información utilizada en el debate político. El futuro funcionario afirmó que el encuentro representó una “gastadera de plata impresionante” y aseguró que su costo superó los 120.000 millones de pesos.
Sin embargo, la cifra fue controvertida por la información oficial del Ministerio de Ambiente y por reconstrucciones periodísticas elaboradas con base en documentos y declaraciones de las entidades involucradas en la organización del evento. Según esos datos, el costo total de la conferencia habría rondado los 7.000 millones de pesos, una diferencia significativa frente al monto mencionado por Arjona.
La entonces ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, explicó que el Ministerio aportó alrededor de 1.750 millones de pesos a través del Fondo para la Vida, mientras que el resto de los recursos provino principalmente de organismos multilaterales, cooperación internacional y gobiernos extranjeros que financiaron la participación de sus propias delegaciones. De acuerdo con esa versión, el Estado colombiano no asumió la totalidad de los costos del encuentro.
Entre las entidades que respaldaron financieramente la conferencia de Santa Marta estuvieron el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. A ello se sumó el aporte de varios países invitados, que cubrieron gastos como transporte, alojamiento y logística de sus representantes, reduciendo la carga presupuestal para Colombia.
Hasta ahora, Fabio Arjona no ha hecho públicos los documentos o soportes técnicos que sustenten la cifra de 120.000 millones de pesos. Esa ausencia de evidencia ha alimentado el debate sobre la necesidad de que las afirmaciones de los altos funcionarios, especialmente cuando se refieren al gasto público, estén respaldadas por información verificable y permitan un contraste transparente con las cifras oficiales.
No obstante, la controversia no se limita al monto total del evento. Incluso quienes defienden la información oficial reconocen que parte de la financiación provino del Fondo para la Vida, un instrumento creado para financiar acciones relacionadas con la protección ambiental, la adaptación al cambio climático y la transición ecológica. El uso de esos recursos para apoyar la organización de una conferencia internacional ha generado opiniones encontradas.
Quienes respaldan esa decisión sostienen que la conferencia era coherente con los objetivos del Fondo, pues buscaba impulsar compromisos internacionales sobre la transición energética y fortalecer la cooperación climática. Desde esa perspectiva, la realización del encuentro podía entenderse como una inversión en diplomacia ambiental y en el posicionamiento de Colombia como actor relevante en las negociaciones sobre cambio climático.
En contraste, algunos sectores consideran que el Fondo para la Vida debería concentrar sus recursos en proyectos con impacto directo sobre los territorios, como la restauración de ecosistemas, la conservación de la biodiversidad o el apoyo a comunidades vulnerables frente a la crisis climática. Para esos críticos, destinar recursos del fondo a la logística de un evento internacional, aun cuando el aporte estatal fuera minoritario, abre un debate legítimo sobre las prioridades del gasto ambiental.
El episodio deja así dos discusiones distintas. La primera gira en torno a la diferencia entre la cifra presentada por el ministro designado y los datos oficiales disponibles sobre el costo de la conferencia de Santa Marta. La segunda se refiere a la conveniencia de utilizar recursos del Fondo para la Vida en actividades de carácter internacional, un debate de política pública que trasciende este caso y que probablemente continuará cuando el nuevo gobierno defina su estrategia ambiental y el destino de ese instrumento financiero.
