La organización criminal Los Pepes, una de las principales estructuras dedicadas a la extorsión, el microtráfico y el sicariato en Barranquilla y el departamento del Atlántico, manifestó su intención de someterse a la justicia, convirtiéndose en el primer grupo de alto impacto que responde al ultimátum lanzado por el presidente electo Abelardo De La Espriella a las organizaciones armadas ilegales.
El anuncio fue realizado por el propio mandatario electo durante una transmisión pública, en la que aseguró haber recibido una comunicación de Digno José Palomino y Aldair Montenegro, señalados por las autoridades como los principales cabecillas de Los Pepes. Según De La Espriella, ambos expresaron su disposición de acogerse a la legislación vigente sin exigir beneficios extraordinarios ni condiciones especiales.
La respuesta llega apenas días después de que De La Espriella lanzara un ultimátum a los grupos armados y organizaciones criminales del país. El presidente electo les concedió plazo hasta el 7 de agosto para organizar su sometimiento al Estado de Derecho y advirtió que, una vez posesionado, quienes persistieran en actividades criminales enfrentarían una ofensiva integral de la Fuerza Pública. También dejó claro que su administración no negociará concesiones similares a las otorgadas en procesos de paz anteriores.
Tras conocer la comunicación de Los Pepes, De La Espriella respondió que instruirá al ministro de Defensa designado para coordinar el procedimiento y solicitará a la Fiscalía General de la Nación la designación de un fiscal y un equipo de Policía Judicial que conduzcan el proceso conforme a la ley. Además, afirmó que el eventual sometimiento deberá desarrollarse bajo el marco jurídico vigente y no mediante acuerdos políticos.
Los Pepes surgieron como una escisión de Los Costeños, la principal organización criminal del Atlántico liderada por alias “Cástor”. Desde 2022, bajo el mando de Digno José Palomino y con Aldair Montenegro como uno de sus principales jefes operativos, el grupo ha sostenido una violenta disputa por el control de las rentas ilegales en Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia, especialmente alrededor de la extorsión, el microtráfico y el sicariato.
Aunque no existe una cifra oficial sobre su tamaño, distintas estimaciones de inteligencia ubican a Los Pepes entre 150 y 300 integrantes, mientras que Los Costeños tendrían entre 250 y 400 miembros. En conjunto, ambas estructuras han sido señaladas por las autoridades como las principales responsables del aumento de homicidios selectivos y extorsiones en el área metropolitana de Barranquilla durante los últimos años.
Si el sometimiento llegara a concretarse y derivara en la desarticulación efectiva de Los Pepes, el impacto sobre la seguridad regional podría ser significativo. La salida de circulación de una de las dos principales organizaciones criminales del Atlántico podría traducirse en una reducción de los enfrentamientos armados, los asesinatos por disputa territorial y las extorsiones que afectan a comerciantes y transportadores.
Sin embargo, especialistas en seguridad también advierten que el resultado dependerá de la capacidad del Estado para ocupar rápidamente los espacios que deje la organización. La experiencia colombiana muestra que, cuando una estructura criminal desaparece sin un control institucional suficiente, otros grupos suelen intentar apropiarse de sus economías ilegales o incluso absorber a parte de sus antiguos integrantes.
Otro elemento clave será la reacción de Los Costeños. Si la organización liderada por alias “Cástor” decide continuar en la ilegalidad, el equilibrio criminal del Atlántico podría modificarse de forma sustancial. Un sometimiento unilateral de Los Pepes fortalecería temporalmente a su principal rival si el Estado no logra impedir que amplíe su control sobre las rentas ilícitas y los territorios abandonados.
Por ahora, el anuncio representa una primera prueba para la estrategia de seguridad del gobierno entrante. La intención expresada por Los Pepes no equivale a una desmovilización consumada: el sometimiento deberá cumplir los requisitos legales, ser supervisado por la Fiscalía y las autoridades judiciales, e incluir la entrega efectiva de sus integrantes, armas, bienes e información sobre sus actividades delictivas.
Si ese proceso llega a consolidarse, De La Espriella podrá presentar el caso como el primer resultado concreto de su política de mano dura; si fracasa, también será uno de los primeros desafíos para una estrategia que promete reemplazar la negociación política por el sometimiento estricto al Estado de Derecho.
